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Lindon Sanmartín Rodríguez

“No hay plata” es la respuesta que escuchamos de la mayoría de los acaldes y prefectos del país, quienes se amparan en esta exclamación para justificar su falta de iniciativa en realizar las obras que requiere sus jurisdicciones.

“No hay plata” gritan para que el poder central los escuche, pero vemos que si tiene dinero para la contratación de obras básica, compra de insumos de limpieza, papelería de escritorio, consultorías, banquetes, compra de combustible para el vehículos de alcaldes, prefectos, jefes departamentales y hasta para sacar a la mascota al parque.

Será de creer que “no hay plata”, cuando la Fiscalía General del Estado, en días anteriores allano el edificio de la Prefectura de Cotopaxi para fines de investigación de una supuesta estructura delictiva. Porque no hacer el mismo procedimiento en el resto de alcaldías y prefecturas del país, como dice el adagio popular “el que nada debe, nada teme”.

La iniciativa debería nacer por el mismo representante de elección popular, del equipo “intimo” de colaboradores y de funcionarios de carrera, en declarar su patrimonio económico durante el ejercicio de sus funciones, además invitar a los representantes de los organismos de control a realizar la auditoria respectiva. No es que dudemos de las administraciones, pero tengo el derecho a la duda. Está en sus principios éticos y morales de dilucidar esta duda, que es de la mayoría de ecuatorianos.

Porque los alcaldes y prefectos tienen temor de informar a la ciudadanía la lista de contratistas, de los proveedores, el tipo de obra contratada, el pautaje publicitario, contratación de personal y más que se financian con el pago de impuestos de todos nosotros. Esta información de transparentar y hacerla público determinaría el HONOR del funcionario ante la sociedad.

Esperemos que el Prefecto y Alcaldes de Loja, den el ejemplo al país. Estaremos pendientes.