Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- Desde octubre del 2011, tanto el presidente del Banco Central del Ecuador y representante legal de la Unidad de Gestión de Derecho Público (Ugedep), Pedro Delgado; Francisco Endara Clavijo, cuñado de Delgado y coordinador de la Secretaría del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, así como los argentinos Pedro Elosegui y Gastón Duzac delineaban opciones de negocio del Banco Cofiec.

Esto, aunque esa institución bancaria no había sido declarado oficialmente de real propiedad del Estado, sino hasta abril del 2012.

Dichos aportes al manejo del banco lo demuestra una serie de comunicaciones intercambiadas, en las cuales Francisco Endara Clavijo y Pedro Delgado Campaña apoyan la iniciativa de Duzac y Elosegui para que Cofiec y la Corporación Financiera Nacional (CFN) realicen negociaciones con Argentina, a través de la apertura de cartas de crédito, bajo el marco de la Aladi (esto es un sistema de importaciones de la Asociación Latinoamericana de Integración).

Para ello pusieron en contacto a Elosegui con Antonio Buñay, en ese entonces presidente del Cofiec, y quien estuvo en funciones hasta enero del 2012.

En diciembre pasado, Gastón Duzac ya obtenía el préstamo por $ 800 mil, ofreciendo garantías que no eran reales y que provenían de Seguros Rocafuerte y Maxigraf (ambas empresas incautadas por el Estado) en primera instancia, y luego entregando la garantía de Agrícola Mercedes, que es otra de las compañías incautadas y en consecuencia manejada por Delgado.

Entre tanto, Pedro Elosegui es –de acuerdo con las conversaciones intercambiadas– el técnico que esboza los mecanismos legales para realizar diversas negociaciones.

Elosegui, quien consta en la nómina del Banco Central de Argentina como gerente de Investigaciones, daba instrucciones a Duzac sobre lo que debía decir en la Secretaría del Fideicomiso y él es el nexo para Cofiec con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco Nacional de Argentina (BNA).

Este profesor adjunto con un PHD en economía en la Universidad de Illinois fue invitado por el presidente Rafael Correa, quien también estudió en ese centro, para que colaborara en su libro Banana Republic a la No República. Incluso en el libro, Correa agradece a Elosegui y otros colaboradores del régimen por sus aportes.

Elosegui fue en septiembre del 2011 un intenso mediador para que se pueda realizar la domiciliación de la empresa Agroexportadora S.A., de Duzac, en Ecuador. Intercedió ante la entonces ministra de Coordinación de la Producción, Nathalie Cely, mostrando su preocupación por la demora de este trámite. Elosegui también participó en el lobby para que se concreten inversiones de seis empresas argentinas y una iraní en Ecuador.

De otro lado, ayer un medio oficialista publicó que el presidente del directorio de Cofiec, Germánico Maya, había anunciado que los abogados de Duzac presentaron una propuesta de pago de su deuda por 800 mil dólares.

Sin revelar detalles, el funcionario dijo que la estudiarán.

La nota también indica que Maya sostiene que el crédito fue aprobado cuando el banco aún no estaba bajo control estatal y que niega que haya habido influencia de Pedro Delgado en la entrega del préstamo.

Ese crédito fue aprobado a través de una suerte de directorio virtual, en el cual Buñay hizo la moción y los miembros del directorio y el propio Maya aprobaron la decisión.

Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- Una vez efectuada la confesión judicial, la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, tiene vía libre para denunciar a la asambleísta Diana Atamaint (PK) por supuestas injurias calumniosas, aunque la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se anticipó pidiendo el levantamiento de su inmunidad el pasado 11 de septiembre.

Atamaint acudió ayer al Juzgado Sexto de lo Civil de Pichincha para responder un pliego de preguntas, elaborado por la secretaria de Estado, referente a las declaraciones que dio la legisladora el pasado 19 de junio, en Ecuavisa.

Pese a que la diligencia recién se cumplió ayer, el juez Jorge Blum Carcelén solicitó a la Asamblea Nacional la semana pasada que le levante la inmunidad a la asambleísta, hecho que, dijo ella, es ilegal e inconstitucional, pues violenta el debido proceso.

