Deuda pública de Ecuador asciende a 58.980 mlns dlr hasta abril: ministro Economía

Quito.- (Reuters).- El ministro de Economía de Ecuador, Richard Martínez, reconoció el viernes que la deuda pública asciende a unos 58.980 millones de dólares hasta abril, tras incluir en la estadística todos los pasivos que mantiene el país sudamericano con sus acreedores.

Durante su gobierno, el expresidente Rafael Correa cambió mediante un decreto la metodología de cálculo de la deuda pública, lo que, según un informe de auditoría de la Contraloría, no reflejaba la estadística real del endeudamiento y dejó por fuera operaciones de preventa de crudo.

«Vamos a derogar ese decreto (…) La transparencia es lo importante», dijo Martínez a un medio local. «Los ciudadanos tienen que conocer como se manejan sus recursos».

La estadística sobre la deuda ecuatoriana no se publicaba desde enero de este año, cuando se fijó en unos 35.700 millones de dólares, muy por debajo del nuevo saldo porque no se registraba las deudas de las entidades públicas y las ventas anticipadas de crudo.

Según el nuevo reporte de deuda publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el monto a abril toma en cuenta los saldos de deuda externa e interna, que suman unos 48.848 millones de dólares, y obligaciones de entidades públicas, incluidas las operaciones de venta anticipada de crudo, por otros 10.132 millones de dólares.

En el registro se adicionaron además unos 3.115 millones de dólares como pasivos contingentes.

La Fiscalía de la nación sudamericana mantiene una investigación penal en contra de Correa y otros exfuncionarios por un supuesto mal manejo de la deuda en los últimos cinco años de su gobierno, lo que el exmandatario ha calificado como una persecución política, defendiendo su gestión económica.

El monto de la deuda pública a abril equivale a un 57 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque por ley no puede rebasar el 40 por ciento.

«No hace sentido tener ese techo, porque finalmente lo que importa en técnica económica y finanzas públicas es la capacidad de pago que tiene el país», explicó.

Martínez no descartó acudir a los mercados internacionales para buscar financiamiento, ya que su meta es bajar el riesgo del país, y anunció el envío de una reforma a la Asamblea Nacional para propiciar cambios estructurales que permitan un crecimiento económico sostenido y regular el manejo de la deuda.

«Vamos a hacer una visita a los organismos multilaterales, a las calificadoras de riesgo y a nuestros tenedores. Vamos a honrar la obligaciones y vamos a ir a explicar la situación para que sobre esa base exista una credibilidad», dijo. (Reporte de Alexandra Valencia; editado por Carlos Serrano) Foto: SrradioEc

HRW: gobierno de Correa usó ley de forma abusiva

QUITO (AP) — El gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa utilizó la ley de forma abusiva en contra de ambientalistas e indígenas de la Amazonia que se oponían a la explotación minera y petrolífera, afirmó el lunes la organización Human Rights Watch.

En un informe de 32 páginas dijo que las autoridades de esa época “abusaron de sus facultades para perseguir, intimidar y castigar a ecuatorianos que se oponían a proyectos de extracción de petróleo y minería apoyados por el presidente (Correa)”.

Argumentó que en algunos casos los fiscales no presentaron pruebas suficientes que dieran sustento a graves acusaciones o que justificaran que una investigación penal se prolongara varios años.

Correa (2007-2017) también denigró por cadena nacional de televisión a líderes indígenas y ambientalistas que se oponían a proyectos extractivistas en la Amazonia, mientras que el ministerio del Interior “buscó encarcelar a esos líderes y clausurar sus organizaciones”, aseveró Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch.

La organización hizo un llamado a las autoridades ecuatorianas para que se aseguren de que “ninguno de estos líderes cumpla penas de prisión por cargos que no puedan fundamentar o que no se hayan probado ante un tribunal”.

Entre los proyectos mineros más grandes de la Amazonia están el denominado Mirador, en el que empresas de capitales chinos esperan extraer cobre, plata y oro, y Fruta del Norte, donde una empresa canadiense quiere extraer oro y plata.

Comisión de Fiscalización inicia trámite para juicio político a Carlos Baca

Quito.- Al amparo de los artículos 131 de la Constitución, 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización, en la sesión 029, inició el trámite del pedido de juicio político en contra de Carlos Baca Mancheno, fiscal General del Estado.

En efecto, con el voto favorable de 11 legisladores presentes, la mesa calificó a trámite la solicitud de enjuiciamiento y empezó la sustentación del mismo, luego de verificar el número de firmas requeridas y las correspondientes argumentaciones de los proponentes.

