Quito.- El Pleno de la Asamblea aprobó, con 109 votos, las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La parte medular del documento desarrolla la definición y elementos de Crimen de Agresión, al igual que el empleo de armas cuyo uso está estrictamente restringido como: emplear veneno o armas envenenadas, gases asfixiantes y balas prohibidas.
El asambleísta ponente fue el legislador Mauricio Zambrano, quien mencionó que el Crimen de Agresión se produce cuando una persona, al estar en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión, entendido este como el uso de la fuerza armada por un Estado, contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.
Durante la ponencia se destacaron algunos actos de agresión como: la invasión, el ataque o bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado al territorio de otro Estado, el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro, la acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado.
La legisladora Esther Cuesta consideró fundamental aprobar las enmiendas. Mencionó la crisis que vive Siria desde 2011, que evidencia, tanto la agresión, el uso de armas que atentan contra el derecho internacional humanitario, ya que los ataques realizados han sido una características del conflicto sirio. La crisis Siria ha generado que más de la mitad de sus habitantes -8 millones- se encuentren fuera de sus hogares y cerca de 13 millones de sirios requieren asistencia humanitaria en su país.
Por la experiencia de Siria -y por la historia de muchos pueblos- es importante aprobar las enmiendas para disuadir el uso ilegal de la fuerza por parte de los estados, principalmente de las grandes potencias mundiales, contribuir a la vigencia del Estado de derecho y la paz, así como perseguir penalmente a los responsables de estos crímenes de agresión para que nunca más se repitan estas prácticas.
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