Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La Asamblea Legislativa ha dado un paso significativo con la aprobación de la Ley de Vivienda de Interés Social y la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, normativas que prometen transformar el panorama urbanístico y social del país. Sin embargo, estas decisiones no han estado exentas de controversia, especialmente en lo que respecta a la autonomía de los municipios y la gestión del suelo.
Pablo Sanmartín Rodríguez, director de Expresión Politika, ha señalado que la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, aprobada con 80 votos afirmativos, busca fortalecer la planificación urbana y dotar de herramientas técnicas a los gobiernos locales. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial asumirá la direccionalidad en materia de uso de suelo, lo que implica un cambio en la gestión y evaluación de terrenos a nivel nacional.
Modernización del Catastro y Planificación Urbana
Uno de los pilares de la nueva legislación es la modernización del catastro. Se incorporan disposiciones para estructurar un sistema integrado de información territorial, lo que se espera que sea un pilar para la asistencia técnica en municipios con menores capacidades operativas, garantizando un desarrollo equitativo. Esto implicará cambios en las ordenanzas municipales, que deberán adaptarse o crear nuevas normativas.
En el Cantón Loja, se ha destacado la necesidad de una evaluación por parte de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial al departamento de planificación municipal, especialmente en parroquias como Malacatos y Vilcabamba, donde se observa un «desorden de expansión urbanística». La normativa refuerza la obligatoriedad de planes parciales para un crecimiento ordenado y regula la responsabilidad técnica en consultorías y procesos de construcción.
Vivienda de Interés Social: Ampliación de Beneficiarios y Mecanismos
La asambleísta Valentina Centeno, en la sesión realizada en Machala, detalló los cambios clave en el proyecto de Ley de Vivienda de Interés Social. Inicialmente, el proyecto estaba dirigido a familias del segmento uno, que requieren viviendas 100% subsidiadas por el Estado. Sin embargo, la ley se ha fortalecido para incluir también a familias del segmento dos, que necesitan un subsidio parcial y pueden complementar el financiamiento a través de créditos.
Un aspecto innovador es la posibilidad de construir viviendas en terrenos del Estado, terrenos donados al Estado y, por primera vez, en terrenos propios de los beneficiarios. Esto significa que familias con la propiedad de su lote, pero con casas en condiciones inhabitables, podrán recibir una donación de vivienda 100% gratuita en su propio terreno. Se establecerá un convenio entre el Ministerio de Infraestructura y Transporte y el donante, con mecanismos formales de entrega y control.
La ley también se complementa con otras acciones del Gobierno Nacional, como conjuntos habitacionales 100% gratuitos y créditos con tasas de interés preferenciales (Credicasa al 2.99% y Crédito Miti Miti al 4.99%). Además, se busca incentivar la participación de la empresa privada a través de incentivos tributarios para la donación de vivienda social, con el objetivo de generar empleo y dinamizar la economía.
Desafíos y Oportunidades para Loja
La nueva legislación plantea interrogantes sobre el impuesto predial y las contribuciones especiales de mejoras para las viviendas de interés social, lo que podría generar un «razonamiento jurídico de protección«.
Pablo Sanmartín Rodríguez sugiere que el impuesto predial podría sufrir modificaciones, no siendo visualizado anualmente sino cada diez años.
Recalca que la proyección de la expansión urbana en Loja es un tema central. Se anticipa que la ciudad podría extenderse hasta la parroquia de Jimbilla, lo que requerirá una planificación de infraestructura vial y subterránea. La modernización del catastro y la asistencia técnica a los municipios serán cruciales para un desarrollo ordenado.
En resumen, la aprobación de estas leyes marca un hito en la política de vivienda y ordenamiento territorial de Ecuador, con el potencial de transformar la vida de miles de familias y redefinir la relación entre el gobierno central y los municipios en la gestión del desarrollo urbano.
