Quito.- La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, en la sesión 203, dio paso al análisis de varios aportes y propuestas de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Tales iniciativas responden a la visión del Presidente de la República, el Fiscal General, el Contralor del Estado, legisladores, abogados en libre ejercicio, organizaciones sociales y la ciudadanía, en temas como la propiedad intelectual, daños materiales, informe de auditoría, violencia sicológica contra la mujer y miembros del núcleo familiar, abigeato, entre otras.
Falsificación dolosa de marcas
Concretamente, el Ejecutivo plantea que la persona que fabrique o comercialice mercancías, que en su envoltorio, sin la debida autorización, lleven puesta una marca idéntica a la válidamente registrada para esos artículos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, será sancionada con pena privativa de libertad de 31 a 45 días y una multa según las siguientes escalas:
Cuando el valor de la mercadería incautada sea de 50.00 a 150.000 dólares se aplicará la multa de 55 a 85 salarios básicos unificados del trabajador en general. Cuando el valor de la mercadería incautada sea de 150.001 a 300.000 se aplicará la multa de 86 a 175 salarios. Cuando el valor de la mercadería incautada sea de 300.001 en adelante se aplicará una multa de 166 a 295 salarios básicos.
Informe de auditoría
Mientras, el Contralor Carlos Pólit es partidario que se cambie la palabra plazo por días hábiles en lo relativo a la aprobación de informes de auditoría gubernamental.
En este contexto, el organismo convocará al Ministro de la Producción y a la máxima autoridad de la Contraloría, a fin de que profundicen los detalles y alcances de las propuestas.
Daños materiales
A su vez, el Fiscal Galo Chiriboga pide que se considere como agravante si los accidentes de tránsito se producen por conducir en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. También que no proceda la figura de conciliación ante lesiones graves, con secuelas permanentes, pérdida de órganos vitales, amputaciones de las extremidades en delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte.
Además, que la Fiscalía desarrolle la normativa interna que será vinculante para todas las instituciones relacionadas.