Quito.- Adrián Castro, asambleísta por la provincia del Azuay dio a conocer que la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) firmó un contrato millonario de radares que puede dejar una utilidad a las empresas privadas de hasta 1.000 millones de dólares al año, esto es en total entre 10.000 y 12.000 millones de dólares al final del contrato (12 años).

La CTE lanzó dicho proceso el 4 de mayo del 2023 justificando que no tiene la capacidad técnica y económica para poner radares, a pesar de que estos ya existen en todas las carreteras. El contrato inicialmente se firmó para colocar y reponer 147 radares, pero en una extraña acta de negociación ese número sube a 480 radares.

Los consorcios ganadores son SEVIECU y ECUATRANSIT, mismos que están conformados a su vez por compañías y sociedades de acciones simplificadas (SAS), que a su vez están compuestas por otras SAS, y estas a su vez por otras SAS, ocultando así el nombre de los verdaderos beneficiarios del millonario contrato.

Castro informó que para la fiscalización se tomó en cuenta el histórico de multas en los radares del país que es de 1.389 multas por cada radar, eso multiplicado por el valor de cada multa, por el número de radares y por los 12 meses del año da como resultado la cifra antes mencionada: 1.080 millones de dólares al año.

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Por ejemplo, actualmente con solo tres radares funcionando en la provincia de El Oro, uno de los dos únicos consorcios privados que se adjudicaron el contrato ya cobró, por cuatro meses de trabajo, medio millón de dólares.

“Este dinero sale directamente del bolsillo de los ecuatorianos. La CTE, en lugar de haber emprendido una campaña de seguridad vial para reducir las muertes en las vías por exceso de velocidad, prefirió hacer carroña de los conductores y devorar su dinero, tal como lo hace un buitre”, enfatizó Castro.

Teniendo en cuenta que los radares en provincias como Guayas, Tungurahua, Santa Elena, Santo Domingo, Manabí y Los Ríos triplican la capacidad de vehículos de los que se sancionan en la provincia de El Oro, se puede tener una idea del negocio millonario que representan estos contratos.

Asimismo, Castro informó que el contrato se dio fuera del Portal de Compras Públicas, por lo que solo supieron del mismo los consorcios invitados por la CTE y fue adjudicado en un tiempo récord, 42 días, sin dictamen previo de la Contraloría, sin que la Secretaría de Alianzas Público Privadas o el SERCOP hayan conocido al menos de la existencia del contrato y sin socializar su instalación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Finalmente, la información será entregada a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado para el respectivo análisis para que contratos sean dados de baja de forma inmediata.