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CNE APRUEBA CALENDARIO Y DECLARA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES GENERALES 2025

Quito.- El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, este 9 de febrero, el calendario electoral y declaró el inicio del proceso electoral de las Elecciones Generales 2025.

Según el calendario electoral, los ecuatorianos sufragarán el domingo 9 de febrero de 2025, en primera vuelta; y, en caso de existir segunda vuelta, la votación será el domingo 13 de abril.

En este proceso democrático se deberá elegir presidente/a y vicepresidente/a de la República del Ecuador, asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos.

En cumplimiento a lo establecido en la Constitución, las autoridades electas se posesionarán en mayo de 2025 y ejercerán funciones durante los próximos 4 años.

 

FISCALÍA CRITICA REFORMAS A LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO QUE APROBÓ LA ASAMBLEA

Quito.- Luego de conocer sobre la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, la Fiscalía General del Estado manifiesta su preocupación debido a que no se han acogido las observaciones presentadas por la Fiscal General ante la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, especialmente en lo que respecta a mantener los tiempos de trámite de investigación y procesos de extinción de dominio así como la dependencia (innecesaria) de contar con una sentencia condenatoria a ejecutoriada.

La institución considera que la reducción del tiempo de tramitación, lejos de abonar a una efectiva recuperación de capitales ilícitos, su accionar al restringir el proceso a pedidos que, por la misma naturaleza de esta acción, requieren ser más amplios, dice el comunicado.

Pese a estas limitaciones, a la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la sociedad ecuatoriana de seguir luchando contra la corrupción y el crimen organizado, lo que incluye -sin lugar a dudas- la persecución de bienes de origen o fin ilícito, haciendo uso de las herramientas constitucionales y legales correspondientes para impedir que las organizaciones criminales adquieren mayor poder económico

La Fiscal General del Estado, Diana Salazar Mendoza, el pasado 26 de enero de 2024, compareció ante la Comisión de Régimen Económico que trató el proyecto de ley de Extinción de Dominio.

Ese día, entre otras cosas, la funcionaria explicó que el requisito de contar con una sentencia penal ejecutoriada, para proceder con la extinción de dominio de bienes obtenidos gracias a actividades ilícitas, era una «suerte de camisa de fuerza que es aprovechada por delincuentes».

Según dijo, los procesados que al saber que son investigados se dan a la fuga, no pueden ser juzgados en ausencia y los bienes permanecen con ellos. Salazar también explicó a los legisladores que no era factible reducir los tiempos para las investigaciones patrimoniales.

En reforma se habla de tres meses para realizar este tipo de investigaciones, pero Salazar advirtió en enero que en este tipo de investigaciones la ubicación de los bienes en el país demora hasta 12 meses.

Mientras que para localizar los bienes consignados en el exterior se requiere más tiempo, puesto que se necesita solicitar asistencias penales internacionales que pueden tardar años.

Lo que dice la reforma

El Legislativo aprobó que la extinción del bien será declarada tras sentencia motivada de juez competente. El proceso estará sujeto al derecho al debido proceso de las partes procesales.

Pero la reforma establece tres excepciones:

 Cuando los bienes objeto de extinción de dominio sean de propiedad de uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.

 Cuando se trate de bienes o activos injustificados.

 Cuando se trate de delitos flagrantes, respecto de los bienes o activos, cuya titularidad se encuentren en propiedad de uno o varios de los miembros de los grupos señalados.

 

ASAMBLEA APRUEBA REFORMAS A LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Quito.- Por unanimidad, con 129 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, calificado como urgente en materia económica.

El presidente del Parlamento, Henry Kronfle destacó la aprobación de esta ley, la número 12 en la actual administración, que contribuye a la lucha contra la corrupción. Felicitó a los legisladores por su compromiso en el trabajo legislativo en beneficio del país.

En comisión general, Alicia Contero, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, precisó que la extinción de dominio nació porque el derecho penal no es suficiente para enfrentar determinados delitos. Recordó que 12 países de la región tienen leyes sobre la extinción de dominio, en 11 de ellos se reconoce la independencia, “sin atar a la existencia de una sentencia previa”, resaltó.

