En Nicaragua se cometen ejecuciones extrajudiciales, tortura y persecución política, entre otros abusos

(Redacción ONU).- Un grupo de expertos dio cuenta de las violaciones de derechos humanos que sufren los nicaragüenses, así como del desmontaje de la separación de poderes, el desmantelamiento de las garantías democráticas y la concentración de poder en el presidente y la vicepresidenta. “La población tiene miedo de su gobierno”, dicen.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua* concluyó en un informe lanzado este jueves que desde las manifestaciones que buscaban reformas sociales en el año 2018 “se han cometido, y se siguen cometiendo graves violaciones y abusos a los derechos humanos” en esa nación centroamericana.

Entre los atropellos destacados en el reporte se incluyen “las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la tortura, la privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país”.

Los expertos señalaron que “estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, constituyéndose en crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, incluyendo violencia sexual, deportación forzosa y persecución por motivos políticos”, e indicaron que la población “vive con miedo respecto de las acciones que el propio gobierno pueda tomar contra ella”.

Del mismo modo, apuntaron que las transgresiones de los derechos humanos, que se han venido produciendo desde abril de 2018, “no son un fenómeno aislado, sino el producto de un proceso planificado de desmantelamiento de la separación de poderes y de las garantías democráticas y de una fuerte concentración del poder en las figuras del presidente y la vicepresidenta de la República”.

Añadieron que toda esta planificación condujo a la “destrucción del espacio cívico y democrático” y que “las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, para desarrollar e implementar un marco jurídico que tiene por objeto reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”, con el objetivo “de eliminar, por distintas vías, cualquier tipo de oposición en el país”.

Detención arbitraria y ejecuciones extrajudiciales “como patrón de conducta”

El Grupo también identificó un “uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria como resultado de la instrumentalización, del derecho penal y del sistema de justicia para perseguir, imputar y acusar a personas de la población civil de Nicaragua, opositoras a su Gobierno o percibidas como tales”.

Durante la pesquisa se constató la existencia de ejecuciones extrajudiciales, “como un patrón de conducta” conducido “por agentes de la Policía Nacional e integrantes de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada”, indicó la experta Angela Buitrago.

La especialista añadió que tras las protestas ocurridas entre mediados de abril y finales de septiembre de 2018 “el gobierno obstruyó todo tipo de investigación respecto a estas y otras muertes”.

Además, el Grupo posee “información de que agentes de policía y del Sistema Penitenciario Nacional e integrantes de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluyendo violencia sexual y violencia de género en el contexto de las aprehensiones, interrogatorios, y detención de personas opositoras”, declaró Jan Simon, también integrante del Grupo de Expertos.

“Todas estas acciones son posibles porque se ha instrumentalizado al Estado como arma de persecución en contra de la población. Para acelerar este proceso, las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora. Miles de personas defensoras de derechos humanos, trabajadoras de oenegés, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas, y artistas, así como los principales liderazgos nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron forzadas a abandonar el país”, añadió Buitrago.

Prácticamente todos los medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior y, de diciembre de 2018 en adelante, se han cancelado 3144 organizaciones de la sociedad civil, casi la mitad de las organizaciones registradas en 2017.

Recomendaciones

Los expertos consideraron que, al haberse documentado los abusos, tanto el Estado nicaragüense como la comunidad internacional cuentan con la información que hace falta para actuar y listaron una serie de recomendaciones para ambos.

Entre lo que el Grupo recomienda al país resaltan la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar la privación arbitraria de nacionalidad y la deportación forzosa entre otras modalidades de persecución política; investigar de forma independiente y exhaustiva los abusos y violaciones para que haya rendición de cuentas; garantizar la reparación y no repetición; defender el derecho de las víctimas a saber la verdad; e implementar medidas legislativas y de política pública para garantizar los principios democráticos y la separación de poderes.

Las recomendaciones a la comunidad internacional incluyen iniciar acciones legales contra los responsables de las violaciones y crímenes documentados; ampliar las sanciones a instituciones e individuos implicados en crímenes y violaciones; y priorizar el respeto de los derechos humanos cuando se negocien proyectos de cooperación e inversión en Nicaragua.

*El Grupo de Trabajo forma parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de supervisión de los derechos humanos del Consejo. El Grupo de Trabajo informa al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU. Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos no forman parte del personal de la ONU y son independientes de cualquier gobierno u organización. Prestan sus servicios a título individual y no reciben un salario por su trabajo.

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