Patricio Valdivieso Espinosa
pavevaldivieso@hotmail.com
Pensábamos que el amenazar a los lojanos con volver a subir 5300 fotomultas ilegalmente impuestas, era tan sólo otro exabrupto municipal por la ausencia de timón, pero nos equivocamos, la maquinación es de otro nivel, y los fiscalizadores “ingenuos” «no se dieron cuenta»; la mayoría no observaron que con todo cinismo se ensañan con un pueblo que su único pecado, fue dejarlos gobernar para desterrar el abuso y la prepotencia anterior. Ahora, les cogió la gana de recaudar la cartera que dicen asciende a $ 18.507.528,17, justificando mediante informe que no están en la capacidad de cobrar por si solos; siendo preocupante que utilizan una modalidad contractual saltándose la ley de contratación pública, mal interpretando emergencias o famosos contratos administrativos del COA.
Este silencioso y ágil contrato se desarrolla de la siguiente manera: el 27 de enero de 2020, aprueban la ordenanza, limpiando el camino para contratar un consorcio; el 17 de febrero, inician el proceso; el 27 de febrero dejan constancia que hay un solo oferente, cuando existe por lo menos otro más; el 2 de marzo, se adjudica el contrato al consorcio MOBILITY & YOVERY, mediante resolución 0022-AL-2020 firmada por el alcalde, cuyo objetivo es la: “Recuperación de Cartera generada por la Imposición de Multas de Tránsito del GAD de Loja por Delegación a la iniciativa privada”; el 19 de junio el consorcio exige firmar el contrato. Sin embargo, la primera empresa vende sillas de ruedas, y la segunda, vende programas informáticos.
Intentan cobrarle a los lojanos, multas ilegalmente impuestas, saltándose sentencias legales y constitucionales que determinan que están viciadas de nulidad; alarmando los honorarios que cobrará el gestor, recaudador o como lo llamen, pues, el ciudadano pagará adicionalmente el “cómodo” porcentaje de hasta el 21% del valor recaudado. Además, van a entregar información personalísima: ¿Dónde queda el derecho constitucional de reserva a la información personal? o ¿El contratista tiene información privilegiada por tener relación con la Agencia Nacional de Tránsito? Otra duda que nos nace, si se contrata un consorcio porque el departamento financiero no tiene capacidad de ejecución, para hacer sus labores, porque es tan mala gente el alcalde que lo recarga de trabajo al director financiero nombrándolo como administrador del contrato: el recibe los oficios, contesta preguntas, integra la comisión calificadora, emite informes de aceptación, y tiene que controlar a los gestores del consorcio que van a atosigar a la gente para que paguen multas que son ilegales, indebidamente notificadas, están prescritas y son dañinas para la economía y tranquilidad de los lojanos; parece que es el único y más idóneo para cuidar los recursos del contrato.
Si el trabajo consiste en llamar y fastidiar a los lojanos para que vayan a pagar, lo raro es que existiendo más de 100 Abogados en el Municipio, fuera del Departamento Jurídico y de la Jefatura de Coactivas, que pueden ser capacitados para esta labor, valorando a nuestra gente y reduciendo costos operativos, se insista en contratar un consorcio foráneo. Finalmente, si se saltan los procesos de la LOSNCP, es grave que intencionalmente se olviden que siendo la cobranza un servicio, está dentro de los contratos bajo el régimen especial; o, si se refieren a un servicio normalizado, bajo el régimen común, dependiendo del monto, debe contratarse por: catálogo electrónico, subasta inversa electrónica, de ínfima cuantía o de menor cuantía. En definitiva, cometen igual error que el anterior, forzando contratos que son para otro nivel de gobierno; incluso, es irresponsable delegar parte de una competencia que le fue delegada al Municipio, cayendo en una causal de reversión de dicha competencia. Claro que, en estos días, es normal hablar de delincuencia organizada, esperando que en Loja sea una mera coincidencia; pero, hay que desbaratar los negociados.