Ecuador y España completan una conversión de deuda por 54 millones de dólares

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Quito.- (EFE).- Ecuador y España culminaron este viernes su programa de conversión de deuda, que le ha permitido al país andino destinar 54 millones de dólares que debía al Estado español con miras a financiar 36 proyectos de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones vulnerables.

Con ese dinero, que en un principio Ecuador debía emplear para saldar su deuda externa con España, se construyeron escuelas y albergues, se dotó de centros científicos y tecnológicos a varias universidades y se reconstruyó infraestructura médica dañada por el terremoto de 2016.

Como colofón de este programa iniciado en 2005, se destinaron 110.000 dólares en la compra de vacunas contra la polio trivalente para el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Durante el acto celebrado en Quito, que sirvió para poner punto final a este programa de canje de deuda, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Juan Carlos Holguín, manifestó públicamente el deseo del Gobierno ecuatoriano de firmar un nuevo acuerdo similar con España.

«Cuando algo es exitoso, tiene que continuar. Este no es el cierre de un proyecto, sino el inicio de un análisis que nos permita construir en conjunto mejores oportunidades para nuestro país, y sobre todo saber que los recursos de nuestros países están bien administrados y generan bienestar y oportunidades», señaló Holguín.

«Tenemos más escuelas por construir, campos por regar, capacitaciones por impartir, microempresas que impulsar, vacunas que poner y quisiera que este sea un punto medio en una relación histórica de nuestros países que hoy están en su mejor momento», agregó.

Además de Holguín, en el acto también participaron el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, y la embajadora de España en Ecuador, Elena Madrazo.

Asimismo, asistieron los titulares ecuatorianos de los ministerios de Economía y Finanzas, Simón Cueva, y de Salud Pública, Ximena Garzón; el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz-Granados, y el rector de la Universidad Técnica de Ambato, Galo Naranjo.

PROYECTOS EN CASI TODO ECUADOR

En su intervención, el secretario del Tesoro español coincidió en calificar de éxito ese programa de conversión de deuda, al que prefirió referirse como «un programa de coinversión», donde durante 17 años «se ha ido forjando una sólida colaboración tanto a nivel técnico y empresarial como institucional».

Cuerpo destacó, especialmente, la extensa cobertura geográfica del proyecto al abarcar iniciativas en 20 de las 24 provincias de Ecuador y en 72 de los 221 cantones (municipios) del país, a lo que se suma el tamaño de los proyectos, «suficiente como para suponer un cambio cualitativo importante».

Otro factor de éxito del programa ha sido, según el responsable español, «priorizar áreas destinadas a fortalecer tanto la resiliencia como el desarrollo a largo plazo, en especial el capital humano como vector principal del desarrollo», desde las escuelas hasta las universidades.

En ese sentido, la embajadora española resaltó la capacidad de los proyectos para llegar al día a día de la gente, desde sistemas de información que adviertan a la población de sismos o erupciones volcánicas, a centros sanitarios de barrio recuperados.

CUATRO FASES

El programa se dividió en cuatro fases y estuvo administrado por un comité binacional encargado de escoger el destino de los fondos y constatar su correcta ejecución.

La primera fase tuvo una dotación de cerca de 22 millones de dólares para financiar 22 proyectos de educación, entre ellos, uno de la organización Fe y Alegría por valor de 1,6 millones de dólares para educación integral de sectores empobrecidos.

En la segunda fase se destinaron casi 10,4 millones de dólares para dos proyectos del Ministerio de Educación que permitieron construir 14 albergues en tres provincias de la costa sur de Ecuador y tres escuelas en la frontera norte.

Para la tercera, se emplearon más de 11,4 millones de dólares en dotar a centros científicos y tecnológicos de diversas universidades, así como para el fortalecimiento del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y la ampliación y modernización del Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología.

La cuarta y última fase sirvió para invertir más de 8,4 millones de dólares en proyectos de investigación e innovación derivados de la tercera fase, y en reconstruir 43 centros de salud perdidos por el terremoto de 2016, que afectó severamente a las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas y causó 673 muertos.

