Por: John Espinosa Villacrés
Especial para SR. Radio
La vía democrática nos ha entregado una oportunidad de afrontar importantes retos en un espacio de representación local como es el Concejo Cantonal. Institución y poder de legislación y fiscalización venida a menos con su normativa interna frágil y un control casi absoluto de todos sus actos por parte del ejecutivo.
Sin duda, aquella representación necesita fortalecerse con una estructura sólida, que responda a los más caros intereses ciudadanos, pues nuestra capacidad de gestión institucional como su procedimiento parlamentario actual no consolida una estructura profesional eficiente, eficaz y peor aún, guarda un equilibrio frente al ejecutivo, ya que muchas decisiones se toman incluso unilateralmente.
Ahora bien, cada Cabildo aporta lo suyo en el modo y tiempo para el cual fueron electos, pero sí debo sincerarme con nuestros representados en las debilidades institucionales dentro de sus facultades de legislación y fiscalización.
Como seres humanos tenemos límites y éstos están expresados en la gran variedad de temáticas que un momento dado el Cabildo asume su conocimiento, y vemos con profunda preocupación que la labor y gestión de un Cabildo ha cumplido un papel tangencial, por el mismo modelo de gestión que no existe, quedando cada Concejalía condenada a las limitaciones que como seres humanos las tenemos.
Las facultades de un Concejal dentro de sus atribuciones son importantes en la norma, pero se ven reducidas a su mínima expresión cuando no se cuenta con un apoyo técnico adecuado que consolide una institucionalidad.
El híbrido de su estructura legal bajo tutela indiscriminada e indebida del ejecutivo lo relega a una exposición de improvisaciones y a buscar externamente apoyo para el desarrollo de sus aportes, incluso sin una agenda legislativa que oriente las políticas del cantón.
No concibo sinceramente, el número de Cabildos que han soportado este trato denigrante del poder ejecutivo y que no busca comodidad física, sino fortalecer su estructura a través de comisiones profesionales, espacios de participación efectivos y lejos de la labor del ejecutivo, pues, no es menos cierto y por todos conocido que la función de Concejal se ha reducido a asuntos domésticos dentro de la función ejecutiva.
Sí queridos ciudadanos sí, aunque suene un poco displicente, una de las razones del poco o nulo apoyo legislativo al ejecutivo es la forma y modo como se han venido colocando a los cabildos en una posición descomedida y minando su institucionalidad que me atrevo a decir, nunca la ha tenido.
Iniciamos con este proyecto mucho antes de nuestra posesión, pues sabíamos de la fragilidad institucional del Cabildo, y bueno la propuesta fue construida con la mayoría de compañeros en base al diagnóstico de la institución legislativa, incluso con quienes fueron parte de la sección administrativa y de quienes dejaban su representación.
Hemos presentado hace algunos meses al Alcalde, el nuevo proyecto de gestión y procedimiento parlamentario que trata de solucionar inicialmente un problema grave en la institucionalidad misma, como por ejemplo, no contar con un modelo de gestión que pueda fortalecer las atribuciones del Concejo Cantonal con autonomía administrativa y técnica, la necesidad de contar con una agenda legislativa que obligue tanto al ejecutivo como Cabildo a diseñarla políticas en función de planificación ejecutiva y legislativa
El no contar con un modelo de gestión moderno de legislativo, condena a un Cabildo, como expresé, a ser un simple actor en las discusiones de un ejecutivo con una capacidad de gestión en franca desigualdad y sin capacidad de propuesta, tampoco no existe una vinculación con la academia posible, lo que existe, se reduce a invitaciones protocolarias.
Así mismo proponemos la reformulación de las comisiones, que hoy son comisiones ineficientes, que busca sin duda, integrarse a los conceptos del desarrollo local, su PDOT y los Objetivos del Desarrollo Sostenible – ODS y poner freno a la improvisación de funciones dispersas.
Vale destacar aquí que, la regla ha sido legislar o estudiar los proyectos de ordenanza bajo el sistema de comisiones ocasionales, degradando aún más el sistema de las comisiones permanentes o especializadas, claro con un fin único, lograr de parte del ejecutivo una mayoría en la comisión ocasional. A más de ser preocupante el amplio poder del ejecutivo en el orden del día y la decisión de los temas que se discuten o no.
Hoy pretendemos en primera instancia darle más fortaleza a las comisiones permanentes y su integración numérica que contribuyan al desarrollo, así tenemos: Comisión Político,Institucional, Planificación y Presupuesto, Comisión de Desarrollo Económico Productivo, Comisión de Desarrollo Ambiental Sostenible y Comisión Socio Cultura, Género e Igualdad. En la misma forma, se ha planteado comisiones de control político y normativo como la Comisión de Mesa, Comisión Ejecutiva, Comisión de Codificación Normativa, y finalmente la Comisión de Fiscalización.
Es importante que nuestra actividad, como Concejales, responda también a ciertos indicadores de gestión frente a la ciudadanía y con ellos construir una responsabilidad democrática de nuestra función. Esta propuesta va de la mano con la necesidad de contar con la ya mentada agenda legislativa.
En su otra facultad, la de fiscalización, nos encontramos que no existe un procedimiento de fiscalización que garantice la actuación e investigación de los asuntos puestos a conocimiento tanto de los Concejales como de las comisiones, no existe una facultad de interpelación en el Cabildo que transparente los procesos del ejecutivo.
En lo administrativo, aún nuestras secretarias pasan horas de horas escuchando grabaciones y realizando su transcripción en texto, las comunicaciones internas o con el ejecutivo aún están plasmadas en papel con firmas físicas. ¡Así estamos!
La propuesta sin duda puede ser mejorada, se necesita urgente otorgarle otra estructura normativa que brinde como repito, una autonomía administrativa y técnica fuerte, tal cual la tienen otras entidades adscritas a la entidad, aunque parezca contradictorio, existen otras instituciones adscritas al ejecutivo con mejor capacidad de gestión que el propio Cabildo.
En fin, la propuesta está presentada y entró a primer debate, pese a la grosera oposición del ejecutivo que hasta el día de hoy la ha guardado en la Secretaria General esperando el resultado de una acción judicial que busca frenar una labor profesional y democrática.
Es un deber de este Cabildo, dejar claras las reglas democráticas de pesos y contrapesos así como una institucionalidad que responda a los principios del derecho ciudadano a una buena administración pública.