Quito.- La primera semana de abril, el Pleno debatiría en primera instancia, el proyecto que reforma la conocida Ley 88, que legaliza tierras en los cantones de Guayaquil, Samborondón y El Triunfo. Así lo pronosticó el asambleísta Octavio Villacreces, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que trabaja el informe para que lo debatan los legisladores.
Villacreses contó que, el martes próximo, el presidente del ente parlamentario, Richard Calderón, convocaría a la mesa para discutir un texto borrador del informe. También dijo que, de existir una solicitud de alguna instancia o ciudadano para pronunciarse sobre esta propuesta legal, el presidente sería el encargado de considerarla. Sin embargo, cree que, en esta etapa, ya no habrá más intervenciones.
Recordó que el proyecto de reformas a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de los Predios, que se encuentran dentro de la Circunscripción Territorial de estos tres cantones, elimina la fecha límite: 28 de diciembre del 2010, para que las familias puedan legalizar sus predios, es decir, también podrán obtener sus escrituras las familias asentadas después de ese tiempo.
Manifestó que otro de los cambios tiene que ver con la eliminación del requisito de presentar un certificado que indique si tiene o no otro predio en el cantón Guayaqui. Dentro del último debate en la Comisión, los legisladores pidieron que se especifique este cambio, indicando que se debe eliminar ese requerimiento en los otros cantones, que señala el proyecto.
En cuanto a la fijación del precio que deberán pagar los propietarios, Villacreces contó que en el organismo legislativo se generó una importante discusión. “Descubrimos que el Municipio de Guayaquil puso el precio de menos de un dólar al metro cuadrado, en la parte que le corresponde a esta institución, y mi propuesta, que coincide con la de René Yandún, fue que el Gobierno Nacional fije el mismo precio. Tiene que haber un solo valor”, aseveró.
Sin embargo, aseguró que dentro el asentamiento habrá diferentes precios, porque no todos los terrenos son para vivienda, sino que habrá quienes ingresen por comercio, por lo que deberán pagar otro valor. No obstante, ratificó que la idea es beneficiar con una cantidad simbólica a quienes necesiten una casa. “Este es un tema social, no mercantilista”, agregó.
El asambleísta por Guayas consideró que la norma permitirá beneficiar a cerca de 200 mil ciudadanos, tomando en cuenta que se adjudicarán las tierras a 28 mil familias. Resaltó el respaldo que recibió el proyecto en la Comisión, tanto del oficialismo como de la oposición.