EL ALTO COMISIONADO INSTA A GUATEMALA A LIBERAR A LA EXFISCAL ANTICORRUPCIÓN VIRGINIA LAPARRA

(Redacción LA ONU).- El responsable de velar por los derechos humanos expresa su preocupación por la falta de garantías del debido proceso contra la funcionaria, quien permanece en arresto domiciliario tras haber sido liberada de la cárcel esta semana.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó este viernes su preocupación por que el proceso penal en contra de la exfiscal anticorrupción del Ministerio Público de Guatemala, Virginia Laparra, no haya cumplido con las garantías del debido proceso y que, en consecuencia, su detención durante cerca de dos años haya sido arbitraria.

“Debería ser liberada incondicionalmente”, afirmó Volker Türk en una declaración a la prensa.

Laparra fue liberada esta semana de la cárcel, pero continúa en arresto domiciliario.

Persecución de funcionarios judiciales

El máximo responsable para los derechos fundamentales también manifestó preocupación debido al incremento de la criminalización en contra de personas operadoras de justicia durante los últimos doce meses en Guatemala, alertando de que socava la independencia del poder judicial y el Estado de derecho en el país.

Türk aseveró que debe cesar la intimidación, el hostigamiento, el procesamiento y la persecución de quienes luchan por la rendición de cuentas en los casos de violaciones de derechos humanos y de los que investigan casos de corrupción. Todas esas formas de acoso son reprensibles y deben terminar, apuntó.

En este contexto, reiteró su llamado a las autoridades guatemaltecas para que refuercen y garanticen la independencia del sistema judicial, y para que brinden la protección necesaria a las personas operadoras de justicia.

Uso excesivo de la prisión preventiva

Virigina Laparra Rivas fue puesta en prisión preventiva por los procesos penales rque emprendió en su labor como fiscal de Quetzaltenango.

Según la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite los procesos contra Laparra se han caracterizado por violaciones al debido proceso, incluyendo retrasos indebidos y uso excesivo de la prisión preventiva, todo ello en condiciones que pueden poner en riesgo su salud y seguridad.

Cuando Laparra fue encarcelada, Satterthwaite enfatizó que se estaba “abusando del derecho penal para atacar a los servidores públicos”, y recordó “que un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones legales y que los fiscales no deben ser criminalizados por cumplir sus funciones en la lucha contra la corrupción”.

 

Prohíben salida de exfuncionario de Guatemala por incendio

(Por. Associated Press).- Un juez prohibió el sábado que salga de Guatemala el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, como medida preventiva mientras se investiga el incendio en un hogar de menores bajo su responsabilidad jerárquica en el que murieron 39 niñas y jóvenes.

La vocera de la fiscalía, Julia Barrera, confirmó la prohibición y dijo que lo que se pretende «es su permanencia en el país mientras se investiga».

La presidencia confirmó que aceptó la renuncia presentada por Rodas el viernes por la noche. También se prohibió la salida del país de varios trabajadores del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La institución se incendió el miércoles luego de una revuelta de menores aquejadas por abusos. Según testimonios recibidos por la fiscalía y funcionarios, el fuego fue iniciado por internas que protestaban por los abusos recibidos y se agravó porque estaban encerradas bajo llave.

El Hospital Roosevelt informó de la muerte de dos niñas el sábado, lo que se suma a los 37 decesos reconocidos en la víspera por el gobierno.

Unas tres mil personas se manifestaron el sábado frente al Palacio Nacional para exigir justicia por la muerte de las niñas. Al grito de «¡justicia!» los inconformes contaron hasta 39 en forma simbólica por las fallecidas. «Nos faltan 39», decían.

El presidente Jimmy Morales dijo el viernes en una entrevista televisiva con la cadena CNN En Español que las niñas estaban encerradas porque «se quería evitar una tragedia».

Previamente ese día, el mandatario reconoció en conferencia de prensa que «el Estado de Guatemala es responsable de la tragedia sucedida», ya que todas las instituciones estatales a cargo de los menores tienen cierta responsabilidad.