La legisladora Nathaly Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, manifestó que hoy es la oportunidad para aprobar una ley para luchar contra el crimen organizado y la corrupción. En cuanto al impacto recordó que existen USD 110.6 millones por concepto de retención de bienes; existirá un ahorro en la contratación pública por USD 32 millones; y, la recuperación de USD 170 millones, equivalente al 10 % de la riqueza de la actividad ilícita.

Añadió que para el segundo debate se fortaleció la figura de extinción de dominio, se resaltó el principio de buena fe, se ratificó la naturaleza de carácter real de la medida, se incorporaron excepciones que no requieren de una sentencia previa para la extinción de dominio, entre otros avances.

En el debate, el legislador Otto Vera señaló que esta normativa permitirá debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, respetando los derechos humanos. Cristhian Vega mencionó que, además del combate contra la corrupción, hay que resaltar el destino de los recursos luego de la monetización de activos. Manuel Bohórquez consideró que la normativa constituye una herramienta contra la corrupción.

Por su parte, Juan Pablo Molina resaltó el compromiso para el fortalecimiento de la democracia, porque la corrupción ha debilitado los cimientos, desgastando la confianza en las instituciones. Marcelo Achi respaldó la propuesta de ley para acorralar económicamente a las estructuras delictivas.

Viviana Veloz recordó los aportes para el proyecto de ley que permitirá la recuperación de activos, atacar a la corrupción, cooperación internacional, debilitar al crimen organizado y prevención de lavado de activos. Diego Matovelle subrayó que el Ecuador espera respuestas y soluciones, por lo tanto, esta normativa será efectiva para enfrentar al crimen organizado. Fernando Jaramillo reflexionó sobre los casos de “narcopolítica” y la actuación de la justicia.

Jorge Peñafiel explicó que esta ley dinamizará el proceso de comiso de bienes, a fin de que los patrimonios ilícitos no enriquezcan más a los corruptos y delincuentes. Steven Ordóñez respaldó el articulado respecto a la distribución de los recursos de la monetización de activos, que también se destinarán al desarrollo fronterizo.

En la misma línea de apoyo a la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de extinción de dominio de bienes y activos, producto de actividades ilícitas, se pronunciaron los legisladores Cecilia Baltazar, Jorge Acaiturri, Nataly Morillo, Lucio Gutiérrez y Patricio Cisneros.

 

JOSÉ SUING, «VAMOS A SACAR A FLOTE LA CNJ, VAMOS A PONERLA EN EL LUGAR, DONDE NUNCA DEBIÓ BAJAR”

Quito.- El Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en sesión extraordinaria, por unanimidad nombró como presidente (e) de este Alto Tribunal al doctor José Suing Nagua y como presidenta subrogante (e) a la doctora Enma Tapia Rivera.

“Vamos a sacar a flote la Corte Nacional de Justicia, vamos a ponerla en el lugar, donde nunca debió bajar, en el más alto sitial de lo que es la administración de justicia ordinaria de este país” manifestó el Presidente (e) Dr. José Suing Nagua.

Reconoció que su encargo llega en un momento complejo, luego de salir de un «túnel oscuro que pretendía iba a prolongarse», por la falta de acuerdos para elegir al nuevo presidente de la CNJ.

El presidente encargado reconoció que parte de encontrar una solución al entrampamiento de la elección del presidente se logró por la renuncia de Iván Saquicela, quien pretendía prorrogarse en funciones, algo que no fue reconocido por el Consejo de la Judicatura.

Eso puso a la Corte de Nacional de Justicia en acefalía, y los magistrados estaban contra el tiempo para designar a su nuevo presidente.

“Si no arrimamos el hombro, difícilmente vamos a salir adelante” sostuvo el Dr. José Suing Nagua.

Y este 7 de febrero, los jueces de la Corte arrancaron con una reunión ‘informal’, con el fin de buscar los mecanismos que les permitan elegir al reemplazo de Saquicela.