La comisión decidió, además, que dentro de las pruebas de oficio se unifiquen las diferentes propuestas encaminadas a recibir al Policía Dany Ibarra, a Renato González, jefe de la Unidad de Investigaciones, a fin de que informen sobre la elaboración del parte policial referente al audio difundido por el Fiscal General.

También se valorará el pedido para recabar la documentación de la sentencia ejecutoriada en Brasil por el caso Odebrecht en contra José Conciencao Santos y el dictamen absolutorio emitido en Ecuador al respecto.

Representantes de diversas bancadas parlamentarias oficializaron este pedido el pasado 16 de marzo, recogiendo el mandato del Pleno de la Asamblea, bajo la acusación de incumplimiento de funciones.

Procedimiento

Kharla Chávez, presidenta encargada de la comisión, anunció que inmediatamente se notificará a las partes, las que tienen 15 días para presentar las pruebas de cargo y de descargo.

Lamentamos este tipo de hechos bochornosos, que esperamos que no se vuelvan a repetir, más aún cuando generan cierta inestabilidad política. Vamos a llevar este proceso con absoluta responsabilidad y transparencia, garantizando, en todo momento, el legítimo derecho a la defensa, enfatizó.

Reiteró que el trabajo estará apegado a la Constitución y a la ley, al precisar que estará muy activa para que estos casos reciban una ejemplar sanción moral y política.

Veto a Ley de Declaraciones Juradas, en la agenda del Pleno para el martes

Quito.- El Pleno de la Asamblea Nacional se reunirá el martes de la próxima semana, a partir de las 09h30, con el propósito de conocer y resolver la objeción al proyecto de Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, según consta en la agenda de la sesión No. 377, convocada por la presidenta Gabriela Rivadeneira.

Para el efecto, los legisladores tendrán como base el informe no vinculante que, sobre el tema, elaboró y aprobó la Comisión de Participación Ciudadana, que sugiere allanarse a las observaciones, considerando que contribuyen a aclarar, precisar y complementar el sentido de las disposiciones del proyecto.

Entre las objeciones consta una disposición final que determina que la normativa entrará en vigencia en enero de 2017, en razón de que la Contraloría General de Estado debe implementar todo un sistema informático que permita que las declaraciones juramentadas que se realicen en el mismo tengan las correspondientes seguridades, para evitar errores, confusiones o duplicidad en la información a ingresarse, a fin de precautelar los derechos de los usuarios del sistema y así mismo cumplir los principios de publicidad y transparencia.

En ese contexto, la ley incorpora 2 modificaciones que el Presidente de la República sugirió efectuar al artículo 10 de la propuesta legislativa. Se trata de cambios sugeridos a los textos de la letra c) y segundo inciso de la letra i) del artículo 10 de la normativa mediante la cual todo funcionario público deberá emitir vía electrónica la declaración de bienes directamente ante el Contralor General del Estado.

Por un lado, en el artículo 10, la propuesta legislativa señalaba que parte de la información que irá en la declaración es la referente a las acciones o participaciones en sociedades o empresas, fundaciones nacionales o extranjeras, con el valor nominal y de mercado. Allí, el Ejecutivo planteó la unificación en la redacción con el artículo 11 debido a que se trata de dos conceptos diferentes.

Por otro lado, el segundo inciso de la letra i) de ese artículo, obligaba al servidor público a declarar el usufructo sobre aquellos bienes cuyos propietarios sean parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Desde el Ejecutivo se señaló que “no hay justificación alguna para limitar la declaración cuando se trate de un pariente, pues el declarante debería identificar cualquier usufructo del que esté gozando”.

El informe de la mesa legislativa emitido este 16 de marzo señala que “en forma acertada el análisis realizado por el Presidente de la República evidencia que existe una falta de concordancia entre el literal e) del artículo 11 y el literal c) del artículo 10, por lo que la redacción propuesta lo soluciona, de acuerdo a lo que recomienda la Técnica Legislativa”.

Indica también que la propuesta del Ejecutivo “contribuye a una mayor transparencia y control social, ya que mejora las posibilidades de detectar casos de testaferrismo, al incluir la obligatoriedad de declarar cualquier usufructo del que esté gozando, sin que se limite a hacerlo solo cuando se trate de parientes”.

En cuanto a la fecha de aplicación de la norma, la comisión encuentra válida la propuesta del Presidente de la República desde el punto de vista pragmático.

En la agenda de la sesión 377 también consta el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.