Quito.(Diario EL UNIVERSO).- Un aumento en la cuota de entrada y una reducción de los plazos de los préstamos para adquirir casas advierten analistas con la vigencia de la nueva Ley de Hipotecas, que fue vetada parcialmente por el Ejecutivo y que está a la espera de la decisión de la Asamblea.
Los porcentajes de ambas condiciones dependerán de las estrategias que adopte cada institución financiera.
Gonzalo Rueda, gerente de la consultora MarketWatch, aseguró que como efectos del aumento de la cuota de entrada se podría generar un eventual alargue de los plazos de la construcción y una disminución de los clientes a los que se dirigirán estos créditos.
Estos son los principales riesgos que representa la vigencia de la Ley de Hipotecas para el sector de la construcción que, según Rueda, ha tenido un gran crecimiento, incluso más alto que la economía nacional en algunos periodos.
De acuerdo con datos de MarketWatch, ante un PIB nacional del 6,5% en el 2011, la construcción creció el 14%, durante ese año.
El 40% del crecimiento del PIB de la construcción corresponde a vivienda y el 60%, a obra pública e infraestructura.
“El crédito es el combustible del sector de la construcción”, destacó Rueda, y específicamente el financiamiento para vivienda se ha mantenido en ascenso casi en todo el periodo 2007-2011.
El monto de créditos hipotecarios colocados en el 2007 se ubicó en $ 699 millones y alcanzó su pico más alto en el 2008, con $ 783 millones. Por efecto de la crisis financiera mundial se registró una colocación más baja en el 2009, con $ 538 millones. En el 2010 y 2011 los montos fueron de $ 688 millones y $ 694 millones, respectivamente, según datos del Biess y la Superintendencia de Bancos.
Jaime Rumbea, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (Apive), señala que al ser el crédito un factor fundamental para el sector, si hay algún nivel de restricción desde la banca se reducirían las posibilidades de acceso a la vivienda en una proporción que aún está en análisis.
Para la definición de estos efectos, el sector inmobiliario mantiene conversaciones con la banca.
En tanto, el veto parcial que el presidente impuso a la ley aún no convence a los banqueros. El Ejecutivo vetó la exigencia de que las instituciones financieras destinen el 5% de su patrimonio técnico a créditos hipotecarios y recomendó que en su lugar la Junta Bancaria (JB) fije un porcentaje anual.
Eso, según fuentes de la banca, puede ser aún más peligroso, porque implica un esquema discrecional.
En un encuentro mantenido el jueves pasado entre gremios del sistema financiero y la JB, los primeros plantearon su preocupación de que el Ejecutivo quiera delegar a la JB la facultad mencionada.
Si bien el sistema financiero se mantiene en que debe eliminarse la obligación de destinar un porcentaje para este tipo de préstamos, las fuentes consultadas dijeron que es preferible que se mantenga un porcentaje por ley antes de que cada año los miembros de la JB decidan a qué bancos aplicar determinado nivel de obligación.
El sector financiero espera que la próxima semana pueda tener respuestas oficiales a su preocupación.
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