Quito.- (@srradioEc).- El Contralor General del Estado, Pablo Celi, aprobó y envió a la Fiscalía dos informes con indicios de responsabilidad penal (IRP), derivados del examen especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios, dispositivos e insumos médicos, en el Gobierno Autónomo Provincial del Guayas.
La Auditoría señala que existe una diferencia no justificada de USD 345.020 en la compra.
El primer informe se desprende del análisis de la compra de 70 mil mascarillas KN-95 y 5 mil pruebas rápidas COVID-19, por USD 585.500.
El equipo de control realizó la comparación de esta contratación con otras, publicadas en el Portal de Compras Públicas, en las que se requirieron bienes similares.
La Prefectura del Guayas canceló USD 6.71 por unidad de mascarilla y 23.16 por cada prueba rápida, mientras el equipo de control determinó que los mismos insumos tienen un valor de USD 3 y USD 11.20, respectivamente.
El informe señala que el costo total no debió́ superar los USD 210.000, por lo que existe una diferencia de USD 259.700 con los valores del mercado, que se traduce en un incremento porcentual del 123 %.
Para la contratación no se convocó a otros proveedores, receptando y habilitando la contratación de una empresa que no garantizó los mejores costos y calidad para la institución.
Tampoco se respetaron las disposiciones de la Ley Orgánica de Contratación Pública, aplicables a situaciones de emergencia.
Otro informe de auditoría sobre la compra de los kits alimenticios, señala que a partir de la comparación de costos con comercios mayoristas de los 8 productos que componen las canastas, se estableció́ que existe una diferencia de USD 0.94. La variación resulta en una diferencia de USD 47.000 entre el precio del contrato y el análisis de la auditoría.
También se estableció́ que el contratista aplicó el IVA a todos los productos de la canasta, aunque solo uno grava el impuesto. La diferencia entre los valores verificados y los de la contratación totalizan USD 85.320, por 50 000 kits de alimentos, lo que equivalente a un 23,55 % de incremento, en términos porcentuales.
Además, a la fecha de suscripción del contrato, el proveedor no estaba registrado en el Servicio de Rentas Internas para ofertar el servicio requerido, aspecto que no fue observado por los servidores ni autoridades de la Prefectura.