Informático sueco dice que no fue interrogado por la Fiscalía de Ecuador

Quito.- (EFE).- El informático sueco Ola Bini, recién liberado de prisión y pendiente de una causa por supuesto espionaje informático en Ecuador, aseguró este sábado a Efe que durante los 70 días que estuvo arrestado no fue interrogado «ni una sola vez» y que es víctima de una «persecución política».

«Nunca me interrogaron. Desde que me detuvieron en el aeropuerto, nunca me han preguntado nada fuera de la contraseña de mis dispositivos», dijo Bini a Efe en una entrevista, tras su liberación el jueves después de que una corte aceptara un recurso de habeas corpus.

Amigo personal del fundador de Wikileaks, Julian Assange, Bini insistió en que «nunca se le hicieron preguntas», y que la contraseña no estuvo dispuesta a darla sin saber de qué se le acusaba.

Experto en seguridad en internet, Bini fue detenido el 11 de abril en el aeropuerto de Quito cuando se disponía a coger un vuelo con destino a Japón, con la intención de seguir sus prácticas en artes marciales.

Era el mismo día en que Ecuador puso fin al asilo de Assange en su embajada en Londres, una decisión que Bini interpretó como «triste» y «decepcionante».

Sobre su propio caso, el experto informático aseguró que Ecuador no tiene pruebas de nada contra él, porque no ha cometido ningún crimen, y exhortó al Ministerio Fiscal a que revele las evidencias.

«Estuve preso sin que haya ninguna evidencia», aseguró en un encuentro con Efe en uno de los edificios más lujosos del centro financiero de Quito, donde habló de su experiencia en la cárcel del Inca -a unos kilómetros- y de su relación con Assange.

«Fue una experiencia muy, muy difícil, tanto física como mentalmente. La peor parte fue no saber cuanto tiempo iba a estar ahí», aseveró sobre su experiencia en una prisión ecuatoriana.

El jueves, la Corte Provincial de Pichincha puso fin a su arresto preventivo al considerar que se habían violado sus derechos, y dijo que su detención había sido «arbitraria, ilegal e ilegítima».

Una decisión que puso en evidencia la rapidez con la que se le había arrestado después de cancelar el asilo a Assange.

La ministra del Interior del país, María Paula Romo, dijo en su momento que se temía una ola de ataques informáticos de parte de seguidores del activista de Wikileaks, y que Bini le había visitado «en catorce ocasiones» y disponía de los medios para hacerlo.

Una interpretación que deberá probar la fiscalía en el plazo de 90 días, que se cumplen el próximo 10 de julio, o dejarlo definitivamente en libertad.

«Teniendo en cuenta que no me habían respetado mis derechos legales, no estaba seguro de que me fueran a dejar salir después de los 90 días», señaló Bini sobre uno de sus principales temores en prisión, donde solía leer y escribir poemas para mitigar sus dificultades y temores.

También negó cualquier relación laboral con WikiLeaks o con Assange, a quien llegó en 2013 por intermedio de un amigo en común.

«Pocos recuerdan que Assange, como yo, era programador», dice de su relación, aunque se negó a dar detalles de sus últimas conversaciones con él apelando al derecho a la «privacidad».

La ultima vez que lo visitó fue en enero o febrero de 2019, tres meses antes de que Ecuador pusiera fin al asilo y con ello Assange quedara expuesto a la detención por Reino Unido y a la posterior demanda de extradición por EEUU, donde es requerido por violación de secretos, y Suecia, que lo requiere por delitos sexuales.

Interpol rechaza pedido de difusión roja contra expresidente Correa de Ecuador

(AFP).- La Interpol rechazó el pedido de difusión de la ficha roja para la captura del expresidente de Ecuador Rafael Correa, radicado en Bélgica, por el secuestro de un opositor en 2012, informó este miércoles la Corte Nacional de Justicia.

La justicia ecuatoriana había solicitado a la Interpol la emisión de la difusión roja con fines de extradición contra Correa en julio pasado, luego de que éste incumplió una orden judicial de presentarse periódicamente ante un tribunal, en el marco del proceso por secuestro en el que finalmente fue citado a juicio.

«La información disponible a la Comisión reveló que la retención de los datos en el Sistema de Información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de Asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales», señala un extracto de la resolución del organismo, citado por la corte en un comunicado de prensa.

Correa, que aseguró no tener todavía la «comunicación oficial» de Interpol, celebró no obstante la «contundente» decisión difundida por la justicia ecuatoriana, porque «dice que atenta a los derechos humanos».

