A PESAR DE SER COSA JUZGADA, ASAMBLEA LEGISLATIVA RETOMA JUICIO POLICO CONTRA GUILLERMO LASSO

Quito.- El pasado 17 de mayo de 2023, el Presidente de la República Guillermo Lasso Mendoza decretó la “Muerte Cruzada” en la Asamblea Legislativa, dando por terminado el juicio político iniciado en su contra y que ahora la nueva legislatura pretende retomarlo este miércoles, a las 16H00, según lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y de conformidad con la Resolución RL-2021-2023-162.

El Presidente de la Asamblea Henry Kronfle Kozhaya, anuncia la convocatoria, la misma que ha sido remitida a los legisladores.

La sesión 872 inició el martes 16 de mayo de 2023. El juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, de ese entonces, fue propuesto por los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo, y contó con el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, por el delito de peculado.

En cumplimiento del artículo 93 de la LOFL, el Pleno de la Asamblea Nacional procesó el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, con la sustentación de las pruebas por parte de los legisladores Viviana Veloz y Esteban Torres, como interpelantes, y la defensa por parte del primer mandatario.

Pruebas

Entre las pruebas presentadas, la legisladora Viviana Veloz subrayó que el informe del examen especial de la Contraloría General del Estado determinó que el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers causó un perjuicio al Estado por más de 6 millones de dólares y que incluso hubo un informe preliminar que determinó presunciones de responsabilidad penal.

Este hecho, según la legisladora, fue advertido y puesto en conocimiento del Presidente de la República y varios ministros de Estado, pese a lo cual el contrato se renovó durante el referido gobierno.

De su lado, Esteban Torres explicó que el Presidente de la República es juzgado políticamente porque incurrió en la conducta del peculado. Reiteró que la Constitución es absolutamente clara al determinar que no es necesario el enjuiciamiento penal previo para iniciar el juicio político, a la vez enfatizó que los gobernantes son responsables por el desempeño de sus funciones o por sus omisiones.

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