Jueza prohíbe a activista ‘utilizar medios informáticos’ (video)

Quito.- (Redacción Fundamedios).- El matemático, activista y bloguero Bolívar Loján fue prohibido de utilizar medios informáticos como parte de una medida cautelar dictada en el marco de un proceso judicial que se sigue en su contra, por el supuesto de delito de perjurio. El delito se habría cometido en la participación de Loján como testigo en el proceso que siguió el alcalde Loja, José Bolívar Castillo, contra la concejala Jeannine Cruz, por supuestamente haber “proferido expresiones de descrédito o deshonra” en redes sociales.

Es el mismo alcalde de Loja quien plantea la acción en contra del activista, quien podría enfrentar una pena de cárcel de hasta tres años, según el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. el cual establece que la persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años; cuando lo hace sin juramento, cometa falso testimonio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

En ese contexto y como parte de la instrucción fiscal, la Jueza Gladys Sarango prohibió a Loján utilizar “medios informáticos”, término amplio y ambiguo que abarcaría cualquier equipo tecnológico, desde un celular inteligente, una computadora, hasta un cajero de banco.

La medida también prohíbe al activista “hacer referencia o agredir al señor José Bolívar Castillo Vivanco”, asistir a las sesiones del Cabildo, acudir a las instalaciones del Municipio, particularmente, al despacho del Alcalde Castillo. Tampoco podrá enajenar bienes, ni salir del país y tiene la obligación de presentarse cada 10 días en la Fiscalía.

En diálogo con Fundamedios, Loján aseguró que están restringiendo sus derechos como ciudadano y apuntó que la medida que más le afecta es la prohibición del uso de medios informáticos, puesto que esto puede influir en todos los ámbitos de la vida moderna, pero sobretodo, en su libertad de expresión, ya que esta prohibición incluye el uso de redes sociales, el poder actualizar su blog y hasta promocionar sus emprendimientos desde su canal en Youtube o vender libros de matemáticas en Amazon, que son su fuente de subsistencia. “Es muy grave que a una jueza se le haya podido ocurrir una prohibición tan sui generis y poner un tema tan amplio y ambiguo. Están buscando una pega para que apenas haga una cosa, puedan meterme preso”, apuntó el activista.

En ese sentido la defensa del activista pedirá una aclaración a la medida mencionada, puesto que se entiende que esta se dio principalmente para evitar que Loján se exprese en redes sociales, en donde ha sido muy crítico con la gestión del Alcalde. El activista explicó que durante la audiencia, el fiscal solicitó que se le prohiba el uso de redes sociales. Sin embargo, la jueza incluyó un tema más amplio que, a su criterio, podría sentar un precedente nefasto para callar a quien quiera expresarse a través de estos medios.

Loján, quien es conocido como “El Supercuy”, ya ha sido amenazado por sus expresiones en su blog y en redes sociales. El pasado 7 de octubre de 2014, recibió una amenaza por parte de desconocidos, quienes arrojaron el cadáver de un perro apuñalado, junto a una nota en donde se insinuaba que su vida corría peligro.

Loján mantiene un blog y una radio online con el nombre http://cuydelvalle.blogspot.com/ y, en redes sociales se identifica bajo el pseudónimo de “Super Cuy del Valle”. Cuy es el nombre en quichua del conejillo de indias. Desde todas estas plataformas digitales y otros blogs que maneja como el de http://prometeoslojanos.blogspot.com Loján hace denuncias de temas diversos y ha asegurado haber sido muy crítico con la gestión del actual alcalde de esa ciudad, Bolívar Castillo.

Ramiro Cueva: “Nos acogemos al derecho a la resistencia”

El Gerente de Ecotel TV, Ramiro Cueva Atarihuana, en declaraciones a diario La Hora afirmó que “se acogerá al Derecho a la Resistencia consagrado en la Constitución, en consecuencia en las próximas horas volverá al aire con equipos provisionales para dar a conocer lo que ocurre”, luego de que se cumpliera una orden judicial y dejara de emitir la señal abierta del canal televisivo en Loja.

“No dejaremos que se consume ni un abuso más en contra de los medios de comunicación y del pueblo por parte de este gobierno” puntualizó Ramiro Cueva Atarihuana a La Hora.

En su cuenta de twitter del Ministerio del Interior, el operativo se denominó “Amanecer”, el mismo que se realizó a eso de las 02H00 de este miércoles 16 de diciembre del 2015; con una orden judicial personal de la Policía Nacional, de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y de la Fiscalía de Loja allanaron esta madrugada las instalaciones de la estación televisiva Ecotel e incautaron los equipos, la señal dejo de emitirse desde hoy, en Loja.

El medio de comunicación televisivo tenía una disposición de cierre de frecuencia, por parte del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, por no haber cancelado el valor de $150 de la concesión en 2002.

En enero de este año Ramiro Cueva Atarihuna, gerente de la institución presentó una acción de amparo que fue negada por la Corte de Justicia de Loja. Hoy se hizo efectiva la resolución con los antecedentes antes señaldos.

Ramiro Cueva Atarihuana, gerente propietario, supone que el cierre del canal obedecería a una orden del Gobierno -según él- por haber difundido una información sobre el traslado del mobiliario de una unidad educativa del milenio de Morona Santiago para trasladarla al Bernardo Valdivieso e inaugurarlo el pasado 8 de diciembre, le dijo al periodista de Diario La Hora.

«Es una muerte anunciada. La posición independiente de este canal siempre le ha resultado incómoda al Gobierno Nacional (…). Este sábado el Presidente de la República insultó a Ramiro Cueva y a Ecotel tv. Nos dijo que somos parte de la miseria humana que existe en el Ecuador», comenta Cueva Atarihuna.

El gerente de Ecotel Tv indica que en las próximas horas saldrán al aire y se acogerán al derecho a la resistencia y las 42 familias que económicamente dependen del canal se instalarán en las instalaciones y solamente los sacarán como a los equipos «desenchufados e inertes”.