Consulta Prelegislativa es una medida de acción afirmativa para resarcir la exclusión histórica

Quito (Pichincha).- El asambleísta socialista Pedro De La Cruz, integrante de la Comisión de Soberanía alimentaria de la Legislatura y parte del Consejo Administrativo de la Legislatura, en una entrevista realizada en El Ciudadano Radio informó sobre los avances en la definición de temas que serán incluidos en la Consulta Prelegislativa que se realizará a los pueblos, indígenas, afros y montubios, antes de la aprobación de una ley que vulnere sus derechos.

El Capítulo cuarto de la Constitución de la República, relacionado a los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, en su artículo 57 reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la consulta previa, “libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente…”.

El numeral 17 de este artículo señala que estos grupos humanos tienen derecho a “ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”.

Con este marco legal, el legislador De La Cruz informó que la Asamblea Nacional se encuentra tratando los temas que irán a Consulta Prelegislativa. Recordó que voluntad política del Gobierno Nacional por llevar a cabo esta acción es un avance que en ninguna parte del mundo se lo ha hecho.

“La Consulta Prelegislativa es una medida de acción afirmativa que considera a los pueblos indígenas, afros y montubios, para resarcir la exclusión y marginación histórica. Por eso se los consulta cuando se afecten sus derechos colectivos”, manifestó en la entrevista radial.

Explicó que en cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional están pendientes Ley de Aguas y Ley de Culturas hasta que se realice la Consulta Prelegislativa.

Sobre la Ley de Aguas se analizaría el uso productivo del agua, la gestión pública y comunitaria, y la cantidad vital y tarifa mínima, entre otros aspectos.

Para socializar estos temas se realizarán audiencias provinciales durante 30 días y luego se realizaría una mesa de diálogo nacional para encontrar temas de consenso y que sean incluidos en los articulados./ ETE-El Ciudadano