Tras la reunión privada, decidieron que José Suing Nagua sería el presidente encargado de la Corte, y la presidenta subrogante sería Enma Tapia Rivera. Pocos minutos después de la reunión, la jueza Tapia felicitó a Suing por su designación.

Cerca de las 13H00 del miércoles, la sesión informal se convirtió en oficial y se mocionó el nombre de José Suig para dirigir la Corte Nacional de Justicia, lo cual fue aprobado.

Suig estará en funciones hasta que la Judicatura designe jueces titulares que puedan elegir presidente. La propia Judicatura también felicitó a Suing y a su subrogante, la jueza Enma Tapia Rivera.

 

ASAMBLEA NACIONAL APROBÓ LA RATIFICACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ECUADOR Y CHINA

Quito.- Fomentar la expansión y diversificación del comercio entre Ecuador y China, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías es el objeto del Tratado de Libre Comercio (TLC) que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 76 votos afirmativos.

De acuerdo con el informe elaborado en la Comisión de Relaciones Internacionales, el TLC con China está diseñado para impulsar el crecimiento económico y promover inversiones en ambos países, lo cual puede conducir a la generación de empleo y al desarrollo de nuevas industrias y sectores.

Asimismo, se puede acceder a un mercado más amplio, reduce costos y mejora la competitividad y productividad.

En el debate, el presidente del Parlamento, Henry Kronfle Kozhaya resaltó que en el convenio constan más de 800 exclusiones negociadas para proteger la industria local; se prevé que el 71 % de las exportaciones corresponderán a las Mipymes, organizaciones de la economía popular y solidaria, y artesanos; además se generarán más de 50 mil empleos directos.

Sobre el tema ambiental, subrayó que el TLC respeta todas las condiciones y convenios nacionales e internacionales en materia ambiental y de soberanía del país. “Es un tema altamente técnico que potencia el crecimiento productivo del país”, agregó.

46 legisladores intervinieron en el debate para expresar la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo del país, la protección de los sectores económicos más débiles; y, el respeto al medio ambiente y a los derechos de los trabajadores, para lo cual el Estado debe implementar regulación y controles oportunos que eviten que el Tratado afecte al crecimiento del Ecuador.

Comisión general

El Pleno del Legislativo escuchó a Jairo Tipán, presidente de la Asociación APPYCAMS; Ramiro Apolo, presidente de la Federación de Productores Agropecuarios del Ecuador; y, Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, quienes expresaron su apoyo al tratado y señalaron que los acuerdos comerciales han sido una herramienta histórica para mejorar las condiciones comerciales y las relaciones entre los países.

También, invitaron al Gobierno a impulsar más acuerdos entre naciones para diversificar los mercados, confiando en la capacidad y calidad productiva que tiene el Ecuador.

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA INICIA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONJUECES TEMPORALES PARA LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Quito.- El Pleno del Consejo de la Judicatura expidió e inició el Procedimiento de Selección de Conjueces Temporales para cubrir las necesidades de la Corte Nacional de Justicia. La decisión se tomó el 07 de febrero de 2024, con el voto unánime de los Vocales Fausto Murillo Fierro, Yolanda Yupangui Carrillo y del Presidente, Álvaro Román Márquez.

El documento define los parámetros que se aplicarán para este proceso de selección, mismo que se desarrollará dentro de un cronograma que inicia el 08 y concluye el 28 de febrero de 2024.

El procedimiento consta de cuatro etapas:

1. Publicación de la convocatoria

2. Postulación en la plataforma tecnológica, página web del Consejo de la Judicatura

3. Selección; revisión de requisitos, calificación y recalificación de méritos

4. Designación e informe final

Entre los requisitos para la selección, se establece que los aspirantes deberán acreditar, al menos, 10 años como jueces en cualquier nivel de la Carrera Judicial Jurisdiccional, así como su formación académica y profesional.

Con esta decisión, el Consejo de la Judicatura busca garantizar un adecuado acceso a la justicia, transparencia e idoneidad en la selección de aquellos profesionales que, de manera temporal, administrarán justicia en la más alta Corte del país.

 

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