Quito.- (@srradioEc).- Ante la arbitraria “ratificación” del calendario electoral realizada por la presidente del CNE, el 29 de junio, hago conocer por este medio a los partidos políticos y a la ciudadanía, mi más profundo rechazo por el procedimiento adoptado y por el diseño del calendario, al que califico de infundado en relación con la realidad que vive el país, incongruente con la normatividad, desafiante para con la opinión pública y provocador de las unánimes sugerencias de la sociedad política y de la sociedad civil. Pero, fundamentalmente, el calendario explicita su alineamiento con una opción electoral contrariando toda forma de bien común de los ecuatorianos.
Antes de la declaratoria de emergencia por el COVID19, mi Consejería emitió – el 10 de marzo de 2020 – un comunicado al país señalando la necesidad de reducir el calendario electoral y ajustar el presupuesto electoral para alinearlo con la crisis económica. Por ello, sostuve que “No es responsable someter al país a una incertidumbre durante tantos meses. […]. No se puede retardar las decisiones de los agentes económicos, congelar las inversiones, y mantener la inestabilidad frente a la incertidumbre de los procesos electorales.”
El 23 de marzo realicé una conferencia de prensa reiterando que no se deben atrasar las elecciones, sino acortar el calendario electoral. En esa oportunidad enfaticé que:
• “El Consejo Nacional Electoral debe determinar la forma de votación compatible con la pandemia, los partidos deben adaptar su normativa interna, se deben hacer las convocatorias a las elecciones primarias, las campañas internas, y concluir con tiempo para que el Tribunal Contencioso Electoral pueda dirimir los conflictos existentes. Tener todo ello listo para el día 17 de septiembre es demasiado apresurado”.
• “Hasta el momento no se han eliminado gastos superfluos del presupuesto electoral. Se han proyectado gastos en el sistema informático, sin esperar a los resultados de la auditoría, que determine las necesidades del organismo”.
Usted, señora presidente, ha señalado en infinidad de ocasiones, ante la opinión pública, la Asamblea Nacional, documentos públicos, que no cumple con los plazos y términos señalados por la ley, por la pandemia y la vigencia de regulaciones que posponen los plazos por la imposibilidad de contacto físico y las restricciones de movilidad. Pero, curiosamente, este mismo criterio no lo aplica al calendario electoral.
Ha sido inútil hasta ahora poner en evidencia que la organización electoral es la más afectada con las restricciones de movilidad y con el confinamiento. En la reunión del Consejo Consultivo con el Tribunal Contencioso Electoral sostuve que:
“Los plazos que se pusieron para actividades electorales por la pandemia, no corrieron más porque fueron puestos sin una catástrofe de por medio, sin calamidad pública, sin un millón de desempleados que seguramente haya al inicio del siguiente año, sin haber duplicado la extrema pobreza como ocurre este rato. La desigualdad social es el principal atentado contra la igualdad ciudadana.
Es nuestro primer enfrentamiento a elecciones desde la situación social. Es la primera vez en que el Ecuador tiene elecciones con esa masa de pobres nacientes y súbitos que no ha tenido en toda su historia y a eso la institucionalidad tiene que responder. No tiene que responder a falsas formalidades, no pongamos trabas, eliminemos los candados, no son candados irreversibles, no los glorifiquen señores, ahora todo es susceptible para cambiar lo que ocurre con esas bases sociales de la democracia que hace el sustento de la ciudadanía a la cual respondemos”.
Además de restringir un derecho de los ciudadanos y de las organizaciones representativas, el Consejo Nacional Electoral no puede, bajo ningún concepto, por arbitraria u oportunista medida, hacer correr unas fechas y términos y otros no. Le recuerdo, que todo el país aún no entra en funcionamiento normal y que todas las instituciones, en Ecuador y en el mundo, asumen que el período en confinamiento es “como si no hubiese existido”. Es decir, que los plazos y términos así como los contenidos en el calendario electoral deben tener una adecuación, para que sean representativos de la realidad y puedan funcionar normándola. En caso contrario parecieran alinearse solo con intereses específicos.
Por ello, he sostenido, de forma verbal y por escrito, pública y privadamente, en infinidad de ocasiones, en ejercicio de la autoridad pública que transitoriamente ejerzo y de mi calidad de ciudadano con opinión, que el calendario electoral, en particular el inconsulto adelantamiento de fechas para los procesos de democracia interna y de inscripción de candidaturas, pareciera responder a su alineamiento con un interés partidario, así como el de los consejeros de mayoría que le acompañan también en esta decisión. Y me ratifico en ese criterio, que lo repito en toda instancia sea por mi iniciativa o pregunta.
De igual manera, en curiosa coincidencia con su ratificación arbitraria del calendario electoral, no se han publicado las memorias de las dos reuniones del Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, en la que los representantes de partidos y movimientos nacionales se expresaron, con claridad y rotundidad, acerca de la inconveniencia de siquiera intentar posponer las fechas de transferencia del poder presidencial y de la Asamblea Nacional (como en efecto usted lo hizo y recibió la unánime oposición de la sociedad civil y la sociedad política) y, a su vez, manifestaron la necesidad de cambiar las fechas de realización de la primera y segunda vuelta electoral.
El Informe técnico del Consejo Nacional Electoral de 23 de junio de 2020 recoge una propuesta de nuevo calendario electoral de las organizaciones políticas, emitida en el Consejo Consultivo. Analiza el cumplimiento con las exigencias legales de esta demanda de modificación del calendario electoral por parte de las organizaciones políticas. La “propuesta” de las organizaciones políticas sería la siguiente:
Las observaciones que realiza en dicho informe empiezan por una obviedad: no hubo el envío de una propuesta concreta por parte de las organizaciones políticas al Pleno del CNE. Cuando de manera oral, las organizaciones requirieron un esfuerzo a la institución por acortar el calendario electoral. La amplia mayoría de organizaciones (únicamente dos organizaciones estuvieron en contra) requirió un nuevo análisis del calendario, con miras a ajustar sus tiempos.
El Informe concluye, por fuera de sus premisas:
• Que no es posible acortar el calendario, y específicamente reducir el plazo entre la convocatoria a la primera vuelta de 143 días a los 120 días requeridos por ley. Pese a que en las elecciones de 2019, se convocó con 122 días de antelación, en unas elecciones con un número mucho mayor de candidaturas presentadas.
• Señala que una reducción del calendario afectaría los derechos de las organizaciones políticas.
Es evidente que este Informe no considera que fueron las organizaciones políticas quienes requirieron la reducción del calendario justamente porque representan los derechos políticos de los ciudadanos, quienes deben estar adecuadamente organizados e informados. De este modo, no hay una razón logística o legal que justifique 8 meses y medio de proceso electoral.
Finalmente, señora presidenta, le recuerdo que usted no puede adoptar una posición que debe ser asumida, positiva o negativa, por la totalidad de los miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Nadie puede coartar mi derecho a expresar verbalmente y sentado en actas la posición que hoy le hago conocer de modo resumido.
La Función Electoral está formada por el Tribunal Contencioso Electoral cuyo criterio prima en temas jurídicos y por el Consejo Nacional Electoral cuyo criterio es primal en temas administrativos. La Constitución Política del Estado llama a la coordinación entre las dos partes de la Función. Pero en ninguna parte llama al sometimiento de la una a la otra. En temas administrativos del calendario electoral el criterio del Tribunal Contencioso Electoral es meramente indicativo. La coordinación significa armonización de dos partes equipotentes, del mismo nivel, sin subordinación.
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