Quito.- La Comisión de Participación Ciudadana, de la Asamblea Nacional, abordó temas relacionados con la reubicación de la zona de tolerancia en la parroquia Luz de América, en Santo Domingo de una supuesta vulneración de derechos a trabajadores petroleros.
Reubicación de zona de tolerancia
Ximena Orozco, presidenta de la parroquia Luz de América, en la provincia colorada, solicitó a la Comisión que exhorte al alcalde de Santo Domingo, Víctor Quirola, que revea la decisión de reubicar la zona de tolerancia, porque el sector donde se piensa situarla es residencial y de gran afluencia comercial, con entidades y centros de educación superior.
A esta parroquia que tiene 12 mil habitantes llegan 300 toneladas de desechos y no tienen ninguna medida de compensación por parte de la administración municipal y ahora se ven abocados a una zona de tolerancia, enfatizó.
Esta decisión, señaló Orozco, no fue socializada y, por lo tanto, es una medida ilegal e inconstitucional, porque no hubo el consenso con la comunidad para este proceso.
La respuesta a estos reclamos por parte del Municipio de Santo Domingo, la dio Fernando Velarde, delegado del alcalde, quien dijo que esta provincia tiene el índice de crecimiento más alto del país y que en 51 años pasaron de 35 mil a 450 mil habitantes y una población flotante de 80 mil personas.
Esta situación impide que se cumpla en forma total el plan de desarrollo de ordenamiento territorial y esa es la razón de los continuos cambios de la zona de tolerancia y el movimiento de las trabajadoras sexuales, agregó.
La comisión exhortará al Alcalde que revise esta medida y que la zona de tolerancia sea trasladada a otro sector apartado del perímetro urbano.
Exhorto a Consejo de la Judicatura
En otro orden, la comisión exhortó al Consejo de la Judicatura que permita a profesionales en Jurisprudencia de nacionalidad venezolana ejercer su profesión y actúen en casos judiciales.
Este exhorto se efectuó luego de escuchar a Rolando Castillo, vocero de los abogados venezolanos, quien exteriorizó la protesta de 65 abogados de ese país contra el Consejo de la Judicatura, argumentando que se les prohibió participar en casos legales pese a que cumplen los requisitos legales para trabajar en el país. No existe una cláusula legal que determine esta prohibición, subrayó.
Trabajadores petroleros
Héctor Yépez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, expresó que sobre denuncias de los trabajadores que tienen contratos con empresas petroleras y que han sido víctimas de vulneración de los derechos laborales a través de tercerización y otras modalidades, vigilarán estas “prácticas mañosas y viveza criolla”.