Paro del transporte interprovincial por 48 horas

Henry Llanes Suárez

Estos son los efectos de los decretos ejecutivos 1054, 1158 y 1183 que puso en vigencia el gobierno nacional a mediados del año 2020, en un ambiente social de enorme crisis socio-económica, en el cual, la gente está siendo afectada fuertemente en su estado de salud a nivel mundial, escenario en el cual todos los días muere la gente y se destruye su economía.

En estas condiciones de enorme crisis socio-económica, el gobierno nacional puso en vigencia dichos decretos, para que los precios de los combustibles se definan a precios de mercado, para que cada actor de la cadena de comercialización según corresponda, defina los precios de los combustibles desde el terminal hasta el consumidor final, considerando las condiciones del mercado, más los impuestos aplicables.

Y lo más grave, estas disposiciones no constan en la Constitución de la República ni en la Ley de Hidrocarburos, por eso, esos decretos son inconstitucionales los cuales deben derogados o reformados.

En una realidad nacional de enorme crisis socio-económica se debe impulsar una política de focalización de subsidios del precio de los combustibles a fin de proteger la economía de la gente de escasos recursos económicos.

También se debe eliminar la intermediación de las comercializadoras a fin de mejorar los ingresos estatales.

Las comercializadoras de combustibles solo cumplen un rol, son intermediarias, y por ese rol que cumplen se llevan una buena parte de las ganancias en la comercialización de los combustibles en el país.

El nuevo gobierno del señor presidente Guillermo Lasso debe poner en vigencia una Nueva Ley de Hidrocarburos, en los próximos días le pondremos en su conocimiento los criterios fundamentales de la reforma.