Quito.- (Diario LA HORA).- El superintendente de Bancos, Pedro Solines, presentó ayer un revelador informe, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, sobre el trabajo del Banco Cofiec y sobre la entrega de créditos, en el que se incluye el del argentino Gastón Duzac. Este examen fue elaborado en base a los datos entre marzo de 2011 y junio de 2012.

Solines confirmó que existió una serie de irregularidades e incumplimientos, además del manejo “discrecional” tanto en depósitos como en los créditos que otorgó la entidad bancaria.

De acuerdo con el informe, 17 de los 393 préstamos otorgados por el Banco registrarían algún tipo de problemas. La información, según Solines, fue “seleccionada aleatoriamente” y confirmó que entre estas está el crédito otorgado a Duzac.

Entre las observaciones que hizo el principal de la Superintendencia están: la falta de un plan estratégico, que no hay debida organización dentro de la institución y que han fallado casi todos los procedimientos.

Hasta julio de 2012, Cofiec registró una cartera de crédito de 20 millones de dólares. De estos, el 30%, es decir, 6 millones, se encuentran perdidos y otro 30% está judicializado.

Solines aclaró que se encontró documentación incompleta dentro de los informes de crédito, se detectaron sobregiros y avalúos desactualizados. A esto se suma que los expedientes crediticios no están actualizados desde 2010 y 2011.

Además, que en el Banco, el directorio y los administradores han incumplido reiteradamente políticas de la propia institución, normativas de la junta bancaria, de la Superintendencia y otras leyes. Y que hubo irregularidades en un depósito hecho por la Embajada de Irán.

Arremetida

No debió otorgarse crédito a Duzac. Esa fue la conclusión de Solines.
El asambleísta Galo Lara (PSP) opinó que el Superintendente “acaba de destapar la cloaca del banco Cofiec”.

Además, según algunos documentos que mostró ayer el asambleísta Andrés Páez, el argentino Pedro Elosegui, quien fue compañero del presidente, Rafael Correa en la Universidad de Illinois, mantendría un “sobregiro de 5.536,99 dólares” con Cofiec.

Pero el sobregiro, según Páez, no es lo “extraño”, sino el hecho de que Elosegui abrió una cuenta “precisamente” en esta institución financiera y no en otra. Lo que para el legislador demostraría que Elosegui estaría de alguna forma “vinculado con las operaciones del Cofiec”.

“¿A quien se le ocurre abrir una cuenta en Cofiec?, en un banco administrado por el Estado…”, refutó.

Más nombres

°   El legislador Andrés Páez mostró un supuesto correo electrónico enviado por Antonio Buñay, expresidente ejecutivo de Cofiec, a Pedro Delgado, presidente del Banco Central, con copia a Diana Macancela, representante de Seguros Rocafuerte en el directorio de Cofiec, en el que se señala: “Pedro, te adjunto archivos que recogen una consulta al Procurador a fin de evitar el tema de vinculación de las empresas incautadas. La SIB (Súperintendencia de Bancos) está mirando bien de cerca este tema y no nos permite incrementar riesgos con las empresas donde el Fideicomiso consta como accionista. La consulta está planteada de tal forma que su respuesta, esperamos, se materialice con la no vinculación”.

Según Páez, el correo enviado por Buñay, “demuestra”, que también él habría estado vinculado en los hechos junto al presidente del Directorio del Banco Central Pedro Delgado.

20  millones es la cartera de crédito del Banco.

6 millones están perdidos.

6  millones están judicializados.

17 créditos tienen serias irregularidades.

Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó ayer el reglamento para la inscripción y calificación de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, asambleísta y Parlamento Andino, dignidades que se elegirán el 17 de febrero del 2013.

Luego de varias semanas de análisis y postergaciones, el documento quedó listo para su publicación en el Registro Oficial, con 15 artículos y cuatro disposiciones.

El pleno del CNE incorporó seis restricciones complementarias o alcances al Código de la Democracia, que ya establece ocho prohibiciones para ser aspirantes a esos cargos.

El Código señala que no podrán ser candidatos de elección popular quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado o hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado; entre otros motivos.

El organismo agregó dos alcances en este particular: “quienes tengan sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad mientras esta subsista”; y “quienes tengan interdicción judicial mientras esta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta”.

