Lorena Piedra Cobo
Explicar el creciente incremento de las expresiones de violencia en territorio ecuatoriano requiere de una revisión exhaustiva de muchos factores: la dinámica internacional del «negocio del narcotráfico»; la pobreza mayoritaria entre los habitantes de América Latina y; aparatos estatales que, en estos contextos, se evidencian incapaces de controlar efectivamente los territorios donde se debe asumir su existencia.
¿Cómo dotar de sentido a todo esto, y en medio del actual contexto electoral, cuando la violencia política parecería que llegó para quedarse?
De lejos, lo que se puede apreciar sobre el escenario electoral quizás no sorprenda. En primera instancia ocho aspirantes a la Presidencia de la República, lo que nos habla de un exceso obsceno de candidaturas, consecuencia del mal diseño establecido en la ley electoral, y del presidencialismo imperial ejercido por Rafael Correa Delgado; ejercicio que facilitó en exceso el registro de movimientos y partidos políticos para «democratizar la política», pero al mismo tiempo no dejó un solo día sin hacer propaganda para sí mismo y los suyos.
Como por un largo periodo contó con mayoría en la Asamblea, y fue capaz de manipular a su antojo el Consejo Nacional Electoral; además de, a cambio de «determinados beneficios» controlar al Fiscal General y Procurador General del Estado, la mesa quedó puesta para el uso de recursos estatales en campaña política por los candidatos del «Movimiento Patria Altiva y Soberana». Los mencionados actos, aunque denunciados, nunca llegaron a ser investigados de oficio o sentencia.
Esto generó un panorama donde la impunidad para el movimiento fue la norma, no importaba si se usaban instituciones estatales para intentar secuestrar a políticos opositores; menos aún si se desvió un millón de dólares para financiar una campaña electoral. De hecho, tapar actos de corrupción porque involucraron a miembros del movimiento, fue práctica habitual, y cosa fácil.
Pero, ¿qué tiene que ver este aparentemente descontextualizado resumen de las prácticas electorales de Rafael Correa con el escenario electoral? ¡Todo…!, el mecanismo antes descrito consolidó un voto fuerte, cautivo y endosable a cualquiera que designe el líder sobre miles de ecuatorianos que literalmente no conocen nada más que la realidad que les fue adoctrinada para considerar que existía. No faltaron espacios medios de comunicación oficiales, textos escolares, «sabatinas,» ni la incesante propaganda. Del otro lado, y aterrizando en el escenario actual, siete partidos y movimientos políticos, que en una lucha caníbal se disputan el resto de la votación.
Francisco Huerta Montalvo denunció en 2008 que la campaña política, de quien se consolidó como un gobernante autoritario, recibió financiamiento por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Es obvio que ese tipo de apoyo contó con acuerdos por detrás, acuerdos con el potencial de pasar desapercibidos, y con los que un gobierno autoritario podría ganar popularidad en su gestión.
El fin último obviamente, no obstaculizar el negocio, permitir que las estructuras de delincuencia organizada operen sin mayor inconveniente. Claro, sin dejar de tener un par de capturas que cumplieran funciones estéticas para despistar. La maquinaria comunicacional, y de persecución, desplegada en contra de todo aquel que porte una voz disidente se encargó de dejar en el olvido una serie de hechos. Estos hechos que podrían ser vistos únicamente como corrupción, aparentemente algo no tan grave, generan profundos efectos; anotaré algunos ejemplos a continuación:
Compra de radares chinos que nunca funcionaron, por 60 millones de dólares, dispositivos que «por razones ajenas a los funcionarios públicos a cargo» llegaron atrasados con dos años, fueron colocados en 4 puntos estratégicos del país y no servían para nada.
Institucionalidad y capacidades de inteligencia atacadas e impedidas de realizar trabajos relevantes, y obligadas a hacer de policía política. ¿Por qué perseguir a los políticos opositores? Órdenes provenientes de Carondelet…
Construcción de «mega cárceles» con capacidad de albergar a más de cinco mil personas privadas de la libertad, aunque el criterio técnico diga todo lo contrario. Porque es obvio que no se debe permitir que vivan juntos, miembros de la misma banda criminal, o de bandas criminales opuestas. No se debe ser un experto para imaginar eso.
Asesinato de Walker Vera Guerrero, alcalde electo de Muisne en el año 2014. Un mes antes de las elecciones seccionales encontraron 11 kilos de droga en su casa. El caso fue desestimado como era de esperarse, puesto que Vera fue miembro de Alianza País.
Lo mencionado son solo muestras pequeñas de cómo funcionan los acuerdos entre estructuras de delincuencia organizada y personas en cargos públicos. Específicamente con líderes autoritarios; porque se necesita de este tipo de regímenes para que los acuerdos sean efectivos y brinden garantías de operación a las estructuras criminales.
En el momento en el que un gobierno pasa de una lógica de integración o cooperación con la delincuencia organizada transnacional, a una de persecución o confrontación directa, el resultado obvio es el estallido de la violencia. El «negocio del narcotráfico» necesita tener incidencia en la política pública, para asegurar su operación y rentabilidad. Frente al escenario de la falta de cooperación, las estructuras criminales despliegan la violencia para recuperar el control. El asesinato de Agustín Intriago es evidentemente un mensaje que busca establecer una gobernanza criminal.
Los acuerdos con estructuras de delincuencia organizada retiran la violencia de las calles, ¿transar con ellos en verdad es tan malo? La respuesta es sí, efectivamente baja la violencia pero el remedio es peor que la enfermedad, pues implica el asesinato del sistema democrático.
Cuando el estado tranza con estructuras
criminales, éste se pone a su servicio. Ideales tan elevados como los de un Estado de Derecho y Justicia, con suerte, se quedan en el texto constitucional. Los derechos de los ciudadanos se convierten en la última de las prioridades. Un estado cooptado por élites criminales, protegerá a quienes puedan pagar por esa protección.
Como siempre, quienes pagaron y pagarán los platos rotos son los ecuatorianos que viven en pobreza y pobreza extrema, la gran mayoría de la población. Para ellos, como ya sucede en algunas provincias en Ecuador, unirse a la organización criminal será lo único que les proteja.
El escudo que tenemos para evitar el asesinato del sistema democrático es nuestro voto. No votemos por aquellas y aquellos a los que no les tiembla la voz para proponer alianzas con los diez más buscados. Los famosos por fotos en piscinas. Los candidatos a asambleístas que cumplen condenas por secuestro en las cárceles del país. Por los testaferros que prestan el nombre, para que prófugos de la justicia gobiernen tras bastidores.