(Diario EL UNIVERSO.- Por Santiago Molina).- Hace tres años, un quiteño de 34 años resolvió cambiarse de trabajo, de una empresa privada a una del Estado, por una razón: le iban a pagar el doble.
Desde entonces, bajo la modalidad de contrato, ha pasado por una secretaría nacional, un ministerio y una empresa pública. Cuenta su experiencia como burócrata, a condición de que no se cite su nombre. Teme ser despedido.
Recuerda que le tocó renunciar una vez porque se enteró de que estaba en la mira de su jefe, quien quería reemplazarlo por alguien “de confianza”. En su paso por el Estado ha visto entrar y salir a mucha gente, pero confía en aprovechar las nuevas plazas que se han creado en la burocracia de la llamada Revolución Ciudadana.
Según el Instituto de Estadística y Censos (INEC), en junio del 2007, año en que asumió el poder Rafael Correa, había 405.190 empleados públicos. Desde entonces, el crecimiento ha sido variable. En junio del 2012 se registraron 472.380.
Según el INEC, en el segundo y tercer trimestres del 2011 se presentaron los picos más altos de la burocracia, con 521.438 y 510.752 empleados al servicio del Estado, respectivamente.
El asambleísta Paco Moncayo, del Movimiento Municipalista, difiere de esa cifra, que coloca el incremento entre 2007 y junio de 2012 en 67.190 burócratas. A su criterio, la expansión del aparato estatal ha representado más de cien mil nuevas contrataciones, aunque aclara que se justifica en sectores como los de educación, salud y policía.
El legislador compara los datos con el 2006, último año de la administración de Alfredo Palacio, cuando, por ejemplo, el Ejecutivo funcionaba con 15 ministerios y 5 secretarías nacionales. Hoy existen 28 ministerios y 11 secretarías nacionales.
El catastro levantado por el Ministerio de Relaciones Laborales contempla, hasta agosto de este año, un total de 5 mil instituciones públicas.
Sin embargo, el incremento en el número de servidores no concuerda con el costo que ha debido asumir el Estado en gastos de personal desde el 2007. Según el Observatorio de la Política Fiscal (OPF), ente técnico ciudadano, durante los primeros cinco años de la administración de Correa el pago de sueldos aumentó en el 96,7%, prácticamente el doble.
En el primer año de este Gobierno se destinaron $ 3.692 millones en salarios, mientras que en el 2011, $ 7.264 millones. Solo en los primeros cuatro meses del 2012 el fisco ha desembolsado por sueldos $ 2.513 millones, lo que representa casi el doble de lo que canceló ($ 1.357 millones) para el mismo rubro en todo el año 2001, cuando Gustavo Noboa estuvo en el poder.
En el 2004, Lucio Gutiérrez destinó $ 2.586 millones para remuneraciones; y en el 2006, Alfredo Palacio, $ 3.161 millones.
Este Diario solicitó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y a los ministerios de Relaciones Laborales y de Finanzas estadísticas y entrevistas oficiales para contrastar estas cifras, pero ninguno atendió el pedido.
El secretario del OPF, Jaime Carrera, explica que existe una combinación de factores para el crecimiento de la masa salarial. Entre ellos: el aumento de la burocracia, la creación de nuevas instituciones públicas y el incremento de los sueldos. Señala con preocupación que el gasto para salarios públicos crece en el presupuesto cuando la economía se sustenta en los altos precios del petróleo, mayor deuda pública y la creación de impuestos.
Y pone un caso: los más de $ 7.264 millones de sueldos del sector público en el 2011 superan la suma de lo recaudado por el IVA ($ 4.200 millones) y el Impuesto a la Renta ($ 3.030 millones) en ese mismo año. Esto, explica, significa que para pagar los sueldos de aproximadamente 500 mil servidores públicos –cerca del 3% de la población total del país– se tenga que invertir todo el esfuerzo que hacen los ecuatorianos y las empresas al pagar sus tributos. Datos del Banco Central, según el OPF, revelan que el pago de salarios del sector público representó en el 2006 el 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB, toda la producción nacional); mientras que en el 2011, el 10,8%; además, que entre el 2006 y el 2011 el gasto público en Ecuador creció el 213%, cuando el PIB apenas lo hizo en el 61,7%.
Ese desfase de crecimiento, afirma Carrera, crea riesgos en una economía que cada vez depende más del sector público y menos del aparato privado.
El presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, apunta otro fenómeno: la mayoría de los nuevos enrolados bajo la modalidad de contrato no se ha concentrado en los ministerios o secretarías recién creados, sino en las instituciones que ya existían.
Agrega que se han creado “indiscriminadamente” puestos, pues la Ley de Servicio Público permite al Ejecutivo contratar hasta el 20% de la nómina con la modalidad de contrato. Aquello, dice, ha permitido ingresos a través de concursos poco transparentes, que han tenido más un perfil político que técnico.
“Para ser servidor público hoy no solo se tiene que ser honrado y trabajador; se necesita, para mantenerse en el puesto, también decir que uno es del movimiento de Gobierno, así uno no sea”, apunta García.
Moncayo y García coinciden en dos cosas: que el aparato burocrático ya no puede crecer más y que es necesaria una reversión de la tendencia antes de los coletazos económicos por una eventual reducción del costo del petróleo.
El quiteño de 34 años, quien dejó su empleo en una empresa privada por ganar el doble en el Estado, dice no saber mucho de economía, su trabajo es administrativo. Lo que sí espera, por el momento, es que cada mes su sueldo llegue a su cuenta.
“Yo no estoy con el Gobierno, pero tampoco puedo estar peleando contra ellos. Hay que hacer lo que se debe, laboralmente hablando, aunque eso no le garantice nada a uno el día de mañana”, manifiesta con preocupación. “En el servicio público se vive con el miedo de que mañana llegue alguien que diga que debemos dejar nuestro puesto, pues una auditoría dice que no estamos aptos. Muchos han salido injustamente y los reemplazan personas que, se nota, responden a favores políticos. La meritocracia aún es un mito”.