Wall Street cierra con triple récord mientras la geopolítica le da un respiro

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Nueva York.- (EFE).- Wall Street cerró este jueves con tres nuevos récords después de que las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos se hayan tomado un respiro y tras la confirmación de que el viceprimer ministro chino, Liu He, acudirá a Washington la próxima semana para firmar la primera fase del acuerdo comercial.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales subió un 0,76 % o 218,07 puntos, hasta un máximo histórico de los 28.963,43 enteros; y el S&P 500 avanzó un 0,67 % o 21,65 puntos, hasta 3.274,70.

El índice del mercado compuesto Nasdaq, que aglutina a importantes empresas tecnológicas, progresó un 0,81 % o 74,18 puntos, hasta los 9.203,43.

Todos los sectores cerraron en terreno positivo, con especial empuje del tecnológico (1,13 %), el financiero (0,77 %), el energético (0,76 %) y el de productos esenciales (0,73 %).

Los inversores han recibido con ánimo la confirmación de que el viceprimer ministro chino, Liu He, volará hasta Estados Unidos para sellar lo anunciado el pasado diciembre y culminar la fase uno del acuerdo comercial entre ambas potencias.

Además, también han tranquilizado al Dow las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a primera hora de la mañana.

Trump afirmó que no creía que el accidente de una aeronave comercial ucraniana en Irán en la madrugada del miércoles fuese una cuestión de disfunción mecánica atribuible a la fabricante del modelo, Boeing, como después se ha confirmado.

Al parecer, el accidente, que provocó 176 muertes, fue provocado por el impacto de un misil iraní que parece «no deliberado», según dijo Justin Trudeau, presidente de Canadá, país de origen de 63 de los fallecidos.

A pesar de estos acontecimientos, los mercados perciben que la rebaja de las tensiones entre Irán y Estados Unidos podría ser definitiva o por lo menos alargarse durante un tiempo.

Mientras tanto, Wall Street ya tiene la vista puesta en el hito de los 29.000 puntos del Dow mientras algunos analistas apuntan con prudencia a una posible desaceleración tras un año 2019 de récords.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones predominaron las ganancias, especialmente las de Apple (2,12 %), cuyas acciones fueron espoleadas por los datos de ventas de su iPhone 11 en China durante el mes de diciembre.

También cerraron en verde compañías como Goldman Sachs (2,04 %), Coca Cola (1,82 %), American Express (1,81 %), Home Depot (1,53 %) y Boeing (1,50 %), que se recupera tímidamente de las pérdidas cosechadas en la sesión anterior tras el accidente de su avión en Irán.

En rojo volvió a destacar el descenso de Walgreens (-2,06 %), que sigue acusando los malos datos de sus resultados trimestrales.

También cerraron a la baja Dow Inc (-1,02 %), United Health (-0,57), Pfizer (-0,44 %), Cisco (-0,42 %), Verizon (-0,41 %) o Walt Disney (-0,39 %)

En otros mercados, el petróleo de Texas cedió un leve 0,2 %, hasta 59,56 dólares; y al cierre de Wall Street, el oro bajaba hasta 1.552,40 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendía al 1,862 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,1104.

Tres años después, un «brexit» abrupto más cerca que nunca

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Londres.- (EFE).- En el tercer aniversario del referéndum del «brexit», que cambiaría para siempre el destino del Reino Unido, el país se encuentra a escasas semanas de estrenar nuevo primer ministro y con el horizonte puesto en el 31 de octubre, fecha en la que, por defecto, romperá abruptamente con la Unión Europea (UE).

Un divorcio a las bravas que se consumará a no ser que el nuevo jefe del Gobierno -puesto que se disputan los conservadores Boris Johson y Jeremy Hunt- pida una nueva prórroga a Bruselas, consiga renegociar el acuerdo de salida y que el Parlamento lo apruebe o, en última instancia, se cancele el «brexit».

La opción de cambiar los términos del pacto se antoja remota después de que el pasado viernes los Veintisiete reiteraran su negativa a reabrir las negociaciones en ese sentido con el nuevo primer ministro.

