(Por. Diario EL COMERCIO).- En los alrededores del edificio donde funciona la firma encuestadora Cedatos, en el norte de Quito, hay un movimiento inusual. Representantes de medios de comunicación llegaron al sitio tras conocerse que integrantes de la Policía y la Fiscalía habían ingresado a las oficinas este 7 de abril del 2017.

Cedatos fue señalada por representantes de Alianza País luego de difundir datos sobre intención de voto para los candidatos que pasaron al balotaje del 2 de abril pasado. La asambleísta oficialista Rosana Alvarado presentó una denuncia ante la Fiscalía el 22 de marzo pasado.

Esta mañana Alvarado indicó a este Diario que la entidad le ha ido informando paulatinamente del avance del proceso. Sin embargo, prefirió no revelar esa información para no interferir en la investigación que está en curso.

Recordó que su denuncia se hizo porque en redes sociales se difundieron pruebas sobre la supuesta alteración de los resultados de un sondeo de intención de voto. Además, indicó que se ha pedido “otras diligencias” luego de que el domingo 2 de abril, los resultados del ‘exit poll’ de Cedatos no coincidieran con los oficiales del CNE.

La vicepresidenta de la Asamblea acusó a la firma y a otra empresa, supuestamente vinculada al candidato de la oposición Guillermo Lasso, de la falsificación y uso de documento falso y asociación ilícita.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona estos delitos con penas de cinco a siete años de cárcel y de tres a cinco años, respectivamente. Luego de la segunda vuelta, Polibio Córdova, representante de la encuestadora, dijo que se hizo un trabajo técnico.