Quito.- Diana Salazar, fiscal general del Estado, tras recordar el trabajo de esta institución en los últimos años contra la corrupción, presentó varias observaciones en la fase de socialización del proyecto de Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, que tramita la Comisión de Régimen Económico y Tributario. “Esta ley es necesaria y oportuna para combatir eficientemente las estructuras de la corrupción y de la criminalidad organizada”, dijo.
Además, la Fiscal señaló que uno de los inconvenientes para proceder con la extinción de dominio es la conexión que existe con la materia penal. Ante esta situación planteó eliminar el requisito de preexistencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, así como aumentar el catálogo de delitos, que debe quedar abierto porque el “crimen moda se va cambiando”.
La autoridad sugirió que en las fases para la extinción de dominio se incluya la de indagación, así como la de ejecución. “Los bienes obtenidos en forma lícita no serán sujetos a extinción de dominio”, precisó.
Los comisionados solicitaron que se amplíe la exposición sobre el plazo de investigación, recursos de revisión, lavado de activos, capacitación a fiscales, porcentaje de recursos para la Fiscalía, entre otros temas.
Plazo de investigación
Con relación al plazo de duración de la investigación patrimonial de 3 meses que plantea el proyecto urgente enviado por el Presidente de la República, Diana Salazar sugirió que la duración sea hasta 12 meses, con una cláusula de excepcionalidad en casos complejos.
Durante la investigación debe existir la obligatoriedad para que las autoridades públicas y privadas remitan la información en el tiempo requerido, so pena que caigan en incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.