(AFP).- El gobierno chileno rechazó por su impacto ambiental el polémico megaproyecto Hidroaysén, de la española Endesa y la chilena Colbún, para construir cinco represas hidroeléctricas en la Patagonia chilena, decisión que la empresa puede apelar.
«El comité de ministros ha decidido acoger los recursos de reclamación presentados por la comunidad y dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Hidroaysén», dijo el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier.
La empresa tiene ahora 30 días para recurrir la decisión ante un Tribunal Ambiental y, en última instancia, ante la Corte Suprema, abriendo un nuevo flanco judicial que deja incierto su futuro.
Hidroaysén pertenece a la chilena Colbún (49% de la propiedad) y Endesa (51%) -generadora española controlada por la italiana Enel-, y pretende inyectar unos 2.750 megavatios (MW) a la capacidad instalada de Chile (17.500 MW), importador neto de energía.
El proyecto lleva siete años en tramitación y es fuertemente resistido por los ambientalistas, que denuncian el daño que haría a un paisaje virgen con la inundación de 5.900 hectáreas mediante cinco represas sobre los ríos Pascua y Baker.
Inicialmente, la inversión contemplaba unos 3.200 millones de dólares, pero con el tiempo y las modificaciones, su costes pueden haberse casi triplicado, lo que también podría hacer desistir a la generadora, según el sociólogo Raúl Sohr, autor del libro ‘Así no podemos seguir’, sobre energía en Chile, consultado por la AFP.
– Una decisión postergada –
Los ministros de Energía, Minería, Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Economía votaron de forma unánime contra el proyecto, que a su juicio no cuantifica adecuadamente su potencial impacto ambiental.
Hidroaysén «adolece de faltas importantes en su ejecución al no tratar con el debido cuidado y con la debida atención aspectos relacionados con las personas que ahí viven», dijo el ministro de Energía, Máximo Pacheco.
Las represas habían sido aprobadas a nivel ambiental en 2011, pero la empresa y las comunidades presentaron un nuevo pliego de 35 reclamaciones, que el gobierno de Sebastián Piñera -acosado por fuertes manifestaciones- tardó dos años en resolver.
Tiene pendiente además someter a evaluación ambiental el proyecto de una línea de transmisión de 2.000 kilómetros de extensión hasta el centro y el norte del país, donde se concentra la población y las mineras.
Según Sohr, transportar la energía desde tan lejos es uno de los obstáculos de este proyecto, por la dificultad y que supone en un país de geografía accidentada que recurrentemente sufre catástrofes naturales con impacto en sus sistemas de transmisión.
La falta de inversión y la baja competencia en el sector han reducido el suministro y duplicado los precios de la energía en Chile, con una matriz principalmente térmica (62%), situación que preocupa al empresariado.
Bachelet apuesta por un mayor peso del gas natural y las energías renovables no tradicionales para aumentar el suministro y dejar atrás la prolongada discusión sobre Hidroaysén.
Según Sohr, el fin de Hidroaysén no es el fin de la energía hidroeléctrica, teniendo en cuenta el potencial de los ríos chilenos. «La hidroelectricidad sigue absolutamente vigente en Chile. Lo ideal serían más centrales de paso, en vez de represas», aseguró a la AFP.
– Celebraciones –
«¡Patagonia sin represas!», celebraban los vecinos de Coyahique (Aysén), 1.300 kilómetros al sur de la capital, mientras en Santiago los ambientalistas abrían botellas de champán.
El proyecto de Hidroaysén hizo frente a las necesidades del país por más energía limpia y la lucha por la conservación de un paraje prístino y aislado, de grandes cadenas montañosas que llegan hasta los canales patagónicos y que cuenta con un incipiente polo turístico.
«Es un éxito de la ciudadanía del país, que se movilizó para defender un territorio», dijo a la AFP Patricio Rodrigo, secretario del Consejo de Defensa de la Patagonia.
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