Además, Johnson a la cabeza de todas las encuestas para hacerse con las llaves de Downing Street a pesar del incidente doméstico que salió a la luz este fin de semana, ha dejado clara su voluntad de que el Reino Unido salga del bloque comunitario la víspera del Día de Todos los Santos, con o sin pacto con los Veintisiete.

La pregunta es, si todos los expertos coinciden en lo dañino de ese escenario para la economía y política británica, ¿por qué Johnson parece no temer ese desenlace?

La opinión del analista de la Universidad inglesa de Surrey Simon Usherwood es que el antiguo alcalde de Londres y exministro de Exteriores no cree que el perjuicio «vaya a ser tan malo como pronostican».

«Reconoce que será problemático pero no el fin del mundo y que merece la pena», explicó a Efe.

Para Usherwood se trata además de «una estrategia» porque Johnson piensa que «si el Reino Unido muestra que está dispuesto a salir sin acuerdo demuestra que es un negociador más duro y eso ayudará a que la UE varíe su posición actual».

Unos planteamientos que, sin embargo, al experto no le parecen «realistas» y coincide con el catedrático de la Universidad Queen Mary de Londres Tim Bale en un pronóstico poco alentador de producirse esa ruptura a las bravas.

«Nadie sabe realmente cómo de malo será pero, será malo. Se crearán terribles colas en los puertos. Las fábricas, las tiendas y las farmacias sufrirán desabastecimientos. Subirán los precios. En resumen, es probable que experimentemos el caos, al menos en el corto plazo», sostuvo Bale en un entrevista con Efe.

Según la profesora de Políticas de la Universidad de Edimburgo Nicola McEwn los efectos políticos podrían llegar al punto de desencadenar la desintegración del Reino Unido, con Escocia e Irlanda del Norte reverdeciendo sus movimientos independentistas.

Con todo, la docente no termina de imaginar que un «no acuerdo» pueda realmente existir.

«Si el Reino Unido sale sin un consenso, es inconcebible que el Gobierno británico no querría después negociar una futura relación comercial tan rápido como fuera posible», señaló.

«En ese contexto, todos los temas que están incluidos en el acuerdo volverían inmediatamente a estar encima de la mesa», concluyó.

Si el Reino Unido sale sin un tratado eso quiere decir que no existirá ningún tipo de periodo de transición ni pacto previo entre ambos lados del Canal de la Mancha que mitigue el efecto de romper abruptamente con los acuerdos e instituciones comunitarias.

El país saldría automáticamente del mercado único y de la unión aduanera, acuerdos diseñados para promover y ayudar al comercio entre miembros de la UE y para eliminar los controles y aranceles.

Bajo los términos del documento que negoció Theresa May con Bruselas, habría un periodo de transición de 21 meses a contar desde la salida efectiva del bloque durante el cual el Reino Unido mantendría parte de su estatus mientras ambas partes negociaban un acuerdo comercial.

Respecto a la llamada salvaguarda irlandesa, un mecanismo incluido en el documento sellado entre Londres y los Veinsiete para asegurar la invisibilidad de la barrera entre las dos Irlandas, clave para sus economías y el proceso de paz, no existiría.

Los defensores de una ruptura abrupta sostienen que una solución tecnológica podría mantener invisible esa frontera, pero los juristas europeos consideran que se seguirían necesitando algunos controles fronterizos.

La incógnita de quién será el nuevo «premier» será desvelada la semana del 22 de julio, momento en el que arrancará la recta final del Reino Unido dentro de la UE. Un tiempo en el que tendrán que terminar de desvelarse las otras muchas incógnitas que siguen rodeando al «brexit» tres años después.

Paula Baena Velasco

Bolsonaro entregará al sector privado la concesión de puertos, aeropuertos y trenes

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(Por. El Clarín).- El flamante presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comenzó a revelar algunos de los lineamientos económicos que adoptará su gobierno. Volcado con fuerza hacia la ortodoxia liberal, el mandatario anunció ayer un abanico de privatizaciones que incluirá aeropuertos, puertos y ferrocarriles por valor de 1.800 millones de dólares. El objetivo es ambicioso: reducir en parte el enorme endeudamiento público del gigante sudamericano.