En la solicitud dirigida al Parlamento, el magistrado explica que la legisladora fue demandada por injurias calumniosas por la ministra Aguiñaga, por unas declaraciones públicas.

En junio pasado, Atamaint dijo a Ecuavisa que “cuando se desvían $ 5 millones a las cuentas de los amigos o de gente de confianza de la ministra (en relación a Marcela Aguiñaga), ¿dónde está la responsabilidad coadyuvante?, debería estar presa la señora ministra. ¿Qué pasa con los negociados de visas y documentos falsos con los hermanos cubanos donde estaría involucrado el hermano de la señora ministra?”.

La confesión judicial constituía un paso previo para iniciar una acción legal en contra de Atamaint, además, buscaba una explicación a sus expresiones y que revele cuáles son los amigos y la gente de confianza de la ministra que desvió los fondos de esa dependencia pública.

Tras la diligencia, Atamaint dijo que se había ratificado en sus afirmaciones, aunque “intentaron darle la vuelta” a las preguntas que le formulaban a fin de que diga el nombre de la funcionaria, lo cual nunca ocurrió en Ecuavisa.

En contexto de la entrevista, agregó la asambleísta, “cuestioné la agilidad y el trabajo de los ministerios de Justicia y del Interior para dar una ágil investigación al desvío de fondos del Ministerio de Ambiente”.

Según Ramiro Aguilar, abogado de Atamait, un pedido para que se inicie un juicio penal en contra de la legisladora ya fue planteado, pero este no inició y tampoco fueron notificados con su texto, mientras la Asamblea Nacional no resuelva el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

(Diario EL UNIVERSO).- El gobierno de la República Checa le concedió asilo considerando que “el proceso penal que en su país (Ecuador) sigue su curso contra el solicitante y otras doce personas tiene todos los elementos de un proceso político y la pena que podrían recibir no guarda relación con la seriedad de la culpa”. ¿Cómo concluyeron eso las autoridades de ese país?

Todo el proceso duró un año. Luego de un exhaustivo análisis de la situación del Ecuador, de los informes de organismos de derechos humanos, las entrevistas que me realizaron y la visita de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al país, las autoridades checas concluyeron que la acción instaurada en mi contra y doce personas más se inscribe dentro de una persecución política. No cometimos terrorismo ni sabotaje, como ha dicho el Gobierno usando programas mediáticos cuyas copias también presenté a las autoridades del país eslavo.

¿Cómo es su vida ahora allá? ¿A qué se dedica? El canciller Ricardo Patiño dijo que usted la “estaba pasando bien”…

La vida en el exilio es una oportunidad para entender otras culturas como esta, que sufrió el totalitarismo a nombre de la utopía socialista que concentra el poder en un grupo dirigente que está por encima de los derechos individuales, como ocurre hoy en Ecuador, Venezuela, Bolivia. Ahora soy conferencista en universidades europeas. Sobre la afirmación del canciller, he de manifestar que no la paso mal. Vivir en este gran país, en la bella Praga, es una experiencia cultural única; sin embargo, la nostalgia de la ausencia de la patria, la familia, el idioma, los amigos, contrastan con la frívola apreciación de Patiño.

El asilo es por diez años, que podrían extenderse diez más. ¿Espera quedarse 20 años?

En la historia han existido dictaduras, como la de (Francisco) Franco o la de Fidel (Castro), que han durado varias décadas; sin embargo, conocedor de la inteligencia y espíritu liberal de los ecuatorianos, no tengo la menor duda de que el régimen se encuentra en sus estertores y pronto veremos amortajada a la revolución de la infamia.

¿En qué estado se halla su proceso judicial en el país?

Mi caso no se trata de un proceso judicial, sino de un instrumento de persecución que contiene la mayor colección de atropellos al Derecho. Los jueces obsecuentes al régimen en momento oportuno deberán responder personalmente por las irregularidades.

¿Cómo cree que la justicia ha actuado en los procesos derivados de la sublevación del 30 de septiembre?
Como abogado conozco que para algunos jueces obrar conforme a Derecho la consecuencia fue su destitución. Hay otros que han actuado como brazo prolongado del despotismo: estos merecen el repudio eterno de la patria.

¿Por qué cree que no se ha determinado a los culpables de las muertes de uniformados y policías en el operativo de rescate del presidente Correa?

