La pobreza y el desempleo junto a la inseguridad y a la violencia, así como la corrupción y la impunidad son las principales amenazas al bienestar de los ecuatorianos
Loja.- El Poder Ejecutivo de la República del Ecuador, se ha empeñado en inquirir al pueblo 8 preguntas sobre el Estado y sus instituciones; preguntas sencillas que apuntan más a las Leyes de Montecristi.
El poder de autoridad de la democracia Directa frente a la Democracia Representativa, que únicamente tiene la delegación de cumplir y hacer cumplir la Ley en actos de gobernabilidad para el Estado y pueblo ecuatoriano. La SUPREMACÍA de autoridad máxima es la que se visualiza en las 8 preguntas del pueblo frente a las autocracias de liderazgos de los partidos políticos.
La Democracia Directa surge en las bases constitucionales del mismísimo pueblo, de las costumbres de la población; su autoridad de estatus superior a la de la Democracia Representativa; tiene mayor nivel jerárquico, se halla en la cima de los fines y objetivos de la organización de los estados democráticos.
Frente a ello, el poder organizado de los partidos políticos y sus liderazgos, por intentar ser sinceros, crearon la doctrina del derecho constitucional de consultarle a la población sobre sociedad y estado. La aventura política la redactaron como elemento constituyente para hacer notar un nivel de autoridad sobre la Constitución de los Partidos Políticos y en el peor de los casos de las ideologías políticas, que son las más peligrosas sobre temas de estado y de población.
Políticamente, surgieron las instituciones constitucionales de Enmiendas, Reformas y Consultas Electorales sobre temas de estado y sociedad; figuras constitucionales que han evolucionado con el Espíritu de las Leyes que hoy son parte esencial de la democracia directa para hacer retomar el control de los Estados y de las normas constitucionales al seno del pueblo; cuyo deber de aplicación será vinculante hacia el poder político de la Democracia Representativa.
Decencia Jurídica para Cortes de Justicia del Ecuador
La Consulta es el camino de solución al descrédito del poder judicial que ha sido sumergido mediante normativas constituyentes para topar las togas y las cortes de justicia, para instaurar desorden, caos de doctrina y actos inmorales sobre el equilibrio de valores fundamentales de la humanidad libertad, justicia y fraternidad. Esa experticia de conocimiento queremos que se hallen revestidas las togas y las cortes de justicia; experiencia de doctrina jurídica que haga prevalecer la decencia y orden moral del Estado y no de grupos que actúan al margen de la ley y de la moral.
El cuestionario de las preguntas hacia el pueblo ecuatoriano, es oportuno para buscar una salida al caos reinante en el poder judicial y fiscalía, sitios donde cualquier leguleyada emitida por leguleyos ideológicos y neófitos del derecho hacen prevalecer su interés frente a lo real y lógico de la doctrina jurídica. Los casos son evidentes, caso Jorge Glas y la corrupción del siglo 21 visualizada y sentenciada por los códigos ideológicos que han y siguen determinando la inocencia de los imputados.
Frente a ello, pedirle al soberano, autorice, mediante el voto, poner decencia en la parte administrativa, de ordenamiento constitucional y jurídico secundaria de las leyes del Ecuador para moralizar y poner orden en las cortes; consulta que le permita al Estado organizar y garantizar el imperio de la justicia a través de uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial, instancia que debe asumir el rol de instaurar la supremacía de justicia para el Estado Ecuatoriano, mediante la organización correcta de las cortes de justicia de dicho poder.
La consulta frente a la gravedad del país
Para el exdiputado y ex candidato a la presidencia de Ecuador, Dr. Fausto Moreno Sánchez, en el programa Expresión Politika, que se transmite los sábados a las 07H30, por radio Planeta 106.1 F.M., SR.Radio y diario La Hora, puntualiza que el país se encuentra frente a una coyuntura de “extrema gravedad”, su institucionalidad democrática presenta índices alarmantes de deterioro que le impiden funcionar como dispositivo adecuado e idóneo para solventar los desafíos que el país demanda en materia social y económica.
Las preguntas pro por el presidente y aprobadas por la Corte Constitucional se construyeron sobre tres ejes:
1. Promoción de la seguridad ciudadana,
2. Fortalecimiento de la democracia; y,
3. Protección del medio ambiente.
Fausto Moreno Sánchez, explica que la pobreza y el desempleo, junto a la inseguridad y a la violencia, así como la corrupción y la impunidad, son las principales amenazas al bienestar de los ecuatorianos, el gobierno por su parte demuestra una muy débil capacidad de enfrentar estos problemas lo que se refleja entre otras variables, en su reducida capacidad de inversión y gestión en sectores como salud, educación y protección social.
Hospitales desprovistos de medicinas e insumos básicos, universidades que cierran sus puertas frente a una demanda creciente de estudiantes que se ven obligados a ingresar a las filas del desempleo, altas tasas de desnutrición infantil y violencia e inseguridad generalizadas, acotó.
Señala que las instituciones de esta democracia se muestran imp reparadas para responder a los retos de la situación actual, a ello se añade la presencia de poderosos intereses vinculados a las mafias, del narcotráfico, de la trata de personas, del contrabando de armas. La consulta convocada por el Gobierno pretende incidir en estas problemáticas, pero su definición a más de inconstitucional es endeble e insuficiente.
Reorganizar las cortes de justicia, un deber moral del Estado
Si el voto es favorable para las dos preguntas sobre seguridad ciudadana, abren el camino para enmiendas que pueden conducir doctrinariamente a una reforma parcial de la actual Constitución del Ecuador por los niveles de contaminación ideológica en el espíritu del Constituyente de Montecristi.
El convocar al pueblo ecuatoriano a manifestar su interés sobre seguridad ciudadana, es poner en análisis el manejo de la justicia del Ecuador y su manipulación por fuerzas ideológicas que operan mediante los códigos jurídicos hechos para un proyecto político de gobernabilidad.
Las dos preguntas apuntan a observar el trabajo y espíritu político del Constituyente, para auditar prolijamente su trabajo en la elaboración de la constitución, con relación a mantener la decencia y establecer el respeto y la moral para el pueblo y para el estado.
Frente a ello, en caso de ganar las dos preguntas, se abren las puertas para la reorganización total y profunda del poder judicial del Ecuador; y, de aplicar el espíritu de la separación de poderes con relación a la Fiscalía, otorgándole a esta última, la independencia jurídica para su organización y seleccionar el recurso humano idóneo de forma descentralizada, que permita sopesar entre la Corte de Justicia y la Fiscalía los temas de SEGURIDAD CIUDADANA.
