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Presidente Daniel Noboa pide la renuncia de Ministra Arrobo y declara en emergencia el sector Eléctrico

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Guayaquil, Guayas.- El Presidente de la República, Daniel Noboa Azin, solicitó la renuncia a la Ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo y declaró en emergencia el sector energético debido a los cortes eléctricos registrados en el país.

El Primer Mandatario también mencionó que no habrá más apagones y para contrarrestar este escenario se “cubrirá el 50 % de planilla del mes de abril de los hogares ecuatorianos”, estas afirmaciones las formuló la mañana del martes 16 de abril de 2024, en el marco de la entrega de becas y créditos para emprendedores.

Durante el anuncio, el presidente Daniel Noboa confirmó que se había iniciado una investigación por sabotaje en ciertas zonas y plantas eléctricas. En ese sentido, declaró que, si se confirmaban estos sabotajes antes de una consulta popular, se solicitaría a la Fiscalía y al Sistema de Justicia que apliquen todo el peso de la ley para investigar y procesar a los responsables.

“El pueblo ecuatoriano no puede pagar por la ineficiencia y corrupción de unos pocos miserables”, enfatizó. En este evento, el Presidente también se refirió a la salida de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo.

sr.andreaarrobo

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Asimismo, en redes sociales, informó sobre ”la conformación del Comité de Emergencia, liderado por mí, para resolver los problemas energéticos con capacidad, firmeza y extirpando la corrupción dentro del sector”.

A decir del Primer Mandatario, los problemas del sector energético en Ecuador en los últimos años no se deben a la falta de propuestas técnicas, sino a la incapacidad de ejecución y firmeza para combatir la corrupción enquistada.

Entrega de becas a emprendedores En el marco de Día Mundial del Emprendimiento, el presidente Noboa también entregó cerca de 1.000 becas para incentivar el emprendimiento en jóvenes. Asimismo, asignó USD 5,5 millones, a través de la Conafips, para que las cooperativas de ahorro y crédito de Guayas generen créditos productivos.

Además, se otorgaron 12 créditos destinados a fortalecer el ecosistema emprendedor mediante el programa Joven Emprende Ahora, impulsado por BanEcuador.

La ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, dijo: “Buscamos reconocer la labor de miles de hombres y mujeres que han decidido creer en sus capacidades apostarle al país y caminar con perseverancia hasta la consecución de sus objetivos”.

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Contraloría predeterminó la destitución de diez funcionarios del Municipio de Guayaquil

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Familiares de dos concejales y de la directora de recursos humanos del Municipio de Guayaquil ingresaron a trabajar en el cabildo. Las contrataciones contravinieron la prohibición de nepotismo establecida en la Ley Orgánica de Servicio Público, por lo que se predeterminó su destitución.

La Contraloría General del Estado (CGE) predeterminó la destitución de la ex alcaldesa de Guayaquil, la ex directora de recursos humanos del cabildo y de ocho funcionarios que estarían inhabilitados para ejercer cargos públicos en esa institución. El personal tendría relaciones de parentesco o afinidad con dos concejales urbanos en funciones y con la ex directora de recursos humanos del gobierno autónomo descentralizado.

Esta funcionaria habría contratado a su prima, cuñado y hermanos mientras ejerció como delegada de la máxima autoridad para suscribir contratos de servicios ocasionales y acciones de personal. Por su parte, la alcaldesa en funciones entre 2019 y 2023 contrató a los hermanos, la conyugue y la hija de los miembros del cuerpo colegiado municipal.

Estas personas habrían incurrido en la prohibición de nepotismo establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). La normativa prohíbe a toda autoridad nominadora contratar, en la misma entidad, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho. La prohibición se extiende a los parientes de los miembros de cuerpos colegiados o directorios

El organismo de control estableció las posibles sanciones administrativas como resultado del examen especial que ejecutó a la gestión del talento humano en el cabildo guayaquileño entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2023. La auditoría concluyó que no se implementaron los controles necesarios para evitar que se contrate a personal inmerso en las inhabilidades y prohibiciones para ejercer cargos públicos en la entidad.

En caso de confirmarse las destituciones, las personas sancionadas no podrán ejercer cargos públicos por dos años y, según lo establecido en el artículo 15 de la LOSEP, transcurrido ese periodo no podrán reingresar a trabajar en el Municipio de Guayaquil.

