Quito.- El Municipio de Santa Cruz (Galápagos) incumplió los objetivos del convenio suscrito con el Banco de Desarrollo, para la ampliación y mejoramiento de los servicios básicos en la isla. La falta de control sobre el avance de las obras ocasionó que un crédito no reembolsable, por más de USD 8 millones, se transforme en una obligación crediticia ordinaria para el cantón.
La auditoría a las contrataciones realizadas por el Municipio de Santa Cruz, para la construcción de alcantarillado y mejoramiento de sistemas de agua potable, señala que los incumplimientos al convenio de préstamo y fideicomiso, suscrito entre gobierno local y el Banco de Desarrollo, con fondos provenientes de la Corporación Andina de Fomento (CAF), ocasionaron que los proyectos para la dotación de los servicios básicos del cantón sean excluidos del Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario (Promadec II).
En consecuencia, la CAF solicitó efectivizar las cláusulas en caso de incumplimiento del objeto del convenio, transformando la asignación no reembolsable, por USD 8’513.376, en una obligación financiera que el municipio deberá pagar, lo que afecta la disponibilidad de recursos financieros destinados a atender otras obligaciones prioritarias para la comunidad.
La auditoría privada externa efectuada al Promadec II informó a la CAF sobre trabajos inconclusos en la planta de tratamiento de agua potable, que impidieron realizar pruebas de funcionamiento. Además, indicó que la planta de tratamiento de aguas residuales, para el sistema de alcantarillado sanitario, aún estaba en construcción y que el gobierno municipal de Santa Cruz no definió claramente dónde y cómo se descargarían las aguas tratadas, entre otras observaciones.
Con respecto a la ejecución del contrato para la construcción de los sistemas de alcantarillado, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable para Puerto Ayora, la Contraloría señala que los fiscalizadores y funcionarios públicos no verificaron la exactitud de los avances en las obras y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los materiales utilizados, originando pagos sin sustento por USD 2’805.971.
Los auditores alertan que la planta desalinizadora de agua de Puerto Ayora no opera las 24 horas, al 100 %, debido a que no se controló el funcionamiento de los equipos y no se verificó la instalación de todos los accesorios e insumos, por parte del contratista.
Además, la descarga de agua residual se realizó en un sector que no consta en el Estudio de Impacto Ambiental y sin autorización de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Tampoco existen evidencias de la implementación de las medidas de prevención y mitigación de daños ambientales, en la construcción de los proyectos para la dotación de servicios básicos en Puerto Ayora.
La Contraloría también examinó la construcción de los servicios de alcantarillado sanitario, pluvial y agua potable para la parroquia Bellavista, en Santa Cruz. Los auditores señalan que la obra se contrató sin considerar el incremento poblacional, debido a que se emplearon estudios incompletos y desactualizados, lo que derivó en la necesidad de incrementar los volúmenes de obra.