El anuncio lo hizo el propio Bolsonaro a través de su cuenta en Twitter, un método que parece haber tomado de su par estadounidense Donald Trump, y tuvo buena acogida en los mercados.

“Rápidamente atraeremos inversiones iniciales en torno a los 7.000 millones de reales (1.837 millones de dólares al cambio actual), con concesiones de vías férreas, 12 aeropuertos y 4 terminales portuarios”, escribió Bolsonaro en la red social. “Con la confianza del inversor, bajo condiciones favorables a la población, rescataremos el desarrollo inicial de la infraestructura de Brasil”, concluyó.

La cesión a la iniciativa privada de las infraestructuras que Bolsonaro pretende incluir en su primer programa de concesiones comenzó a ser analizada por el gobierno del ex presidente Michel Temer, por lo que ya hay estudios adelantados para los proyectos. El mandatario saliente lanzó un ambicioso plan de privatizaciones en 2017 que pretendía recaudar 12.700 millones de dólares, aunque nunca se concretó del todo.

Ahora Bolsonaro retoma el plan para devolver así la confianza a los inversores y, además, atraer recursos privados que mejoren la deficitaria infraestructura de transportes de Brasil.

La crisis en infraestructura del país tuvo su momento de mayor pico con el cese de obras de gran porte a raíz de la Operación Lava Jato, que descubrió una red de décadas de sobornos y de cartelización de empresas en torno a la obra pública en Brasil, con firmas gigantes como Odebrecht y Camargo Correa en el centro del escándalo.

El programa electoral de Bolsonaro prometía “reducir la deuda pública 20% mediante privatizaciones, concesiones” y la venta de propiedades públicas. El tuit de Bolsonaro confirma que la prioridad en este plan privatizador lo tendrán las compañías ligadas a las infraestructuras de transportes.

Mirá también: Brasil: purga en los ministerios contra funcionarios «comunistas»

Entre los principales desafíos del nuevo gobierno está la reducción el abultado agujero fiscal en las cuentas públicas de Brasil -que en 2018 cerrarán en rojo por quinto año consecutivo- y el control de la deuda bruta, equivalente al 77,3% del PBI, cuando en 2014 rondaba apenas el 50%. Con el objetivo de recomponer la situación de las arcas públicas, el gobierno actual da paso ahora a la venta de empresas estatales.

Hasta hace poco Bolsonaro se encuadraba como un nacionalista típico, especialmente por su formación militar, y era antagónico a las propuestas liberales privatizadoras. Inclusive había sido muy duro con el ex presidente Fernando Henrique Cardoso por su programa de privatizaciones de los 90.

En este cambio tuvo mucho que ver el ultraliberal Paulo Guedes, actualmente ministro de Economía y hombre fuerte del Gabinete. Formado en la Universidad de Chicago y seguidor de Milton Friedman, propone dejar en manos privadas la mayoría de las empresas públicas brasileñas.

Guedes ya había adelantado el miércoles pasado que “los pilares” de su gestión serán la reforma del sistema de jubilaciones, las “privatizaciones aceleradas” y la “simplificación tributaria”. “Brasil tiene que vender activos”, afirmó el superministro, argumentando que esta medida servirá para bajar la abultada deuda pública.

Sin embargo, no hay homogeneidad total en el Gabinete de Bolsonaro. El mandatario cuenta en su equipo con varios militares que podrían representar un contrapeso al liberalismo desacomplejado de Guedes. “Bolsonaro tiene un grupo civil y otro militar. El civil, con los ‘Chicago Boys’, tiene un deseo privatizador. Pero el núcleo militar le da un valor estratégico a algunos activos del país”, explica André Perfeito, economista de la consultora Spinelli.

Además de los aeropuertos, puertos y ferrocarriles anunciados, hay renombradas empresas brasileñas que están orbitando el círculo privatizador, aunque aún no están definidas. La estrategia de Guedes es abarcar la mayor cantidad posible, incluyendo joyas estatales como la compañía de electricidad Electrobras y la petrolera Petrobras, que hasta ahora eran intocables.

Pero Bolsonaro ya le marcó el terreno al asegurar que Petrobras puede ser privatizada “en parte”, pero que no se tocará su negocio principal de explotación de crudo.

