Quito.-  (Diario EL UNIVERSO).- Cinco organizaciones políticas de oposición al Gobierno pugnan por ingresar en la papeleta electoral para las elecciones del 2013.

Anoche terminó el plazo para que el Movimiento Popular Democrático (MPD), Pachakutik (PK), Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Prian y Concertación, que en primera instancia fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en los comicios, presentaran más firmas para ratificar su personería jurídica.

Estos partidos y movimientos no superaron el reprocesamiento de afiliaciones y adhesiones del 1,5% de firmas de respaldo (157.946), que el CNE decidió realizar tras las denuncias de falsificación de firmas por parte de las organizaciones políticas para conseguir su inscripción o reinscripción.

El Consejo Electoral permitió presentar firmas adicionales a las organizaciones políticas que hasta el pasado 5 de agosto habían logrado ser calificadas por el organismo para participar en los futuros comicios.

Así, para cumplir con el porcentaje requerido, según información oficial del CNE, el MPD requiere 23.172 firmas; PK 17.513; PRE 22.525; Concertación 12.801; y Prian 7.488.

En las últimas semanas estas organizaciones políticas han presentado paulatinamente varios lotes de adhesiones y afiliaciones para garantizar su inscripción. Y ayer, último día de plazo, el movimiento se intensificó en el CNE.

El Prian presentó las últimas 6.000 afiliaciones. Según el subdirector nacional, Wilson Sánchez, con estas sumaron 210.000 firmas para asegurar la candidatura presidencial del bananero Álvaro Noboa.

“Tenemos una estructura nacional y estamos convencidos que vamos a pasar. Y si no pasamos sería algo escandaloso”, señaló tras quejarse de un trato “discriminatorio” del CNE en el proceso de revisión de firmas.

El pasado viernes el MPD presentó un lote de 20.000 firmas. El director del partido, Luis Villacís, dijo que recogieron 82.000 afiliaciones “para evitar sorpresas”, pero que lo hicieron bajo protesta. Este partido, que respalda la candidatura presidencial de Alberto Acosta, fue uno de los primeros inscritos en el 2010.

Hasta el cierre de esta edición el dirigente de PK, Rafael Antuni, señaló que presentaron 85.000 adhesiones; el representante de Concertación, César Montúfar, 55.000; y Abdalá Bucaram Pulley del PRE, más de 100.000.

El proceso de revisión de firmas está temporalmente suspendido por el traslado de la plataforma informática del Centro de Exposiciones Quito al colegio Benalcázar.

Según el coordinador Técnico de Procesos Electorales, Juan Carlos Intriago, el sistema informático estará listo para continuar con la verificación desde mañana.

El funcionario señaló que restan aproximadamente 2,5 millones de registros por procesar. Y que se han instalado 250 computadoras para trabajar en dos turnos de ocho horas.

El presidente del CNE, Domingo Paredes, evitó ayer dar declaraciones a la prensa.

Él acudió al seminario “La innovación de la innovación en la Política”, que organizó el CNE en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) para todos los empleados electorales.

En su discurso criticó a las organizaciones políticas por las irregularidades en el proceso de recolección de firmas.

“Si una organización nace del dolo, nace del cometimiento de un delito, pregúntense ustedes, ¿qué calidad de representantes, qué calidad de candidatos, pueden representar a la sociedad?”.

Al terminar su presentación se esquivó de los periodistas entre las cortinas de un salón del IAEN. Pues existía interés por conocer detalles del contrato que él suscribió con la empresa Controles S.A. sin plazo para la verificación de las rúbricas.

El organismo electoral tiene previsto anunciar hasta el 17 de octubre los resultados definitivos del reprocesamiento de rúbricas y el número de partidos y movimientos habilitados para la contienda electoral de febrero del 2013.

Salvador Quisphe
Pachakutik
“El proceso es estratégico para dejar fuera a los opositores del régimen”.

Diego Borja
Poder Ciudadano
“El organismo electoral no cumplió con la verificación del 100% de las firmas presentadas”.

Luis Villacís
Director del MPD
“Fuimos el primer partido en ser aprobado y ahora nos quieren dejar fuera del proceso”.

Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- En medio de la polémica por las publicaciones sobre el crédito concedido por Cofiec, banco en manos del Estado, por $ 800 mil al argentino Gastón Duzac, y de la denuncia del legislador de oposición César Montúfar de falta de información para poder fiscalizarlo, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero (AP), detalla los oficios que recibió y despachó en torno a ese caso.

En una carta enviada a este Diario, Cordero explicó que el superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, solicitó (el 30 de julio del 2012) el criterio de la Asamblea respecto de la prevalencia de las normas que amparan el sigilo y reserva bancarios en razón de haber “recibido solicitudes de varios señores asambleístas, tendentes (sic) a obtener información de movimientos, depósitos, transferencias, etc., de cuentas corrientes, de ahorros y tarjetas de crédito de personas cuyos actos pretenden ser investigados o fiscalizados; o copias certificadas de informes de inspección y análisis practicados por esta entidad”.

Esto hacía énfasis en que, mediante Oficio Nº 073-CMAN.I-2012 del 23 de julio del 2012, “el asambleísta César Montúfar insiste en la entrega de un informe de inspección al Banco Cofiec S.A., sin precisar o fundamentar que dicha institución bancaria se encuentra sometida a un proceso investigativo iniciado por la Asamblea”.

Cordero sostiene que en su oficio OF-PAN-FC-12-Nº 1235 del 20 de agosto del 2012, dirigido al superintendente, se limitó a trasladar a esa autoridad pública “una copia certificada del Informe Nº 263-AJ-AN-2012, del 6 de agosto del año en curso, mediante el cual el asesor jurídico (E) de la Asamblea Nacional emite el criterio jurídico solicitado”.

Y detalla que ese informe del asesor jurídico, “en relación a este tema, hace relación a un criterio jurídico debidamente fundamentado en normas jurídicas vigentes y de obligatorio cumplimiento en materia de sigilo y reserva bancarios, sin que esto afecte al derecho de las personas al libre acceso a la información generada en entidades públicas, pues el propio artículo 18 de la Constitución de la República, en su numeral 2, dispone: ‘No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley’, como ocurre en el caso que nos ocupa”.

Por ello, el presidente de la Asamblea agrega que se debe entender que esta limitación constitucional no atenta contra el ejercicio de la atribución y deber de la Asamblea Nacional de “Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”. Esto –anota– es lo que está previsto en el numeral 9 del artículo 120 de la Constitución de la República y el numeral 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

“Es importante resaltar que el asambleísta César Montúfar, mediante oficio Nº 143-AN-BAF-012, del 3 de julio del 2012, al amparo de lo establecido en los artículos 120 numeral 9 de la Constitución de la República y el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitó al superintendente de Bancos y Seguros, ‘Copia certificada de la auditoría de inspección al Banco Cofiec, correspondiente al periodo enero a marzo del 2012’, en franca ignorancia del contenido de la ley, al confundir los conceptos de ‘inspección’ y ‘auditoría’, que todo iniciado sabe que no son sinónimos, por lo que al primero no corresponde el caso previsto en el inciso final del artículo 90 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que dispone lo siguiente: ‘Cuando se hubiese iniciado un proceso de investigación en una institución del sistema financiero, los informes de auditoría no tendrán el carácter de reservados ni gozarán de sigilo bancario ante el Congreso Nacional…’.

Sin embargo, “en su Oficio Nº 073-CMAN.I-2012, del 23 de julio del 2012, el asambleísta insiste en ese error”.

Para Cordero, esto evidencia “el claro desconocimiento del solicitante –a pesar de su condición de legislador– del contenido del artículo 90 de la citada ley que, en forma expresa, en su inciso primero, establece que: ‘Los informes de inspección y análisis que emitan los funcionarios y empleados de la Superintendencia, en el ejercicio de las funciones de control y vigilancia, serán escritos y reservados’ y que: ‘Estos informes no se divulgarán a terceros, en todo ni en parte, por la Superintendencia, ni por la institución examinada, ni por ninguna persona que actúe por ellos’, salvo el caso de que el Superintendente, habiendo tenido conocimiento de indicios de la perpetración de un delito, los lleve a conocimiento del fiscal general del Estado”.