La Fiscalía no es independiente, es trastienda de Carondelet. Al tener dicha condición, la pregunta es: ¿A quién protege la vindicta pública? La respuesta se encuentra plasmada en el artículo de Diario EL UNIVERSO titulado ‘No a las mentiras’, de Emilio Palacio, que provocó la furia presidencial.

¿Cuáles cree usted que han sido las secuelas políticas de esta sublevación?

Sangre fértil derramada en las calles por la furia del poder, prisioneros y asilados políticos, pérdida de la confianza en la justicia, decantación del abuso de poder, pérdida de libertad y de la democracia.

¿Cómo evalúa usted el actual manejo de los medios denominados ‘públicos’?

Esos medios jamás han sido públicos; constituyen el aparato de propaganda de este gobierno, son instrumento de exaltación del odio y el resentimiento, sus miembros son legiones de esbirros, áulicos asalariados del régimen y una ideología absurda que está llevando al país al caos.

¿Hay peligro de que se repita una sublevación de ese tipo?

Las Fuerzas Armadas y Policía jamás intentaron dar un golpe de Estado. A partir del 30 de septiembre del 2010 estas han sido cortejadas por el régimen con el fin de hacer de ellas un neopretorianismo para sostener a un presidente convertido en emperador tardío. No obstante, tengo la certeza de que no abandonarán su deber de ser custodios y los garantes de los principios republicanos.

Quito.- El bloque de Alianza PAIS (AP) no logra unificar una sola postura respecto a la aprobación de varios proyectos de ley que serían políticamente complejos durante la campaña para las elecciones de presidente de la República y asambleístas, el 17 de febrero del 2013.

A pesar de que la bancada oficialista calificó 13 textos como prioritarios para los últimos 8 meses de este periodo legislativo, aún no existe cronograma, ni una ruta para su análisis.

Además, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero (AP), puntualizó que las prioridades legislativas deberán ser definidas con las otras bancadas políticas.

En agenda están proyectos cuya viabilidad política está en duda por una profunda confrontación entre oficialismo y oposición, como la Ley de Comunicación, el Código Penal Integral, o la Ley de Recursos Hídricos (Aguas).

Sobre la Ley de Comunicación, hay asambleístas del bloque oficialista que insisten en votar ese proyecto independientemente del resultado, de que se apruebe o no, para que queden en evidencia quiénes son los que se oponen.

El vicepresidente de la Asamblea, Juan Carlos Cassinelli (AP), dijo que ya es hora de que el país conozca quiénes rechazan leyes que pueden ser beneficiosas para el país, aunque eso implique que AP no obtenga los votos necesarios para la aprobación de esta ley.

Su coidearia, Rosana Alvarado, coincidió con esa postura y advirtió que una “ley dormida” complica las estrategias tanto de AP como de la oposición.

Cordero, en cambio, reiteró que la votación de la Ley de Comunicación se realizará el día en que existan 63 votos, ya sea para aprobarla o para negarla y para eso esperará un plazo perentorio.

“Si pasado el tiempo no ocurre esto, el Ecuador tiene que saber quiénes están a favor de cumplir la Constitución y quiénes no. Sino yo pondré (fecha para la votación) antes de que se acabe este periodo, independientemente del final”, dijo Cordero.

En tanto, la Comisión de Justicia inició el análisis de los 20 primeros artículos del informe para segundo debate del proyecto de Código Penal Integral, cuyo trámite se prevé acelerar en estos días.

El presidente de la mesa, Mauro Andino (AP), no dio un plazo para la elaboración de este texto, pero reconoció que pese a que se hicieron más de 1.100 observaciones, la mayoría son de forma y no de fondo.

Aclaró que las disposiciones que ya fueron sometidas a debate legislativo y que no tuvieron reparos no serán analizadas nuevamente.

Alvarado calificó como riesgoso analizar este tema en pleno periodo electoral, especialmente por la influencia política en los tiempos de las sanciones por delitos penales, pero reconoció que ante el sentimiento de desprotección en la gente, la Asamblea debe dar una respuesta.

Cordero también anunció que la Ley de Aguas se votará después de los comicios para evitar que se contamine con el escenario electoral.