«Agradecemos la decisión de Interpol, pero no nos coge por sorpresa. Esperábamos esa decisión», dijo a la AFP el exmandatario, quien considera que las autoridades ecuatorianas «insisten en la persecución» en su contra.

La Corte Nacional de Justicia indicó que la resolución de la Interpol «está sujeta a revisión» y que la «notificación roja y la extradición son trámites independientes».

– «Juicios de cartón» –

Correa, que gobernó entre 2007 y 2017, fue llamado a juicio el 7 de noviembre junto a dos exagentes que están detenidos y a un exjefe de la Secretaría de Inteligencia que vive en España por su presunta participación en el secuestro del político opositor Fernando Balda, en 2012 en Colombia.

Balda acusa al exgobernante de ordenar su secuestro en Bogotá, donde cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil. La policía colombiana interceptó el vehículo y logró rescatarlo.

El exmandatario, considerado un prófugo de la justicia, solo será enjuiciado si es llevado ante un tribunal, pues la ley impide su juzgamiento en ausencia por ese presunto delito, castigado con hasta siete años de cárcel.

«Es claro que esos juicios de cartón que se están haciendo en Ecuador, que no podrían ser posibles en un Estado de derecho, no van a pasar ni el primer nivel», señaló Correa.

Correa, que solicitó el asilo en Bélgica, reiteró su intención de llevar «ante el Sistema Interamericano y ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU» el llamado caso Balda, que «no resiste ningún análisis».

Debido a que Correa y el exjefe de Inteligencia Pablo Romero están prófugos, la jueza que lleva el caso ordenó la suspensión de la etapa de juicio para ambos hasta que sean capturados o se entreguen.

El expresidente niega su participación en el secuestro y considera que es una persecución del gobierno de Lenín Moreno, su sucesor y exaliado con el que mantiene una pugna de poder.

Presidente Lenin Moreno concede el Indulto a Sara Velástegui (Decreto)

Quito.- (Lindon Sanmartín Rodríguez. @srradioEc).- El Presidente Lenin Moreno mediante Decreto 590, concede el Indulto Presidencial a favor de la señora Sara Mercedes Velástegui Mariño, el cual consiste en el perdón de la pena y la multa impuestas. Esta atribución esta conferida en el Nro. 18 del Art. 147 de la Constitución de la República.

De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo se encarga al Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos y entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

En los considerandos se hace referencia que “en el contexto del proceso de diálogo propuesto por el Gobierno Nacional, se ha tomado en cuenta que los ciudadanos ecuatorianos somos herederos de las luchas sociales de liberación, con un profundo compromiso con el presente y el futuro, para afianzar la construcción de un país democrático que respeta la dignidad de las personas y colectividades”.

De igual manera “Que la señora Sara Mercedes Velástegui Mariño fue sentenciada a cumplir la pena de cuarenta días de privación de libertad, y al pago de una multa que asciende a un salario básico unificado del trabajador en general, impuesta mediante fallo de la Unidad Judicial de Contravenciones con sede en el cantón Ambato, ratificada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, en el juicio nro. 18151-2018-00720, por la comisión de la contravención tipificada en el numeral 1 del artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, y que se encuentra ejecutoriada”.

Mediante resolución, el Pleno exige la renuncia de María Alejandra Vicuña, Vicepresidencia de la República (votación)

Quito.- Con 77 voluntades, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución por la cual se exige a María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República, presente su renuncia al cargo, debido a la acusación formulada en su contra por el presunto cobro indebido de dinero a uno de sus asesores, cuando ejercía las funciones de asambleísta.

El texto de la resolución será publicado en varios medios de comunicación, para conocimiento público.

En la votación se registraron, a más de los 77 votos afirmativos, 24 abstenciones y un voto en blanco.

María Alejandra Vicuña «Hay una campaña sistemática para afectar al Gobierno y su accionar» (vídeo)

Quito.- La Vicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña en rueda de prensa se defendió de las acusaciones hechas por un ex colaborador sobre el cobro de diezmos «La verdad tras la calumnia que pretende, a través de una campaña sistemática, afectar al Gobierno y a mí en articular. Recuerden que detrás de cada calumnia y difamación siempre hay un beneficiario y en este caso habría que ver quién o quiénes son los beneficiarios.

La noche de ayer en un reportaje, por cierto, muy bien planificado, de larga duración, evidentemente tendencioso y mal intencionado, que incluso fue transmitido dos veces en el mismo noticiero estelar de Teleamazonas, se difunde una nueva infamia en mi contra, el mismo que no tuvo por parte de la reportera ni siquiera el más elemental contraste con la persona directamente aludida. Es por decirlo menos, cuestionable.

