El dirigente manifestó que la normativa responde a las expectativas e intereses de las organizaciones sociales, más aún cuando en el texto han recogido los puntos de consenso producto de las audiencias provinciales, en la consulta prelegislativa, tras precisar que mañana –martes- los campesinos, indígenas, afroecuatorianos, montubios y otros grupos ciudadanos se movilizarán a la Asamblea para apoyar el tratamiento definitivo del cuerpo legal.
Destacó que el proyecto, entre otros aspectos positivos y fundamentales, establece la redistribución del agua; las áreas de protección de fuentes naturales, incluyendo los manglares; la prohibición de la gestión privativa del recurso.
También, mantiene el principio de la gestión comunitaria; determina, con claridad, la participación social respecto a la elaboración, seguimiento y veeduría de las políticas públicas relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos; promueve el levantamiento de un registro de datos de los lugares sagrados; la participación del poder popular en la definición de políticas públicas; e, incorpora artículos relacionados con el riego, enfatizó.
Finalmente, consideró que la ley provocará el desarrollo efectivo de los pequeños y medianos campesinos productores, con lo cual se pagará la deuda agraria que se ha mantenido durante décadas, por tanto, es urgente su trámite, ya que está ajustada al marco constitucional y toma en cuenta las justas aspiraciones de las organizaciones sociales.
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