Debido proceso

A partir de la notificación, los posibles responsables cuentan con 30 días para presentar pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa. Luego del análisis de estos argumentos, la CGE podrá confirmar total o parcialmente las responsabilidades o no confirmarlas, según lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

 

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EL PRESIDENTE ENTREGA LEY PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO Y TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN PÚBLICA (DOCUMENTO)

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Quito.- La tarde de este lunes 15 de enero, el presidente de la República, Daniel Noboa Azin, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley “Para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública”. Esta iniciativa tiene carácter de económica urgente.

La normativa tiene como objetivo mejorar el procedimiento para extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad, y mejorar la transparencia y participación de proveedores en la contratación pública.

El proyecto ofrece propuestas para facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado; lo que a su vez permitirá desmantelar estructuras financieras de la delincuencia organizada, mermando su capacidad para cometer delitos y operar impunemente. La ley también busca evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública.

Descargue aquí la Ley de recuperación de activos Ley Orgánica de Urgencia Económica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública

Adicionalmente, la normativa plantea agilizar procedimientos en contratación pública, en casos emergentes. Por ejemplo, ahora que Ecuador afronta una situación emergente en seguridad, el proyecto de Ley permitirá optimizar los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios relacionados a la seguridad, permitiendo garantizar una respuesta estatal efectiva e inmediata.

Las reformas que simplifiquen y mejoren la contratación pública tienen impacto directo no solo en la lucha contra la corrupción, sino además en relación con el ahorro y austeridad en el gasto público para una correcta y eficiente ejecución del recurso público. En este proyecto de ley se han incluido primeros cambios; sin embargo, se continuarán evaluando reformas a nivel reglamentario, potestad directa del Presidente de la República.

Es necesario combatir a la delincuencia organizada en todos los espacios donde puedan obtener recursos para sus actividades delictivas

El presente proyecto de ley además tiene como finalidad contribuir al cuidado de los recursos públicos, a través de la contratación pública y la prevención de delitos relacionados.

La aplicación efectiva de la extinción del dominio y las reformas en contratación pública no solo tiene repercusiones legales, sino que también desempeña un papel crucial en la construcción de una sociedad más justa, segura y próspera, por lo que, las reformas propuestas para la Ley Orgánica de Extinción de Dominio buscan establecer un proceso judicial autónomo, directo, ágil e independiente que beneficie directamente a las arcas fiscales y alivie el costo de la administración de activos para el Estado.

En conclusión, la necesidad económica urgente de extinguir el dominio de bienes obtenidos de actividades delictivas en Ecuador busca: disuadir a infractores, reparar a víctimas y fortalecer la economía y el sistema financiero del país. Mientras que las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública buscan un mejor control y una mayor participación en la contratación pública.

Contraloría confirma responsabilidades civiles por USD 75 millones para ex funcionarios del Municipio de Quito

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Quito.- Producto del examen especial a la gestión de cobro de la cartera vencida en el Municipio de Quito, la Contraloría confirmó responsabilidades civiles por USD 75 millones. La resolución confirmatoria señala que los funcionarios del cabildo no gestionaron la recuperación de cartera vencida por impuestos y patentes.

La Contraloría General del Estado (CGE) confirmó responsabilidades civiles por USD 75’480.927, en contra de nueve ex funcionarios del Municipio de Quito, debido a que, en sus periodos de actuación, no iniciaron juicios coactivos para recuperar la cartera pendiente.

La resolución confirmatoria señala que transcurrieron más de cinco años desde que se originaron las obligaciones (2011 a 2016), por lo que el plazo para la acción de cobro está prescrito, según lo dispuesto en el artículo 55 del Código Tributario. Esto ocasionó la disminución de los recursos del cabildo por el valor de la responsabilidad civil.

Las glosas se determinaron para exfuncionarios directivos, ex directores financieros y ex tesoreras metropolitanas, como resultado del examen especial a la gestión de cobro de la cartera vencida y su recuperación, efectuada entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2020, por obligaciones tributarias y no tributarias, en la Dirección Metropolitana Financiera.

La acción de control, ejecutada por la unidad de auditoría interna del municipio capitalino, se realizó con el fin de determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la veracidad, propiedad y registro contable de las operaciones, administrativas y financieras, relacionadas con la gestión de cobro de la cartera vencida y su recuperación.

Instancias de revisión

Los exfuncionarios responsabilizados tienen el derecho de impugnar este acto administrativo en la Contraloría General del Estado, solicitando un recurso de revisión o por la vía judicial, en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.