Los bancos estatales Banco do Brasil y Caixa Económica quedan también fuera del paquete privatizador porque se trata de entidades que cubren sectores como créditos inmobiliarios, agrícolas o a población de baja renta.

No obstante, los especialistas recuerdan que Guedes buscará por todos los medios impulsar su plan de saneamiento de las cuentas públicas para devolver a Brasil al “grado inversor” de las agencias calificadoras de riesgo. “Creo que Guedes va a hacer una planilla con todo lo que necesita privatizar y va a salir a negociar, una por una”, señala Perfeito.

En la lista de próximas privatizaciones fueron mencionadas la firma que actúa como agente de bolsa del Banco do Brasil, la tecnológica Serpro y la empresa de Correos, que alguna vez fue considerada estratégica en Brasil.

El martes se entrega el documento final de los consensos para el Acuerdo Nacional de Gobernaabilidad

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Quito.- Al cierre del taller de trabajo para concretar propuestas fundamentales en torno al Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, la directora del Centro de Competitividad e Innovación, Nathalie Cely, que fue la encargada de coordinar este encuentro, anunció que hasta el próximo martes entregará a Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, el documento final con los consensos alcanzados en las mesas temáticas sobre Economía, Competitividad, así como Sociedad y Democracia.

En la plenaria, los representantes de cada una de estas mesas expusieron las propuestas de solución a los diferentes problemas que afronta el Ecuador. En el caso de la mesa de Competitividad, teniendo como prioridad bajar los costos del capital e incrementar el nivel de inversión, se propuso emprender en una reforma al Código Orgánico Monetario y a la Ley de Mercado de Valores, e iniciar inmediatamente una promoción para incrementar el nivel de bancarización, una mejora y una campaña para generar atracción a la banca internacional y las inversiones financiera externas.

Respecto de la institucionalización, consideraron necesario reformar la ley vigente o crear un Consejo Productividad, Innovación y Copetitividad, que incluya un voto fuerte del sector privado, porque al momento el sector productivo no cuenta con voz para incidir en las políticas estatales y que, así mismo, esté integrado con un representante de la Academia, como ente asesor o de acompañamiento para el análisis y formulación de dichas políticas.

Mientras, desde la mesa de Sociedad y Democracia se planteó como problema una institucionalidad débil, sin políticas a largo plazo y, sobre todo, que no es reconocida como confiable, por la falta de independencia. Ante esto, la solución más adecuada sería garantizar independencia tanto en el origen, como en el caso de los organismos de control, cuanto en su funcionamiento.

De manera colateral, la propuesta se enfoca hacia logar una adecuada política administrativa, así como a la consecución de mecanismos permanentes de transparencia, porque solo de esta manera el ciudadano sabe lo que hacen las instituciones en su beneficio y pueden ejercer un rol de veeduría.

Sobre el fortalecimiento de la democracia, lo fundamental sería consolidar el régimen de partidos políticos, con estructuras fuertes, que cultiven internamente el ejercicio democrático para la selección de sus candidatos a las distintas dignidades de elección popular.

Estas y otras conclusiones serán sistematizadas y se emitirá un documento final, con la firma de todos los participantes, a fin de que sen acogidas por las instancias públicas pertinentes.

En esta semana la Asamblea analiza la proforma 2019 y foro sobre eficiencia energética

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Quito.- El Pleno debatirá en los próximos días la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2019 y su programación cuatrianual 2019-2022, que asciende a 31.318 millones de dólares y estima un precio promedio del barril de de petróleo de 58,29 dólares, un crecimiento del PIB de 1,43%.

La Proforma ingresó al Parlamento el miércoles 31 de octubre. A partir de esa fecha, la Asamblea cuenta con 30 días para aprobarla, es decir, hasta el viernes 30 de noviembre de 2018.

En otro orden, el miércoles 28 de noviembre, la Comisión de Desarrollo Económico conjuntamente con el Grupo Parlamentario de Energía, Desarrollo y Medio Ambiente, realizará el Foro “Eficiencia Energética y Legislación para el Desarrollo. Ese mismo día, desde las 08h30 se realizará la Feria de Eficiencia Energética, en los exteriores del Salón de Uso Múltiple, de la Sede Legislativa.

