PROPONEN ENMIENDA CONSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR EL PLENO DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA

Quito.- Los legisladores Lucía Posso, Lucio Gutiérrez y Roberto Jaramillo presentaron el proyecto de enmiendas a la Constitución de la República, que tiene como propósito establecer y garantizar el pleno derecho a una vida sin violencia.

De acuerdo con el artículo 441 de la Constitución, la enmienda de uno o varios artículos que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional.

El proyecto se tramitará en dos debates y el segundo debate se realizará de modo impostergable en los treinta días siguientes al año de realizado el primero.

Según la propuesta, la privación de la libertad no será la regla general excepto en los casos de narcotráfico, violación, sicariato, femicidio, asesinato, peculado y delitos contra la administración pública.

A criterio de los legisladores, la falta de acción estatal para controlar la migración irregular, la ausencia de mecanismos efectivos para controlar el ingreso de personas extranjeras, así como la falta de mecanismos expeditos para logar la deportación de quienes contravienen la ley, ha provocado graves afectaciones al orden, la seguridad y paz en el tejido social.

Por ello, el proyecto busca señalar algunos de los hechos que están menoscabando uno de los deberes primordiales del Estado, que consiste en garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

Los legisladores proponen que el Estado establezca un régimen de excepción para el tratamiento de las personas en situación de movilidad humana, en el caso de flujos migratorios inusuales, ocasionados por crisis de orden político o natural que por su naturaleza puedan desbordar y afectar las capacidades nacionales de atención de los servicios públicos del país, así como afectar el derecho de sus habitantes a la seguridad integral.

 

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