(Diario EL UNIVERSO).- Cuando se le menciona la frase “meter mano” en la justicia, pronunciada por el presidente Rafael Correa el 8 de enero del 2011 al plantear reformas constitucionales en esta materia, Gustavo Jalkh enseguida prefiere responder con otra que –cree– “grafica de mejor manera lo que hay que hacer”. Dice que él le pondrá el corazón. Los cuestionamientos al manoseo de la Función Judicial hicieron que ambos se conozcan en foros académicos efectuados en el 2005, cuando criticaban a la llamada Pichicorte.
El titular del Consejo de la Judicatura (CJ), que se posesiona hoy en su cargo junto con los otros cuatro vocales elegidos de ternas enviadas de entes estatales, cuenta que desde entonces lo considera su amigo. Tan amigo que una noche de junio del 2009, luego de una sesión de trabajo en Carondelet, el mandatario lo acompañó a darle una serenata a quien luego sería su esposa.
El pleno de la Asamblea tiene previsto sesionar desde las 09:30 para oficializar a los nuevos vocales que estarán en funciones durante seis años.
¿Qué piensa sobre la separación de poderes? ¿Cree que es indispensable en una sociedad democrática?
Sí, además está descrita en nuestra Constitución y es un diseño institucional correcto, así como es correcta la adecuada coordinación. También lo manda la propia Constitución. Así que creo en las dos cosas: en esa independencia y en la debida coordinación.
El 20 de diciembre del 2004, como director ejecutivo de Projusticia, usted dijo que “más importante que tener un buen presidente de la República es tener una buena justicia en el país; una justicia independiente”. ¿Aún comparte ese criterio?
Absolutamente. Y creo que aun más importante es tener un buen presidente, una buena justicia y una buena Asamblea, el mejor funcionamiento de todas las instituciones.
Se lo pregunto porque al revisar las hojas de vida de los nuevos integrantes de la Judicatura, incluyendo la suya, se observan antecedentes que los relacionan con el Gobierno. Así, ¿qué garantizará la independencia en la Función Judicial?
La ética y la aplicación estricta de las normas constitucionales. La ética también existe en las relaciones personales, en las relaciones institucionales.
Pero usted, hasta noviembre pasado, fue el secretario particular del presidente y ahora será el titular del máximo organismo del sistema judicial.
Todas las funciones que he desempeñado, tanto en la Función Judicial como en la Ejecutiva, las he realizado en el marco de las normas constitucionales, de la ley y, por supuesto, de la ética. Así ha sido y así seguirá siendo.
¿Es una coincidencia que todos los integrantes hayan tenido relación con el oficialismo?
Ahí hay hojas de vida de trayectoria. Yo hablo, en particular, de la mía. Ha sido un ideal el mejoramiento del sistema de justicia. Trabajé mucho tiempo en aquello, en la misma Función Judicial; luego, desde la Ejecutiva.
A más de usted, hay otro exministro, una exfuncionaria de la Secom, el delegado del mandatario en la Judicatura de Transición, la delegada de la mayoría oficialista en la Asamblea… ¿Por qué si las ternas se enviaron desde entes que deben ser independientes, todos mandaron nombres que han estado relacionados con el Ejecutivo?
En general, más allá de cualquier suspicacia, veo hojas de vida de gente que tiene experiencia en el tema de reforma judicial. En mi caso, fue una decisión personal, conversada inicialmente con el doctor Carlos Ramírez (presidente de la Corte Nacional de Justicia), quien me invitó a ser parte de su terna, y comunicada luego al señor presidente de la República. Fue una decisión personal, no una decisión que haya nacido con el Ejecutivo.
¿Una selección por ternas es mejor que un concurso de méritos, con veeduría e impugnación, como mandaba la Constitución hasta antes del referéndum del 2011?
Es el modelo que aprobó el pueblo ecuatoriano y tampoco es una novedad, porque son mecanismos existentes en muchos países europeos y latinoamericanos.