El Estado mantenía internados en el lugar a por lo menos 600 menores, entre niñas y varones. Desde el 2015 la Procuraduría de Derechos Humanos y organizaciones defensoras de la niñez habían denunciado vejámenes a los menores en el lugar que incluían abusos sexuales, físicos y psicológicos. La fiscalía investiga una denuncia de trata con fines de prostitución en el lugar.

Cansados de maltratos y vejaciones los menores optaban por fugarse, como el martes, un día antes del incendio. Al ser recapturadas, las niñas habrían prendido fuego a colchonetas como forma de protesta, fuego que se expandió y dejó 19 muertas en el lugar. Las otras 19 murieron en hospitales.

La mayoría de los familiares dicen que las niñas estaban ahí por malos comportamientos o rebeldías propias de la edad.

Claudia Tecún lloraba el viernes a la entrada del Hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala. Su hija Noemi, de 17 años, recibía tratamiento por quemaduras que cubrían el 70% de su cuerpo y los doctores no le daban muchas esperanzas de vida.

Familiares y amigos empezaron a sepultar el viernes a las menores fallecidas. Siona Hernández García fue una de las primeras menores del albergue en ser enterrada. Un ataúd blanco, como se acostumbra para los niños, guardó sus restos y fue depositado en un humilde nicho del Cementerio General, en la capital guatemalteca.

Carlos Soto, director del Hospital San Juan de Dios, dijo el viernes a la AP que médicos especialistas estadounidenses llegaron desde Galveston, Texas, para ayudar evaluar a las menores y apoyar en su tratamiento, y confirmó que la Procuraduría General de la Nación consiguió visas humanitarias para ocho de ellas, con la intención de que sean trasladadas a Estados Unidos para ser atendidas.

Soto dijo el sábado que se espera que el fin de semana al menos cuatro niñas quemadas viajen a territorio estadounidense. Indicó que las menores presentan quemaduras en el rostro, el torso y las piernas, incluso algunas con pérdida de pulso en sus extremidades.

Esmeralda Argueta era vecina de Ana Roselia Pérez Junay, de 14 años, que murió tras el incendio. Argueta cuenta que acompañó a los padres de la niña desde una aldea en el departamento de Chimaltenango a la ciudad.

«Estaban muy asustados», dice. «Desde el martes fuimos a hospitales y luego a la morgue; no nos daban razón de ella. Hoy nos llamaron para decirnos que la niña estaba entre las muertas».

Hace dos años un juez les quitó a los padres a sus siete hijos, incluida Ana Roselia, por una denuncia de malos tratos que hizo una persona, cuenta la vecina.

«La última vez que vimos a la Chela (como le decían de cariño a la niña) fue hace dos meses, cuando se escapó del Hogar, donde estaba desde hace dos años», relató la vecina. «Son muy pobres, pero aunque sean pobres les daban de comer a sus hijos, no los dejaban. Decían que los maltrataban, pero no era así».

«Ella (la menor fallecida) decía que en el hogar (del Estado) les pegaban. Ya no quería estar ahí, tenía dos meses que la habían recapturado porque se había escapado con otras niñas», contó Argueta.

El Estado ha decidido pagar los entierros y servicios funerarios de las menores.

«Que no crean que porque nos dan una caja o la llevan al cementerio ahí termina todo. No, aquí debe haber justicia», afirma.

Geovany Castillo relató el jueves a la AP que su hija de 15 años, que sufrió quemaduras en la cara, brazos y manos, le contó que «el lugar estaba cerrado con llave, que entre varias niñas derribaron la puerta… Que se salvó porque puso una sábana mojada sobre ella».

El agricultor de 33 años agregó que «me dijo que sus compañeras le contaron que ahí las violaban y en protesta se escaparon y luego en protesta, para llamar la atención, les prendieron fuego a las colchonetas».

Y aunque Morales ha reconocido que el sistema de protección estatal a menores «es un sistema rígido que se vuelve insensible», y ha prometido reformarlo para proteger a 1.500 niños que están en centros públicos en todo el país, muchos levantan la voz y exigen justicia por la muerte de las jovencitas.

Morales ha reconocido que la situación ha puesto en un momento crítico a su gobierno.