El diccionario jurídico define la palabra ‘interdicción’ como prohibición, vedamiento o incapacidad civil; o el estado de la persona a quien judicialmente se ha declarado incapaz, privándola de ciertos derechos.

Uno de los candidatos a la Presidencia es Álvaro Noboa, por el Prian, quien mantiene un litigio civil con el Servicio de Rentas Internas (SRI) por el cobro de tributos.

El jurista Gonzalo Silva calificó el reglamento de contradictorio con el artículo 76, numeral dos de la Constitución, respecto a los derechos de las personas sobre la presunción de inocencia, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.

Y enfatizó que ninguna normativa secundaria puede ir en contra de la Constitución y que la insolvencia solo puede ser declarada por un juez.

La consejera Roxana Silva indicó que en este momento el CNE no puede adelantar un criterio sobre la inscripción de la candidatura de Noboa. “Eso lo tienen que decir las autoridades competentes, nosotros no podemos decir que el señor x, y o z es declarado insolvente”.

El subdirector del Prian, Wilson Sánchez, evitó pronunciarse sobre el alcance del reglamento de inscripción de candidaturas. No obstante, señaló que el tema será analizado por los abogados del partido.

El Código señala en la actualidad que no podrán ser candidatos quienes adeuden pensiones alimenticias, sean jueces (as) de la Función Judicial, Tribunal Contencioso Electoral o Corte Constitucional; o sean del CNE. Tampoco los servidores públicos de libre remoción y los de periodo fijo; los que hayan ejercido autoridad ejecutiva en un gobierno de facto; o los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía.

En el reglamento, el Consejo Nacional Electoral añadió a quienes han sido sancionados con la suspensión de los derechos políticos o de participación, “mientras esta subsista”; a afiliados a partidos o movimientos políticos diferentes al que auspicia su candidatura, “a menos que hubiesen renunciado con 90 días de anticipación a la fecha del cierre del periodo de inscripción de candidaturas o cuenten con la autorización expresa de la organización política a la que pertenecen”.

Finalmente, a las autoridades de elección popular titulares y suplentes que se postulen para un cargo diferente, salvo que hayan renunciado antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura.

Motivos para: Rechazar candidaturas
Cuando las candidaturas no provengan de procesos electorales internos o elecciones primarias previstas en el Código de la Democracia.

Si las listas no mantienen de forma estricta la equidad, paridad, alternabilidad y secuencia de género.

Presentación de listas incompletas de candidatos principales y suplentes.

No presentación del plan de trabajo.

Incumplimiento de los requisitos de edad (para ser presidente o vicepresidente de la República el mínimo es de 35 años; para asambleísta y otras dignidades seccionales, 18 años).

Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- El préstamo de $ 800.000 que se le entregó al argentino Gastón Duzac en diciembre pasado, para que invirtiera en la empresa denominada Scanbuy, sirvió para adquirir acciones de dicha empresa valuadas en apenas $ 500, según un informe del Comité de Cumplimiento de Cofiec (banco en manos de la Unidad de Gestión de Derecho Público, representada por Pedro Delgado).

Los miembros del directorio conocieron de las presuntas irregularidades pero generaron una “red de protección” a favor de Duzac que impidió que se denunciara esta operación como inusual e injustificada a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pese a la recomendación del oficial de cumplimiento, Gustavo Becerra, y otras observaciones de mandos medios, según lo denunciaron ayer los asambleístas Betty Amores (Ruptura), César Montúfar (Concertación) y Pedro Páez (ID). Los tres entregaron documentos sobre el tema.

Amores consideró “increíble el grado de cinismo del señor Pedro Delgado”, quien el lunes presentó una demanda penal contra Duzac, Scanbuy y “todas las personas que hayan tenido relación con el otorgamiento de dicho préstamo”. Según ella, el directorio actuó bajo la orden y presión de Delgado.

Montúfar, asimismo, advirtió que el tema debe romperse no por los más débiles sino por el lado “más Delgado” (haciendo alusión al primo del presidente Rafael Correa).

En un primer informe de la reunión del Comité de Cumplimiento (13 de enero del 2012), presidido por Antonio Buñay, el oficial Becerra informó que el crédito se fue a cuentas de Duzac en Suiza y EE.UU.