En su comunicación, Cordero arremete contra Montúfar, al indicar que es “víctima de su propia confusión, conforme consta en su oficio Nº 077-2012-CMAN, del 19 de septiembre del 2012, el asambleísta, titular de una inusitada ‘indignación’, solamente equivalente a su orfandad política, comete el craso y supino error de considerar que la excepción del inciso final del artículo 90 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero aplica ‘cuando se trata de investigaciones realizadas en la Función Legislativa y otros organismos del Estado’ y no en la institución financiera como dispone la ley vigente”.

El oficialista considera que ese comportamiento es impropio de un asambleísta y que no tiene otro objetivo que manipular la opinión pública y victimizarse, aduciendo un supuesto “boicot” a la “obligación constitucional de los asambleístas de fiscalizar los actos de las funciones del Estado y, consecuentemente, el derecho a solicitar información de las distintas entidades públicas”, eso, según Cordero, es para obtener réditos políticos. Y más bien cree que esa actuación distorsiona la labor fiscalizadora que debe realizarse de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y sin violar la ley.

Cordero se queja de que se haya recogido la denuncia del asambleísta bajo los titulares ‘Cordero niega informe acerca del caso Cofiec, denuncia Montúfar’ e ‘Información fue negada alegando sigilo bancario’.

Los actores

César Montúfar

El asambleísta del movimiento Concertación requirió a la Superintendencia de Bancos el informe de auditoría del caso Cofiec para conocer pormenores del préstamo de $ 800 mil dado al argentino Gastón Duzac, y las razones por las cuales este entregó como garantías empresas incautadas, también en poder de la Ugedep y, por ende, de Pedro Delgado.

Pedro Solines

El superintendente de Bancos y Seguros consultó, ante ese pedido, a la Asamblea Nacional sobre la prevalencia de las normas que amparan el sigilo y reserva bancarios. En el oficio SBS-SG-2012-744 del 30 de julio del 2012 también hace referencia a las solicitudes recibidas de varios legisladores para obtener información de movimientos bancarios de otras personas.

Fernando Cordero

El presidente de la Asamblea respondió al superintendente con un informe de asesoría jurídica de la Función Legislativa, en el que constan normas jurídicas vigentes y de obligatorio cumplimiento en materia de sigilo y reserva bancarios. Él calificó de “complot político-mediático” a la difusión de la denuncia de Montúfar sobre un “sistemático ocultamiento de información”.

Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) no podrá ejecutar las garantías de cumplimiento a la empresa Controles S.A. (Controsa), contratada para la verificación de las firmas de los partidos y movimientos políticos y tampoco cobrar las multas por el retraso en ese trabajo.

Esto, porque en el documento suscrito con el organismo no se contempló un plazo perentorio para la terminación del reprocesamiento de las rúbricas, tras el escándalo de falsificación de firmas.

El contrato, de 13 páginas y 25 cláusulas, al que tuvo acceso este Diario, fue adjudicado y firmado directamente por el presidente del CNE, Domingo Paredes Castillo, sin resolución favorable del pleno del Consejo, con el gerente de Controsa, Miguel Izurieta Cardozo, el 23 de agosto pasado.

El contrato para la “implementación del sistema a usarse en el reprocesamiento y verificación del 100% de las fichas de afiliación y formularios de adhesión –presentados por las organizaciones políticas hasta el 18 de julio del 2012– y asistencia técnica integral se firmó por
$ 1’980.000, sin el 12% del IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Las garantías de fiel cumplimiento fueron contempladas en la cláusula séptima. La empresa presentó, según el documento, una póliza otorgada por la compañía de seguros Mapfre Atlas S.A., con una vigencia de noventa días, por $ 99.000, equivalente al 5% del valor del contrato.

El 27 de agosto, ante los evidentes problemas en la aplicación del sistema informático, el CNE obligó a la empresa a emplear un plan de contingencia para acelerar el proceso.