Usted renunció a Projusticia en protesta por la instalación de la llamada Pichicorte, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Criticó a esa corte por sus nexos con partidos, en ese momento, oficialistas. ¿Hoy no ve lo mismo en la actual Corte Nacional?
Son dos contextos distintos. Yo renuncié en el 2004, por la ruptura constitucional que significó la imposición de una Corte de facto.
No hablo del contexto, sino de la integración. Al menos ocho magistrados han tenido vínculos con el oficialismo, ya sea como asesores de legisladores de PAIS, como exfuncionarios en el actual régimen o familiares.
La importancia es el proceso. Tienen que ser procesos públicos, objetivos, con los menores niveles de discrecionalidad.
Pero la veeduría internacional cuestionó la calificación de aspirantes que ahora ya son jueces nacionales.
La veeduría apunta el riesgo de que se pudiese haber afectado la igualdad. Apunta unas observaciones sobre las características del proceso y dice, por un lado, que la Corte se pronuncie sobre la ‘genuidad’ del proceso y que, por otro, se garantice a los posibles afectados que puedan acudir ante garantías jurisdiccionales, es decir, ante jueces, si tienen las pruebas de aquello. No habla de ilegitimidad ni ilegalidad.
Pero la veeduría cuestiona, por ejemplo, los puntos otorgados en la entrevista.
Sí, habla justamente de que estas características del proceso no deben afectar la igualdad de participación. No hay un lugar en el que diga que es ilegal o ilegítimo. Hay muchas observaciones absolutamente pertinentes. Comparto aquella. Adelanto mi criterio sobre esto, que lo compartiremos con el Consejo, pero, en efecto, esa audiencia oral final, en mi criterio, debe ser reubicada. No hay proceso perfecto, sin duda, pero son perfectibles.
¿Y cómo actuarán ante jueces que reaccionan con diligencia a favor de las tesis oficialistas? En el caso Cofiec, por ejemplo, el presidente llegó a decir que los dos detenidos eran inocentes y, luego de visitarlos, estos fueron liberados.
Lo importante es que en todos los procesos se soliciten cosas adecuadas, fundamentadas en derecho, y que los jueces determinen en derecho. No es función del Consejo entrar en los casos individuales, a menos que alguien presente una queja.
No ha sido el único caso. El más reciente es el de Pedro Delgado. Cuando el mandatario admitió la falta de su primo, la Fiscalía dio paso a la denuncia presentada por Enrique Herrería.
Bueno, las autoridades actúan también en función del conocimiento que tienen sobre los temas y las autoridades que han actuado darán cuenta de sus acciones. Nosotros como Consejo daremos cuenta de las acciones que tomemos en el ámbito de nuestra competencia y seremos respetuosos de la independencia interna, y seremos rigurosos en la capacitación y evaluación.
Cuando se dan casos de jueces sancionados, cambiados o removidos luego de fallos que han ido en contra de las tesis oficiales, ¿cómo se les garantiza que pueden actuar sin miedo?
Habrá que ver las resoluciones del Consejo y ver su motivación. Nuestro compromiso es que todas las decisiones tendrán que ser perfectamente motivadas. No vamos a usar el derecho para perseguir a nadie ni para proteger a nadie.
Pero una circular de la Judicatura en Pichincha les decía a los jueces que no podían fallar a favor de quienes presentaran acciones de protección contra el Estado. De antemano les están diciendo cómo tienen que fallar.
Ese oficio me parece inaceptable, incorrecto, no tiene ningún asidero constitucional. Si hay un oficio de esa naturaleza, lo dejaré sin efecto, si la mayoría del Consejo está de acuerdo. Ahora bien, los jueces tienen que fundamentar bien por qué admiten o inadmiten una acción de protección.
¿Cómo queda su relación de amistad con el presidente?
Es una relación personal, profesional, pública, que siempre se ha dado en función de principios y de respeto mutuo. Así seguirá siendo, en lo personal y, sobre todo, en lo público e institucional.
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