Quito.- Con la presencia de la Ministra de Finanzas (e), Madeleine Abarca; del Superintendente de Bancos, Pedro Solines; y, representantes del Grupo de Deudores de Buena Fe, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el asambleísta Juan Carlos Cassinelli, inició el trámite del proyecto de Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, calificado de urgente en materia económica.
Objetivos fundamentales
La ministra Abarca comentó que la propuesta gubernamental tiene tres objetivos fundamentales: facilitar la realización de los activos de la banca cerrada; viabilizar el cobro de la cartera adeudada, bajo criterios de justicia financiera; y, establecer un mecanismo de pago a los acreedores perjudicados de la banca cerrada.
Hay una claridad total en cuanto a tiempos, pasos y procesos. Es importante que, tal como lo mencionó el Presidente de la República en el enlace ciudadano, se establecen las fechas de abril y diciembre de 2014, con lo cual el país y los deudores de buena fe tienen una gran posibilidad para cerrar y sanear esta etapa muy dolorosa para la nación, dijo.
Enfatizó que para el Presupuesto General del Estado, de acuerdo con el artículo 74, numeral 15, del Código de Planificación y Finanzas Públicas, el impacto fiscal no es significativo en el tema de la liquidez y sostenibilidad de las cuentas fiscales, tomando en cuenta que existen ya unos valores recaudados por parte del Banco Central.
Responsables de la crisis
Entre tanto, el superintendente Pedro Solines consideró que el proyecto en su concepto general es positivo, pero que requiere algunos ajustes para mejorarlo, a fin de satisfacer los intereses y expectativas del país y la ciudadanía.
Tras señalar que con la vigencia de la normativa se cerrará esta larga historia que venimos viendo y sufriendo los ecuatorianos, aseguró que “la mayor parte y el origen de la crisis fue causada por la negligencia y la mala fe, en algunos casos, de los exaccionistas de la banca cerrada, pero además por fallas en la administración estatal, entiéndase las distintas instituciones, en los distintos años, desde el inicio de la crisis, que han venido manejando estas instituciones financieras cerradas”.
Destacó que la Asamblea Nacional, en febrero 2011, a propósito la fiscalización a la ex Superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, exhortó a la Contraloría a realizar exámenes especiales a los procesos de liquidación, para determinar las responsabilidades de aquellas personas que con sus acciones u omisiones causaron perjuicios al Estado.
Conocemos, de manera informal, que la Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal y remitió el informe al Fiscal para sus investigaciones, indagaciones y posterior judicialización. Bajo estos antecedentes, la Superintendencia pidió la respectiva documentación al organismo para iniciar juicios coactivos, agregó.
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