En un comunicado público suscrito por el secretario del Consejo Electoral, Christian Proaño, el pasado 9 de septiembre, se reveló que el 23 de agosto la indexación y verificación de firmas se redujo a cero. La producción se incrementó cinco días después.

En la cláusula undécima del contrato se especificó que la contratista pagará una multa del 3×1.000 del total del contrato “por cada día de retardo”. Es decir, $ 5.940.

El mismo cálculo, en caso “de mal funcionamiento del software”, que retrase el reprocesamiento y verificación del 100% de las fichas de afiliación y formularios de adhesión.

Según expertos que pidieron la reserva, si bien se contempla la aplicación de las garantías y multas, estas no pueden ser ejecutadas por la inexistencia de una fecha tope para la terminación del contrato, que permita determinar el tiempo exacto de retraso e incumplimiento.

La empresa se comprometió a entregar un software con 19 requerimientos básicos. Entre ellos, mantener diferentes formatos de formularios de afiliación y adherencia; capacidad de reconocimiento inteligente de caracteres; detectar y marcar registros de organizaciones políticas consideradas inválidas; capacidad automática de calificación de similitud de firmas.

El docente universitario y especialista en informática, Enrique Mafla, calificó al software de “improvisado”. Y aclaró que el CNE ha cancelado una fuerte suma de dinero únicamente por la utilización de la licencia del sistema. “No se puede esperar mucho de un software desarrollado en una semana”.

Desde el 21 de agosto, cuando la empresa inició el proceso de verificación hasta el viernes pasado, los ingresos de la empresa fueron de $ 66.000 diarios.

El CNE asumió el costo de las instalaciones del Centro de Exposiciones Quito, el salario y alimentación de 1.500 verificadores, 80 grafotécnicos. Además, el arrendamiento de 750 computadoras y otros egresos.

Fuentes informaron que Controsa subcontrató a Libresoft S.A., parte del consorcio Andean Trade, especialista en recuperación de información, para soporte técnico ante los problemas en la aplicación del software.

El presidente del movimiento Concertación, Juan Carlos Solines, ha calificado de “fiasco” el sistema informático y denunció que el CNE impidió que se realice una auditoría técnica para evitar que se descubran las falencias.

Señaló que el viernes 14 de septiembre, cuando el CNE revisó las firmas de adhesión de su movimiento, el sistema se paró cerca de quince veces por problemas en los servidores.

Días antes, Paredes admitió públicamente la lentitud del sistema por problemas de electroestática. “Al cambiar las alfombras a caucho para amortiguar la estática el sistema fluyó con rapidez”, justificó.

Dirigentes de los grupos que integran la Coordinadora de las Izquierdas, como Luis Villacís, Salvador Quisphe, calificaron el proceso de “tramposo” y “estratégico” para dejar fuera a los opositores del régimen. Hoy vence el plazo para presentar nuevas firmas.

El director de Poder Ciudadano, Diego Borja, también ha tildado de “opaca, oscura y con dedicatoria” la verificación, luego de que el CNE informara de su descalificación. A él le sorprende que de 411.776 registros presentados por su organización el sistema informático haya desechado 242.420 adhesiones “sin razón técnica”.

Consejeros presentaron observaciones de “forma y de fondo” al contrato con Controsa, que Paredes durante algunas semanas lo mantuvo bajo reserva. Hasta el pasado viernes analizaban la posibilidad de hacer un alcance al contrato para evitar una indefensión del organismo electoral.

Cronología

27 de julio

Estalló la crisis. Miles de ciudadanos denunciaron en las redes sociales la falsificación de sus firmas y de constar en la base de datos del CNE como afiliados y adherentes.

30 de julio

Paredes resuelve ”declarar emergente” el reprocesamiento manual de todas las fichas.

2 de agosto

El pleno del CNE dispone el reprocesamiento del 100% de las firmas de respaldo.

22 de agosto

Dirección de Informática del Consejo remite los términos de referencia para la contratación de la implementación de un sistema informático. Se solicita a Paredes los pliegos. Él los aprueba y dispone que se invite a Controles S.A.