Cassinelli aclaró que si bien esta norma es importante, tiene que primero pasar por la consulta prelegislativa.

Pendientes: Ritmo de trabajo
Proyectos
En la actualidad, existen 18 informes de proyectos de ley para primer debate y 20 para segundo que deberán analizarlos en el pleno de la Asamblea.

Comisiones
Cada semana se realizan al menos 2 sesiones del pleno de la Asamblea. Mientras que existen comisiones que solo trabajan una vez por semana, otras, como la de Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Internacionales o Gobiernos Autónomos laboran entre 2 o 3 veces por semana.

Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- Según información del Consejo Nacional Electoral (CNE), el total de afiliaciones y adhesiones presentadas por los partidos y movimientos políticos para su inscripción o reinscripción por poco iguala al total de electores proyectados por el organismo para los comicios del 2013.

El vicepresidente del Consejo Electoral, Paúl Salazar, reveló que una vez cuantificadas todas las firmas de respaldo sumaron 11,5 millones de militantes. El registro electoral proyectado por el organismo para las elecciones de febrero del 2013 es de 11,6 millones. Es decir, apenas 100 mil electores no constarían como militantes de partido o movimiento alguno.

Para Salazar se trata de un hecho curioso porque esto significa “que casi todo el país ha firmado por una determinada organización política”, en consideración del número de electores registrados para designar presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y provinciales, y parlamentarios andinos.

Hasta el momento, desde que arrancó la verificación integral de firmas, en agosto pasado, el CNE ha procesado 8,4 millones de afiliaciones y adhesiones. Un promedio, según Salazar, de 800 mil registros por día.

Pero algunas organizaciones políticas denunciaron serias inconsistencias y lentitud en el sistema informático de la empresa Controles S.A., contratada por emergencia por el CNE en $ 1,9 millones, para el reprocesamiento de las adhesiones y afiliaciones tras el escándalo de la falsificación de firmas.

El presidente del Movimiento Concertación, Juan Carlos Solines, calificó de “fiasco” el sistema informático y denunció que el pasado viernes, cuando se realizó la verificación de su movimiento, el sistema se cayó más de diez veces por problemas en los servidores.

Salazar, quien dijo que no existe ninguna denuncia en firme contra la empresa, explicó que la demora en el reprocesamiento obedece a la obligación del CNE a entregar actas de inicio y cierre de la revisión de firmas de cada parcial de afiliaciones o adhesiones presentadas por las organizaciones políticas. “Esto genera tiempos de inoperatividad (del sistema)”, justificó.

Salazar prevé concluir el próximo sábado la revisión. Restan procesar 3,5 millones de firmas, de las 11,5 millones registradas en el sistema informático del organismo. El mismo día, el CNE desmontará la infraestructura tecnológica y operativa implementada en el Centro de Exposiciones Quito.

A partir del próximo lunes, probablemente en el coliseo del colegio Benalcázar, se iniciará la verificación de las nuevas firmas presentadas por las organizaciones que no superaron el 1,5% de firmas de respaldo (157.946) en la primera fase. Entre ellas el PRE, MPD, Prian, PSC, PK y Concertación.

Mientras tanto, el presidente de la República, Rafael Correa ratificó ayer su postura de impedir que una organización política que no alcance el mínimo requerido de firmas válidas sea reconocida en el registro del CNE.

Sobre los grupos de oposición que reclaman por el reconocimiento que inicialmente les otorgó el CNE, dijo que “marchen lo que quieran”, pero que de todas formas, como ciudadano y director de Alianza PAIS, no permitirá que le roben la identidad a los ecuatorianos.

El mandatario aclaró que su movimiento no ha convocado a una marcha sino a una “concentración festiva”, que se realizará este sábado en la avenida de Los Shyris, en Quito, “para agradecer al pueblo ecuatoriano el respaldo y apoyo” a Alianza PAIS.

Apuntes: Otras actividades
Amenaza para Alvarito
El vicepresidente del CNE, Paúl Salazar, señaló que la publicidad del candidato presidencial Álvaro Noboa, en la cual convoca a la asamblea nacional de su partido para el próximo sábado y el sorteo de casas, vehículos, entre otras cosas, podría considerarse como gasto electoral.

