Quito.- El juez Felipe Córdova dictó prisión preventiva para Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, y otros 15 personas sospechosas dentro del denominado caso Metástasis, por el presunto delito de delincuencia organizada en la que habrían estado inmersos jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios, funcionarios judiciales y abogados particulares para favorecer judicialmente a Leandro Norero, alias el Patrón, y a sus familiares.
El juez nacional, Felipe Córdova, además acogió el pedido de la fiscal General del Estado, Diana Salazar, a la que otorgó 90 días para la instrucción fiscal en esta causa.
Según la investigación de la Fiscalía, Wilman Terán participó en el entramado de corrupción cuando fue juez de la Corte Nacional de Justicia. El presidente de la Judicatura y los demás procesados deberán cumplir su detención en la Cárcel 4 de Quito.
El magistrado aseguró que la delincuencia organizada, delito del que acusa la Fiscalía a estas personas, no es equiparable con la simple asociación para delinquir y dijo que la Fiscalía, en 16 casos, pudo demostrar que existe un peligro concreto de fuga del imputado.
A Terán se lo investiga por supuesta venta de sentencias cuando era juez de la Corte Nacional, a favor de Leandro ‘El Patrón’ Norero, condenado por narcotráfico.
Además, 31 personas fueron detenidas, entre jueces, fiscales, policías, funcionarios judiciales, un general de Policía en servicio pasivo y el presidente del Consejo de la Judicatura quien –a la fecha de los hechos– se desempeñaba como Juez de la Corte Nacional de Justicia. Todos ellos habrían formado una estructura criminal cuyo objetivo era evadir a la justicia, conseguir impunidad y libertad para personas procesadas o sentenciadas.
Esta investigación se inició tras la muerte de Leandro Norero Tigua, quien fue asesinado en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en octubre de 2022. Las diligencias para determinar las causas de su muerte llevaron a Fiscalía y Policía a analizar el contenido de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron chats que daban cuenta de las relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia y de algunos de sus operadores.
Sobre esa base –y de otros elementos de convicción– se determinó que los ahora procesados habrían coordinado estas acciones para conseguir beneficios en procesos judiciales, ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, devolución de bienes muebles e inmuebles, entre otros.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, presentó alrededor de cuarenta elementos de convicción, entre los que constan informes técnicos periciales de audio, video y afines, en los que se detalla la materialización de la información de los dispositivos celulares analizados, el informe investigativo que contiene miles de hojas con los mensajes de Leandro Norero Tigua que demostrarían sus vínculos con los ahora procesados.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal General presentó –durante seis horas, aproximadamente–todos los elementos de convicción recabados y leyó los mensajes con los que formularon cargos contra los treinta y un imputados.
Orden de prisión preventiva
Luego de veintisiete horas de audiencia (contando con los recesos), el juez nacional Felipe Córdova comunicó su resolución. Dictó prisión preventiva para 16 procesados:
Helive A. (planificaba y direccionaba sobornos a funcionarios judiciales),
Alexander N. (coordinaba red de influencias),
Álex P. (subcoordinador jurídico de Corte Nacional de Justicia),
Adolfo G. (juez),
Mayra S. (funcionaria judicial),
Santiago Z. (juez), José Luis S. (juez),
Sofía G. (abogada),
Emerson C. (juez),
María José A. (agente fiscal),
Héctor P. (agente investigador Dilat),
Gabriel G. (policía),
Christian S. (secretario de juez),
Lenin M. (coronel de Policía),
César A. (abogado); y,
Wilman T. (exjuez nacional y actual presidente del Consejo de la Judicatura).
También dictó arresto domiciliario para
Ronald G. (juez), por ser adulto mayor y medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas cada quince días para los otros catorce involucrados:
Pablo R. (general de Policía en servicio pasivo),
Braulio M. (recadero de Leandro Norero),
Johan M. (juez),
Glenda O.(jueza),
Ángel L. (juez),
Jhon C. (agente fiscal),
Eddin I. (policía),
Christian Ch. (agente investigador DILAT),
Ángel L. (agente Dinased),
Armando R. (mayor de Policía),
Kevin P. (abogado),
Armando F. (abogado),
Daniela B. (funcionaria CRS Cotopaxi); y,
Dany M. (guía penitenciario).
Pese al pedido de Fiscalía, el Juez negó la retención de cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones y la prohibición de enajenar bienes a escala nacional. Los hombres estarán recluidos en la Cárcel 4 de Quito. Córdova también dictó arresto domiciliario para Ronald G. (adulto mayor) y para el resto de detenidos, el juez dictó medidas alternativas como la prohibición de salida del país y presentación periódica en la Corte de Justicia de cada provincia, entre ellos, el general de Policía en servicio pasivo Pablo Ramírez, exdirector del SNAI.
La instrucción fiscal durará noventa días.