(El Universo).- Los militares en servicio pasivo protagonizaron ayer un plantón frente al Ministerio de Defensa en respaldo al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), al cual se le pide la devolución de $ 38 millones por la venta de 220 hectáreas del Parque Samanes.
Los manifestantes portaban carteles con el rostro del ministro del ramo, Fernando Cordero, en el que lo acusaban de ser “enemigo” de las FF.AA.
Un grupo de personas afines al Gobierno llegaron antes que los pensionistas y se ubicaron en las puertas del edificio. Esto provocó enfrentamientos verbales y empujones; pero poco a poco los militares lograron que estas abandonen el lugar.
La Procuraduría ordenó al Ministerio del Ambiente (MAE) y al Issfa rectificar el contrato de compraventa de 66 lotes de terreno.
Según el coronel Bolívar Silva, vocero de los manifestantes, en el 2008 el Issfa compró los terrenos en $ 16 millones utilizando los recursos de los pensionistas con el propósito de levantar un proyecto de vivienda para el personal militar.
En el 2010, Ambiente declara este sitio como parque nacional e inició el proceso de compraventa, y tras el avalúo realizado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (Dinac), pagó $ 48 millones.
En el 2013, con la vigencia de una nueva normativa, el Municipio de Guayaquil avaluó en $10 millones el terreno; por lo que la Procuraduría pidió que el Issfa devuelva el excedente.
Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de las FF.AA., comentó que el plantón fue una “acción de apoyo” al Instituto frente a la pretensión del Gobierno que se realice la devolución del dinero que correspondería a la cesantía militar.
El exoficial indicó que en una reunión en el Issfa, la semana pasada, se resolvió que se realice una consulta a los consejos de generales de las tres ramas; y esperan que el ministro Cordero, autorice ese encuentro, aunque él ya adelantó días atrás que no lo haría.
Ernesto González, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, agregó que en el consejo directivo del Issfa el ministro de Defensa es el presidente y tiene voto dirimente, pero que por mayoría se resolvió que no era procedente la devolución, por lo tanto, él debió apoyar la resolución.
Mientras que Wilson Analuisa, sargento primero del Ejército, indicó que la devolución de $38 millones afectaría directamente a los préstamos quirografarios e hipotecarios y pondría en riesgo el presupuesto del Issfa del 2016.
En una entrevista radial, Cordero indicó que el Gobierno no pretende afectar el patrimonio del seguro militar sino esclarecer la situación.
Y acusó a algunos dirigentes de los gremios de militares retirados de difundir rumores para crear malestar. (I)