A la Comisión de Soberanía Alimentaria acudirán representantes de organizaciones sociales, entre ellas de Ecuarunari, del Consejo de Pueblos y Organizaciones Evangélicas del Ecuador (Feine), Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinos del Ecuador (FEI,) Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), Confederación Nacional Campesina Eloy Alfaro y organizaciones pesqueras.

El propósito es recoger observaciones a los proyectos de Ley de Semillas, Tierras, Fomento Agropecuario, Recursos Hídricos. Esta actividad se realizará el miércoles 27 de noviembre donde también los parlamentarios proseguirán el estudio de las reformas a la Ley del Banano y Otras Musáceas.

La Comisión de Derechos Colectivos continuará receptando observaciones a las reformas a la Ley de Comunicación. En esta oportunidad, los parlamentarios escucharán a la ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien además se referirá a los procesos de calificación de personas con enfermedades catastróficas; la gerente de Medios Públicos, Martha Moncayo, explicará la desvinculación laboral en Radio Pública. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma se referirá a las acciones administrativas establecidas por concepto de despidos en medios de comunicación. Ellos acudirán el miércoles 27 de noviembre.

Régimen Económico iniciará un proceso de fiscalización respecto del reglamento de control y regulación de la cadena de producción de leche y sus derivados, así como su incidencia en el sector productor lechero. La Comisión invitó a Francis Abad, representante de la Federación Nacional por la Leche; Pablo Carranza, ganadero de Tungurahua; Xavier Lazo, ministro de Agricultura; Pablo Campana, ministro de Producción y Competitividad.

La Comisión de Relaciones Internacionales se reunirá este lunes 26 de noviembre, a las 15:00, para aprobar el plan de trabajo del proyecto de Ley de Código Orgánico de Seguridad Integral del Estado, presentado por el presidente de la República, Lenín Moreno, que busca definir la estructura, organización y funcionamiento del Sistema de Seguridad del Estado.

El objetivo de este proyecto es garantizar por parte del Estado la soberanía e integridad territorial, la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y libre de violencia, la protección del ser humano y la naturaleza frente a amenazas de origen natural o antrópico, coadyuvando al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales. Para tratar este tema, la comisión invitará al ministro de Defensa Nacional, Oswaldo Jarrín.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado tiene previsto recibir este lunes 26, a las 17:00, a académicos para que den sus criterios sobre el proyecto de Ley Anticorrupción y Protección del Denunciante, de iniciativa del Ejecutivo que busca erradicar y combatir la corrupción.

La Comisión de los Derechos de los Trabajadores continuará el tratamiento de las reformas al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Tiene previsto recibir a David Ruales, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social quien expondrá sus criterios sobre esta propuesta legal. En cambio, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma informará la situación de los trabajadores del transporte.

La Comisión Educación revisará el articulado del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, a fin de preparar el informe para primer debate. La mesa de Salud, recibirá al Ministro de Economía, Richard Martínez, quien explicará las condiciones técnicas, jurídicas y constitucionales en las que se apoyó la Cartera de Estado para proponer la reducción del presupuesto en el área de salud; y, la Ministra de Salud, Verónica Espinosa explicará por qué no se ejecutó la totalidad del presupuesto asignado en el año 2018 y cuáles son los planes y programas que se van a desarrollar en el 2019.

La de Gobiernos Autónomos prosigue el tratamiento de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

La Comisión Ocasional para Atender Temas y Normas de Niñez se reunirá el martes 27 para conformar subcomisiones. Esta comisión tiene como objetivo reformar de forma integral el Código de la Niñez y Adolescencia. Para ello tiene como insumos 27 proyectos de ley.

En cambio, la Comisión Ocasional que estudia las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se reunirá el miércoles 28 de noviembre, a las 08:00, para recibir observaciones a esta normativa. Invitó a Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip); Nelson Cabrera, de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador (Fenacotrali); Nelson Chávez, de la Federación Nacional de Transporte Terrestre (Canastrape); y, a representantes de la Cámara Nacional de Transporte Pesado.