Perú.- El mandatario enfrentaba una tercera moción de vacancia presidencial, sin embargo, decidió adelantarse a la votación del Congreso programado para este miércoles siete. El Jefe de Estado es acusado de diversos delitos de corrupción.
Pedro Castillo envió un mensaje a la Nación este miércoles siete de diciembre y anunció la disolución del Congreso de la República.
El investigado por el Ministerio Público minimizó las acusaciones en su contra, que fueron en aumento en los últimos días de parte de exfuncionarios como José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), y se adelantó de esta manera a la votación agendada para la vacancia presidencial en esta misma fecha.
“Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho. (…) Disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, afirmó.
La inestable política de Perú
Era el tercer intento de moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, y el quinto para un presidente en ejercicio en los últimos cinco años.
Desde 2016, Perú ha tenido cinco presidentes, incluyendo a Pedro Castillo, quien fue elegido para el periodo presidencial de 2021-2026. Antes de él, en 2018, Pedro Pablo Kuczynski enfrentó una moción de vacancia, pero renunció antes de la votación de destitución que se estima tenía perdida.
Después, el entonces presidente Martín Vizcarra fue destituido de su cargo en 2020 por el Congreso por «incapacidad moral». A él lo sucedió Manuel Merino, que tuvo una fugaz presidencia de cinco días luego de los cuales renunció, y finalmente Francisco Sagasti terminó el periodo presidencial de Vizcarra en 2021.
Kuczynski y Vizcarra tienen investigaciones fiscales en marcha, pero ningún proceso judicial abierto hasta ahora, según Reuters.
Para admitir la vacancia de un presidente de Perú son necesarios 87 votos, que corresponden a dos tercios de los 130 miembros del Congreso.
En caso de que este tercer intento de moción de vacancia prospere contra Castillo, lo sucedería la vicepresidenta Dina Boluarte, quien asumiría el cargo para completar el mandato hasta julio del 2026.
La Constitución peruana, en su artículo 113, contempla que la presidencia de la República vaca por varias causas, como la “permanente incapacidad moral” declarada por el Congreso.
Además, anunció un toque de queda que regirá a partir de las diez de la noche. Los legisladores que se encontraban en la Comisión de Fiscalización, escuchando el testimonio del exfuncionario Salatiel Marrufo, expresaron su rechazo a la medida y lo declararon inconstitucional.
“Está violando normas constitucionales, emplazamos a las Fuerzas Armadas para defender la constitucionalidad”, manifestó el congresista Héctor Ventura, titular del grupo de trabajo.
Durante su discurso, Castillo Terrones deslegitimó a distintas instituciones del Estado, entre ellas, el máximo representante de la Constitución. “El Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional”, manifestó.
Anunció disolución durante las declaraciones de Salatiel Marrufo
Castillo Terrones apareció sorpresivamente ante la ciudadanía durante la sesión de la Comisión de Fiscalización este martes siete.
El exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que lleva cerca de dos meses detenido, rendía su testimonio ante el grupo de trabajo. El exfuncionario se encuentra bajo la modalidad de colaboración eficaz en el Ministerio Público, es decir, asumió ya sus responsabilidades en hechos criminales y brinda información sobre distintos casos que involucran a otros burócratas.
“(Se entregaban) 50 mil soles mensuales (a Pedro Castillo) para efectos de que mantenga en el cargo a Geiner Alvarado como ministro de Vivienda, estas sumas eran entregadas por Alvarado en nueve oportunidades después de cada Consejo de Ministros, usualmente fines de mes o inicios de mes. 450 mil soles por este concepto”, manifestó Marrufo.
Los intentos destitución contra Pedro Castillo
Primer intento, noviembre de 2021
Habían pasado solo cuatro meses desde su posesión como presidente de Perú cuando el Congreso peruano presentó la moción de censura para destituir al recién elegido mandatario. ¿La razón? Incapacidad moral, al igual que pasó con PPK y Vizcarra, en su momento, respectivamente.
El grupo de 29 congresistas que impulsó en ese momento la moción de vacancia estaba compuesto por legisladores de las bancadas opositoras Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. En ese momento citaban una investigación de la Fiscalía de un supuesto financiamiento ilícito del partido de Gobierno, Perú Libre, en las elecciones generales de ese año y “tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas”.
Castillo dijo en ese momento que la moción de vacancia no tenía sustento y que esta estaba impulsada por «partidos políticos y grupos económicos» que «no aceptaron el resultado electoral y siempre han buscado atentar contra la voluntad popular». Castillo negó haber cometido cualquier acto de corrupción.
«Para manchar mi honor y reputación han buscado asociar al Gobierno del pueblo con actos de corrupción», dijo Castillo el 30 de noviembre de 2021. «Frente a ello, condeno de manera firme y me deslindo de cualquier acto de corrupción, por eso toda persona que traicione mi confianza debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la Justicia».
