Rafael Correa dice que IESS tiene superavit por lo que ‘no tiene sentido’ darle el 40% para pensiones

Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- Por segunda ocasión en una semana, el presidente Rafael Correa ratificó que el Estado no pagará el 40% para las pensiones jubilares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Según el mandatario, entregar al Seguro Social ese porcentaje que lo obliga el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social para garantizar las pensiones jubilares, «no tiene sentido», porque según él, el IESS tiene superavit.

«Y no solo eso. Le pagamos cerca de mil millones de dólares anuales y como no tiene que hacer con tanta plata, compra bonos del Estado e invierte en nosotros mismos, eso significa una deuda de $ 8.000 millones con el IESS, una deuda ficticia porque es nuestra propia plata», reiteró durante la inauguración de la vía Ambato-Guaranda.

Para el mandatario, «sino hubiera habido la obligación de dar ese 40% de forma torpe, absurda e innecesaria, no habría esa deuda del Estado con el IESS y el déficit público sería menor».

Ayer, el flamante presidente del Directorio del IESS, Richard Espinosa, dijo que el aporte será de «lo que se necesite para dar salud óptima y para las pensiones», y que «si se requiere $ 100 millones serán $ 100 millones y si se requiere $ 1.000 millones, será eso”. En porcentajes podría ser 20%, 30% o 40% incluso, dijo.

Correa también insistió en que no le dará ni 20 centavos más al IESS al referirse a la Ley de la Seguridad emitida en el 2001, en donde se dispone que la atención de salud de los jubilados y las enfermedades catastróficas de los afiliados no deben ser cubiertas por el Seguro, sino por el Estado.

«Felizmente esa Ley decía que debe haber un reglamento (para su aplicación) y nunca hubo; ahora los mandos medios del IESS hicieron sus propias cuentas y dijeron que les debemos $ 1.700 millones por cuestión de salud y que por eso no funciona el sistema de salud el IESS. Eso es falso», insistió el mandatario.

Y agregó que por ello emitió en enero pasado un decreto para que «si quieren que les atendamos, paguemos las jubilaciones y atenciones y enfermedades catastróficas, se lo realice en nuestros centros de salud». (I)