Quito.- En esta oportunidad recibió a Nicole Bonifaz y Betsy Yadira Saltos, presidenta y consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), respectivamente, y al postulante Juan Falconí Puig.
Bonifaz y Saltos coincidieron en que el CPCCS cumplió lo previsto en la Constitución y la Ley, respetó cada una de las fases del proceso, que se inició dos años atrás, así como las sentencias que sobre medidas cautelares y acciones de protección emitieron los jueces constitucionales.
En torno a los presuntos vicios del proceso, explicaron que la Comisión Ciudadana de Selección tiene independencia para actuar, dentro del marco legal y constitucional. Se cumplieron todas las fases del proceso, desde la convocatoria, postulación, calificación de requisitos, impugnación ciudadana, hasta la aprobación del informe vinculante, en el cual, esta instancia informa cuáles fueron los resultados con el orden de puntuación de los postulantes y, finalmente, el CPCCS designa al postulante que obtuvo el primer lugar, enfatizaron.
De su lado, Juan Falconí Puig aseguró que el proceso fue manipulado por el anterior gobierno, de principio a fin, todo con el propósito de beneficiar a determinados candidatos, al punto que dentro de sus méritos falsificaron un documento sobre indicios de responsabilidad penal, cuando no los tenía, porque su último cargo público lo desempeñó hace más de siete años, como Embajador, y no tuvo ninguna observación de la Contraloría.
Añadió que no se prestaron las garantías necesarias para que los postulantes participen en igualdad de condiciones. A unos sí les calificaron los méritos adecuadamente y a otros no, por ejemplo, en su caso, le restaron más de 20 años de su ejercicio profesional como abogado, puesto que se graduó en 1975 y se le considera solo desde 2005, cuando obtuvo su Registro Único de Contribuyentes, al destacar toda su trayectoria, tanto profesional como académica.
Subrayó que el proceso está viciado de ilegalidades. “La posesión bajo la visión de hechos consumados no convalida ninguna ilegalidad”, sentenció.
Tras cuatro horas de comparecencias, el presidente de la comisión, Patricio Chávez suspendió la sesión, cuya reinstalación será convocada oportunamente.