23 de agosto

El director de Informática del CNE presenta un informe de calificación de la oferta de Controles. Paredes resuelve adjudicación.

26 de agosto

Paredes ofrece disculpas por problemas en el sistema y lentitud en el proceso de verificación de firmas.

27 de agosto

El vicepresidente del CNE, Paúl Salazar, exige a Controsa un plan de contingencia para acelerar el proceso y advierte con ejecutar las garantías.

31 de agosto

CNE anuncia la descalificación del primer partido político, el MPD.

3 de septiembre

Récord en sistema. En 36 horas procesó más de 1 millón de registros de Alianza PAIS.

Guayaquil.- (Diario EL UNIVERSO).- A las 16:00 del sábado el patio de Industrial Molinera estaba lleno de personas que acudían al llamado del líder del Prian, Álvaro Noboa. Llegaban desde haciendas en las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí y de cantones de Guayas. Querían oír la propuesta del precandidato presidencial y ganarse uno de los premios que ofrecía por asistir.

Antes de que Noboa apareciera en tarima un grupo de jóvenes bailaba marimba y la gente que seguía llegando recibía a la entrada un snack y una botella con agua, además del tique para el sorteo de casa y carro.

A las 17:40 aparecía Noboa con su look de campaña. Con camisa y corbata, pero con una chompa en lugar de leva. No llegó solo, en tarima presentó a su esposa, a tres de sus hijos, a sus más cercanos colaboradores, incluida a la abogada que lo defiende de la “persecución política” que dice sentir a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), que reclama a Bananera Noboa $ 98 millones por impuestos del 2005.

Wilson Sánchez, el de la tercera generación de uno de los fundadores del Prian, seguía invitando a “los jóvenes” a que envíen sus hojas de vida para que sean considerados como candidatos a asambleístas.

Y Noboa comenzaba la oferta de campaña: “Quiero que cada uno de ustedes tenga un empleo digno, una casa de cemento y un carro familiar”, como lo que más adelante se sortearía.

Que sus empleados son como sus hermanos, decía. Que pondrá en cada bus a un policía para acabar con la inseguridad y que a los delincuentes los mandará a una isla en Galápagos para que “aprendan a trabajar”.

Noboa presentaba a dirigentes de provincias y pedía a la gente que protestara pacíficamente si su partido no llega a ser reconocido por el Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones. “Si no me permiten competir con Correa ustedes seguirán en la pobreza”, decía.

Quito.- (Diario LA HORA).- El periodista de Radio Democracia, Gonzalo Rosero, dijo la mañana de este lunes que “deja un tema de queja”, porque lo están persiguiendo.

Rosero, antes de una entrevista con el asambleísta Paco Moncayo, dijo “este periodista es perseguido, es acompañado y en la última semana esto ha sido muy indescifrable, yo quiero dejar como un testimonio de queja. Como decía la compañera Janet Hinostroza no sabemos de dónde procede, esa companía indeseable, esa vigilancia tenaz”.

Rosero también advirtió “que si ocurre algo conmigo o a mis familiares tengan la seguridad que tendrán una reacción masiva de la colectividad, porque a esta emisora el Ecuador le debe muchísimo”.

El periodista agregó: “no he hecho daño a nadie en general, soy un periodista que siempre he buscado la verdad, no me he quedado a medias astas, digo las cosas cómo deben decirse en homenaje a mi país (…) Por favor dejen de molestar de perseguir, algún momento puede pasar o ocurrir algo grave y luego se harán los desentendidos”.

También aclaró que “hay un ministro peligroso y no le hemos dado ni el más mínimo motivo de tinte personal, pero han llegado donde están por esta radio y mire cómo le pagan”.

Rosero pidió al presidente Rafael Correa garantías elementales para ejercer el periodismo, «no pedimos nada más que eso”, puntualizó.

Tras confirmar que recibió amenazas de desconocidos, la periodista de Teleamazonas, Janet Hinostroza, anunció la semana pasada su separación temporal del programa Las Mañanas de 24 horas’. Ella presentó una denuncia de supuesta corrupción en la concesión de un millonario crédito público al argentino Gastón Duzac.

