Quito.- La jueza Melissa Muñoz, de la Unidad de Garantías Penitenciarias, negó este jueves 28 de diciembre del 2023, el pedido de prelibertad, tras revisar que no cumplía los requisitos para ese beneficio, por lo que dispuso su localización y captura para que retorne a prisión el exvicepresidente Jorge Glas, quien siguió la audiencia de manera virtual desde la embajada de México, en Quito.
Según la defensa, el exvicepresidente había cumplido el 60% de la pena impuesta por los casos Sobornos y de Odebrecht, y debía quedar en libertad. Jorge Glas, el primer pulso diplomático del gobierno de Daniel Noboa
Lo cierto es que Glas ya había sido liberado hace más de un año, gracias a unas medidas cautelares otorgadas por el polémico juez de Santo Domingo, Emerson Curipallo. Este último es uno de los procesados del caso Metástasis, que indaga un presunto delito de delincuencia organizada.
A la audiencia de este jueves, Glas se conectó por videoconferencia desde la Embajada mexicana, donde tramita una solicitud de asilo.
En la diligencia, las autoridades penitenciarias pidieron que se revoquen las medidas cautelares, al argumentar que Glas obtuvo una calificación de 2,83 puntos sobre 10 en la carpeta para la prelibertad.
Para beneficiarse de la prelibertad, el exvicepresidente debía cumplir algunos requisitos en el ámbito cultural, sicológico y deportivo, en las cárceles 4 de Quito y en la de Cotopaxi, donde estuvo recluido.
Además, según el SNAI, la petición para que se revoquen las medidas cautelares respondieron a que Glas ha incumplido la orden de presentarse todas las semanas a una cárcel en Guayaquil.
En un comunicado, el SNAI había exhortado a los operadores de justicia a que cumplan con los «principios rectores» de la administración judicial en materia constitucional, para alcanzar «una justicia efectiva, imparcial y expedita para la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Además de Sobornos y Odebrecht, Glas también es requerido para investigaciones por otro proceso, el llamado Caso Reconstrucción, en el que la Fiscalía indaga un presunto peculado en obras construidas en Manabí tras el terremoto de 2016.