Paredes se fue de viaje
En medio del proceso de verificación de firmas el presidente del CNE, Domingo Paredes, viajó este fin de semana a Jamaica. Antes lo hizo a México, Paraguay, Venezuela, entre otros.

Quito.- (Diario ELUNIVERSO).- ¿En que circunstancias usted asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el 30 de septiembre del 2010?
Un día antes, el presidente (legislativo) Fernando Cordero había viajado para representar a la Asamblea en Europa y, como segunda vicepresidenta, me correspondía asumir la presidencia.

¿Qué actividades tenía previstas la Asamblea para ese día?
En la mañana tuve la inauguración del Foro de la Ley de Discapacidades y para las 17:00 había que cumplir con una convocatoria que había realizado previamente el presidente Cordero.

¿Dónde se enteró de los incidentes que ocurrían en el Regimiento Quito Nº 1?
El taller se realizaba en el hotel Mercury (norte de Quito) y ahí, junto a Homero Arellano, que en ese entonces era secretario de la Vicepresidencia, vimos cómo se agredía al presidente Rafael Correa y visibilizamos el intento de desestabilizar al país.

¿Fue entonces que decidió ir a la Asamblea?
Me acerco al Palacio Legislativo, pero ya no pude ingresar porque estaba cerrado y los policías agredían a los asambleístas. Luego nos reunimos en el Municipio de Quito y después dimos la rueda de prensa en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para rechazar lo que sucedía.

¿Pero en la tarde pudo ingresar al Legislativo?
En la mañana, el secretario de la Asamblea me informa que el jefe de la Escolta Legislativa, coronel Rolando Tapia, ya había manifestado que no podía garantizar la seguridad de los asambleístas, peor la del presidente. Eso lo pude constatar en la tarde, cuando pude ingresar.

¿Cuando ingresó, por qué no restableció la sesión de las 17:00?
Nos reunimos con los jefes de bloque y vi que la intención era instalar la sesión para cambiar el orden del día, tratar la Ley de Servicio Público. Querían aprovechar el momento crítico para negociar amnistías para los insubordinados y derogar varios artículos de la ley a cambio de la vida del presidente (Rafael Correa), lo que era inaudito. Por eso decidí suspender la instalación de la sesión y así lo volvería a hacer.

¿El presidente no habría podido evitar todo el conflicto dejando a sus ministros solucionar el reclamo?
El presidente es el jefe de Estado y jefe de la Policía, por lo tanto, le asistía la potestad de hacer frente y dialogar con los policías. Pero no imaginábamos que había algo montado para desestabilizar al país, que se fue configurando en la tarde con el secuestro al mandatario. Había un trasfondo que iba más allá del reclamo policial. ¿Cómo así el presidente no puede ir a un destacamento policial o un fuerte militar, si es el comandante en jefe?

¿Qué le queda al país dos años después de ese 30 de septiembre?
El país perdió mucho y quedan muchas cosas negativas, como el hecho de que se hayan perdido vidas. Sin embargo, ganamos garantías para velar y defender lo que se ha conseguido en las urnas. Los que estuvieron detrás del intento por desestabilizar la democracia y atentar con la vida del presidente se encontraron con una ciudadanía movilizada.

¿Al interior del oficialismo no se ha pensado en dar la vuelta a la página sobre este tema?
Lo único que se pide es que se haga justicia y que esto no vuelva a pasar, independientemente de quien esté en el Gobierno. Esta ha sido una prueba dolorosa para el país y es de esperar que haya servido para madurar políticamente.

¿En este segundo año también el Gobierno movilizará gente a las calles?
Hay que aclarar que el año pasado no se realizó un festejo, como se intentó decir; ese fue un día doloroso para todos. Pero sí se debe conmemorar el triunfo de la democracia y rendir un homenaje a las personas que dieron su vida. Pero también a esas personas que, mal informadas o no, salieron a agredir al presidente.

¿Pero se va o no a movilizar gente como el año pasado?
Ahora, más bien, al interior del movimiento estamos hablando de la vigilia del 22 de septiembre por el tema de las firmas en el Consejo Nacional Electoral. Para el 30 de septiembre coordinamos con la Presidencia actos conmemorativos y de respeto a las víctimas.