El Foro de Periodistas de Ecuador (FOPE) expresó su rechazo a toda amenaza contra la integridad física de cualquier periodista en el país y recordó que las autoridades del Estado deben brindar garantías al trabajo periodístico en el país.

“Cuando un periodista es amenazado y silenciado se afecta el derecho de los ciudadanos a recibir información de carácter público. El rechazo a cualquier amenaza contra la integridad física de un periodista debería ser compartido por todos quienes valoran el rol del periodismo en una sociedad democrática”, señala el foro en un comunicado.

Loja.- (Diario LA HORA).- El precandidato por la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, Alberto Acosta, llegó a la provincia de Loja. Su objetivo fue recoger firmas para el Movimiento Popular Democrático y Pachakutik.

El plazo para presentar las rúbricas al Consejo Nacional Electoral vence este lunes 24. Asegura que la Constitución debe aplicase en su totalidad e invita a defender la democracia. Dentro de su agenda visitó Diario La Hora; aquí un diálogo con el pre-candidato a la Presidencia.

¿A qué se debe su recorrido por las diferentes provincias?

Esta es una minga por la democracia. Estamos defendiendo el derecho del pueblo ecuatoriano a participar en las elecciones y eso se cristaliza en la necesidad de defender dos partidos políticos que han sido portavoces de la lucha popular como son MPD y Pachakutik.

Esperamos que el Consejo Nacional Electoral no vuelva a alguna de sus mañoserías y pretenda dejarnos al margen del proceso electoral, porque es un derecho de la ciudadanía.

¿Está Constitución permite la concentración del poder en el Ejecutivo?

La calentura no está en las sábanas. El hecho de que el Presidente de la República esté influyendo y concentrando poder a través del irrespeto de la autonomía y la independencia de las Funciones, no es producto de la Constitución. En ninguna parte de la Carta Magna se generan condiciones para que eso suceda. Lo que ocurre es que el presidente no respeta la Constitución. El problema no está en las sábanas, el problema es no contar con un gobernante de talante democrático que entienda que la democracia es respeto.

¿Será necesario reformar la Constitución?

Yo creo que no. La Constitución hay que aplicarla y si hay que discutir alguna reforma lo haremos oportunamente, pero no vemos como urgente reformarla.

¿En una revista internacional se citó que en el Ecuador habría un enfrentamiento entre la izquierda que representa usted y el “progresismo” liderado por Correa. Qué criterio le merece?

Creo que en el Gobierno del presidente Correa y en alianza PAIS existen compañeros (as) que son de izquierda, pero cada vez están más marginados en la práctica. La izquierda en el Gobierno del presidente está al fondo a la derecha.

¿Usted ha calificado a Correa como el García Moreno del siglo XXI?

Yo no he dicho que es García Moreno, pero que se está instaurando un régimen que más parece de García Moreno del siglo XXI que de Eloy Alfaro del siglo XXI, porque es un Gobierno autoritario y personalista.

García Moreno controló la sociedad  a través de controlar los pulpitos, éste presidente trata de influir en la sociedad a través del control de los medios de comunicación. Incluso está interviniendo en la vida personal.

¿Qué propuestas plantea usted?

Lo que queremos hacer realidad es la Constitución de Montecristi, porque ahí están los elementos claves y fundamentales. Construiremos una economía social y solidaria que no se sustenta solo en la economía capitalista privada o estatal, sino que tiene que fortalecer otra forma de hacer economía, la economía asociativa, comunitaria y cooperativa…

Además, planteamos una reforma agraria que implique redistribución de la tierra y del agua, entrega de créditos en condiciones oportunas, tecnologías sin olvidar los conocimientos ancestrales, mejorar el procesamiento de productos agrícolas, mejorar la calidad de la educación, etc.

Perfil
Precandidato

*Alberto Acosta participó en las primarias de las Izquierdas como precandidato por Montecristi Vive.
*Fue presidente de la Asamblea Constituyente.
*Fue ministro de Recursos Naturales en el gobierno de Rafael Correa.