Tras una votación en el Congreso peruano, en diciembre de 2021 la moción de vacancia contra Castillo no pasó a debate: tuvo 46 votos a favor de la moción, 76 en contra y 4 abstenciones.
Castillo no tuvo que enfrentar defensa en el Congreso.
Segundo intento de vacancia: marzo de 2022
Unos meses después del primer intento fallido, una nueva moción de vacancia se cocinó en el Congreso de Perú, esta vez con 50 congresistas (el doble que la vez pasada) promoviendo un nuevo intento de juicio político contra Castillo.
Este segundo intento señalaba entre 20 puntos la causal de vacancia la “permanente incapacidad moral” del mandatario y acusa a Castillo de mentir reiteradamente, y que “no ha reflexionado, y menos corregido su conducta; muy por el contrario, ha insistido en defender sus actos”.
El primer fundamento señalaba las supuestas “contradicciones y mentiras del presidente Castillo en las investigaciones fiscales”. Afirmaba que Castillo «habría incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad genérica” y que cambió su versión ante la fiscalía.
“El presidente Pedro Castillo ha desconocido sus propias afirmaciones sobre las reuniones que mantuvo con la señora Karelim López Arredondo en Palacio de Gobierno. Así, en una entrevista a CNN declaró públicamente haberla recibido en Palacio de Gobierno el día 18 de octubre de 2021. Sin embargo, en las respuestas dadas a la fiscal niega totalmente el hecho diciendo que ‘no puede precisar que exista esa reunión'».
La moción presentada por la oposición también argumenta como motivo la designación de personas que considera “más que cuestionables para diversos ministerios”, así como la “existencia de un gabinete paralelo o gabinete en la sombra”.
La oposición también incluyó en sus motivos unas declaraciones que Castillo hizo a CNN del 24 de enero de 2022, en el que si bien Castillo no afirmó que iba a darle una salida al mar a Bolivia, sí dijo que pondría la cuestión a consideración de los peruanos. Sin embargo, días después el mandatario dijo en declaraciones al diario La Noticia que se expresó mal: “Pido disculpas al pueblo peruano”. Su canciller, Oscar Maurtua, dijo posteriormente en el Congreso que la “cesión territorial es constitucionalmente y políticamente imposible”.
A Castillo también lo acusaron en esta oportunidad de ser cabecilla de una organización criminal destinada a beneficiarse ilícitamente a través de «contradicciones y licitaciones» de obras direccionadas, una investigación que avanzaba en la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos que involucraban a Castillo en un caso de corrupción.
En su presentación ante el Congreso, Castillo dijo que esta iniciativa “no contiene ni un solo elemento que la sustente válidamente, se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa. Solo encontramos dichos sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustentos en los hechos, no en el derecho”.
En esta ocasión tampoco prosperó la moción de vacancia contra el mandatario, pues hubo 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. Se necesitaban 87 votos a favor de la vacancia para destituir al presidente.
No se llegó al numero que se requiere para declarar la vacancia.
Tercer intento: diciembre de 2022
Era el tercer intento del Congreso por vacar a Castillo, quien no ha completado los 15 meses en el Gobierno. El 1 de diciembre de 2022, el Congreso votó a favor de llevar a trámite una nueva moción de vacancia contra el mandatario por «incapacidad moral».
Esta vez el número de congresistas que apoyaron esta iniciativa de trámite fue de 73 a favor —decenas más que en marzo de este año— 32 en contra y 6 abstenciones, y se aprobó invitar a Castillo a ejercer su defensa este 7 de diciembre, luego de lo cual se votará en pleno del Senado.
Esta moción tiene más de 100 páginas en las que se alega que se mencionan las investigaciones abiertas por la Fiscalía por los presuntos actos de corrupción denunciados durante su Gobierno.
Castillo llega a este momento con al menos seis investigaciones por supuestamente liderar una «organización criminal» por los presuntos delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, por supuestamente dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor.
Además, recientemente, la Fiscalía General de Perú presentó una acusación constitucional por «criminal, tráfico de influencias y colusión» contra el mandatario.
En un mensaje pregrabado difundido la noche de este martes Castillo se declaró inocente y se comprometió a ejercer su derecho a la defensa ante el Congreso.
“Confirmo que nunca he robado un solo sol de mi país”, dijo Castillo, citando la moneda peruana.
“Mañana ante el Parlamento ejerceremos el derecho a la defensa que nos otorga la constitución. Quiero reiterar que soy un demócrata que respeta las instituciones, el Estado de derecho y el equilibrio de poderes”.
Castillo ha negado repetidamente todas las acusaciones en su contra y ha dicho dice que la denuncia es un intento de «golpe de Estado» de la fiscalía y el Congreso. Además ha asegurado que terminará su periodo presidencial en 2026 como lo manda la constitución.
Con información de Jimena de la Quintana, Fernando del Rincón, Florencia Trucco de CNN y Reuters