Quito.- El presidente Daniel Noboa Azín, remitió la tarde del lunes 2 de enero de 2024, a la Corte Constitucional las preguntas de la consulta popular, que se plantea realizar el gobierno a los ecuatorianos y están enfocadas en seguridad, empleo y justicia.
La consulta popular fue una de las promesas del Presidente hacer durante los 100 primeros días de su mandato, que durará un año y medio.
Ahora, la Secretaría General de la Corte Constitucional tiene que revisarlas para confirmar si llegaron todos los documentos adjuntos y luego de eso proceder al sorteo para conocer a qué juez le toca la ponencia.
Por ahora, se desconoce con exactitud el contenido de las preguntas. De forma superficial, los voceros del Gobierno han señalado que la consulta giraría en torno a temas de seguridad como la participación de las Fuerzas Armadas, como complemento de la policía, cuando se perciban amenazas terroristas.
Horas antes la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, se había referido al respecto. «Es un máximo de doce preguntas y hay muchísimos temas, y en el espíritu democrático el señor presidente, ha tenido apertura a escuchar», dijo.
Y añadió: «Es impresionante la cantidad de preguntas con las que hemos abrumado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y, algo más, quienes somos abogados, nos hemos metido a opinar hasta que yo dije basta, dejémoslos trabajar, es responsabilidad de la Secretaría jurídica, porque muchas preguntas que estaban siendo propuestas, en realidad, conllevan enmiendas constitucionales».
Procedimiento para la consulta
Luego del control constitucional, el mandatario deberá emitir un decreto solicitando al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque al referéndum y consulta popular, dependiendo de la clasificación que dé la Corte al pliego de preguntas.
El organismo electoral tiene 15 días para, a partir de la notificación del decreto, convocar a elecciones y hasta 60 días para llevar adelante el proceso para el sufragio.
En total, 95 días que, si se cumplen sin alteraciones, podría tomar hasta fines de marzo o inicios de abril, aunque la celeridad que se dé al trámite está en manos, primero de la Corte Constitucional, y luego del ente electoral.