Y advirtió que no se entregaron documentos que oficialicen la apertura de la cuenta y la entrega del crédito.

En los informes mostrados por los legisladores consta que Jackeline Jiménez, gerenta de Riesgo de la institución, reconoció que “el problema se suscitó en razón del otorgamiento del crédito, inclumpliendo con el Manual de Crédito”.

A esto, en esa misma cita, Buñay respondió que la decisión de dar el crédito fue del directorio y que Duzac ya está regularizando la documentación.

Becerra planteó que la operación sea reportada ante la UAF, pero Buñay se opuso.

Sobre las garantías del préstamo, Duzac admitió en una entrevista con este Diario que fueron las acciones de Scanbuy.

El legislador Andrés Páez (ID) explicó que el precio total, único y definitivo de la compraventa de las acciones que se hizo entre los ejecutivos de Scanbuy y Duzac fue de 1.800 pesos, es decir casi $ 500.

Esto también se confirma en el informe del 14 de febrero del 2012, en el cual Jiménez reconoce que el crédito no tiene “ninguna garantía”, pues las acciones valen $ 500.

Sobre el tema, el presidente del directorio, Germánico Maya, aseguró que “va a hablar con Pedro Delgado al respecto”. Para Amores, este informe revela que el tema fue conocido plenamente por Delgado.

(Diario EL UNIVERSO).- Los 14 policías acusados del delito de rebelión en el Regimiento Quito N°1, el pasado 30 de septiembre del 2012, se encuentran esta mañana en la audiencia de juzgamiento del proceso judicial seguido en su contra.

Los uniformados llegaron al auditorio del Palacio de Justicia, aledaño a la Asamblea Nacional, donde se realiza la audiencia convocada el pasado 24 de septiembre por la presidenta subrogante del Segundo Tribunal Penal de Pichincha, Miriam Escobar.

Por el delito de rebelión están acusados los policías Paola Mafla, Andrés Solano, Fausto Iza, Álex López, Pedro Angulo, Jimmy Camisán, Víctor Soto, Rovis Arroyo, Mayra Verdezoto, Carlos Fernández, Walter Guamán, Geovanny Fuentes, Marco Zúñiga y Marco Soria.

Entre los testigos llamados a la audiencia de juzgamiento en contra de los uniformados constan el presidente Rafael Correa y varios de sus colaboradores, como el canciller Ricardo Patiño; el exministro del Interior y ahora secretario del mandatario, Gustavo Jalkh; el asesor presidencial Francisco Latorre, y los asambleístas César Rodríguez (antes AP) y la oficialista Irina Cabezas. También están convocados periodistas de varios medios de comunicación, peritos y policías.

(Diario EL UNIVERSO).- Sylka Sánchez, directora jurídica de la Corporación Noboa, presenta juicio de excepción para evitar más acciones contra los bienes del empresario y candidato a la presidencia de Ecuador, Álvaro Noboa.

Con la medida, según Sánchez, el Servicio de Rentas Internas (SRI) pierde competencia en el juicio y el caso deberá pasar a ser manejado por un juez. Los argumentos serían que aún hay procesos judiciales abiertos en relación al pago del impuesto a la renta del 2005.

Ayer se entregó la última boleta de auto de pago de los impuestos y sus intereses a la Bananera Noboa. Con ello se supone que el plazo para pagar vence este próximo viernes 5 de octubre.

Además, durante la entrega del documento apareció un hombre, identificado como Manuel Valencia, protestando por una estafa de terrenos en Salinas. Él aduce que pagó por un terreno propiedad de ahora candidato a la presidencia del Ecuador, pero que nunca lo recibió.

Según el fisco, la deuda del grupo Noboa y su representante llega a $ 133,3 millones. Esto por un monto pendiente del 2005 de Exportadora Bananera Noboa de $ 99,2 millones ($ 59,6 millones de determinación tributaria y $ 39,6 millones de intereses). También aduce una afectación en la participación de los trabajadores en las utilidades por $ 34,1 millones.

Sylka Sánchez, directora jurídica de la Corporación Noboa, aseguró que se ha utilizado esta nueva Ley de Defensa de los Derechos Laborales “como una arma, como un instrumento político contra Álvaro Noboa”.