Entiendo el rol del periodismo investigativo, pero lo que no es aceptable es que una investigación seria incumpla el deber constitucional y sobre todo ético de contrastar la información.

Causa asombro que una persona que ha sido militante y dirigente de Alianza Bolivariana Alfarista y de Alianza PAIS en su provincia, a quien le tenía estima e incluso hasta hace poco apoyaba públicamente mi gestión como Vicepresidenta, a mí y al propio Gobierno. Y que luego de más de cinco años de haber trabajado como parte de mi equipo, por la oportunidad que se le dio en su condición de militante y de activista político en territorio, justo ahora en estas coyunturas realice esta declaración juramentada a partir de mentiras. No sé en qué momento perdió la brújula, aunque se sospechan las motivaciones reales que tuvo para cometer tremendo error, error que deberá responder ante la justicia por mentir bajo juramento.

Es totalmente inadmisible que esta persona, que hasta hace poco exigía cargos públicos, contratos, préstamos de dinero, ahora resulte ser adalid de la transparencia.

¡Aquí tengo las pruebas! Sepan ecuatorianos que esto no es coincidencia, el señor Sagbay desde septiembre de 2018 y de forma reiterada amenazó con forjar esta denuncia si es que no cedíamos a sus exigencias de cargos, contratos, negocios con el Estado y demás. Y como no cedimos a esa extorsión, porque estamos comprometidos con la transparencia, hoy se hacen públicas estas calumnias. Estos son los chats materializados que se notarizaron desde el lunes anterior, antes de que salga el malhadado reportaje en Teleamazonas anoche.

¿Por qué desde el lunes anterior? Porque el mismo día que se desarrolló el juicio político en contra de la exasambleísta Sofía Espín, el martes 13 de noviembre, ésta se acercó a la curul de una de las coordinadoras de bancadas del bloque de Alianza PAIS en el Pleno de la Asamblea Nacional a mostrarle que tenía en su poder una declaración juramentada de un excolaborador que involucraba a la Vicepresidenta de la República, indicando que, si yo no operaba con el bloque legislativo para evitar su destitución, lo haría público. Cuando conocí esta información, la rechacé de forma contundente y además expresé que haga lo que tenga que hacer porque no tengo nada que ocultar y porque jamás participaré en ninguna acción que no esté apegada a la ética.

¿A quién beneficia esta situación? ¿Quién quiere el caos político y una crisis en el país? ¿Quién financia a Sagbay? ¡Aquí tengo las pruebas! Él mismo lo dice en los documentos que se adjuntarán a la denuncia en la Fiscalía y cita textualmente: “Andrés Páez y los correístas”. Ahí está el origen de esta extorsión, mucho antes del show mediático de anoche. Por eso, ¡presentaré la denuncia respectiva ante la Fiscalía!.

Jamás a nadie se le ha condicionado su ingreso y muchos menos su estabilidad laboral, a pagar un centavo, todos los aportes para ABA y PAIS, los hemos hecho (y me incluyo) en cumplimiento de nuestros deberes como militantes, como consta en los estatutos de todas las organizaciones políticas de hecho y de derecho en el marco de lo que establece el propio Código de la Democracia en el artículo 359 y en el caso de la Alianza Bolivariana Alfarista desde su conformación en el año 2005.

Los aportes siempre han sido transparentes, se ha dejado constancia de los mismos, no se ha aportado por debajo de la mesa, ¡a nosotros no nos financia la banca, los grupos económicos, Odebrecht! Nosotros como militantes financiamos la acción política de nuestra organización como tiene que ser.

Es evidente la campaña sistemática de desprestigio en contra del Gobierno de Todos, Presidente, Vicepresidenta. Le agradezco al Presidente por el cariño, respaldo y confianza que hoy me ha manifestado y como demócratas que somos, será en las instancias respectivas en las que se determine la responsabilidad, aquí siempre estaremos del lado de la ética, la transparencia y la verdad.

El lunes, se recibirán argumentos de solicitantes de juicio político al Consejo de la Judicatura

Quito.- La Comisión de Fiscalización y Control Político recibirá el lunes 21 de mayo, a las 14h00, a los asambleístas solicitantes del juicio político en contra de los miembros principales y suplentes del Consejo de la Judicatura, quienes presentarán las pruebas de cargo que sustenten sus afirmaciones.

El organismo también escuchará a Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia de la República; a los doctores Hernán Ulloa, Pablo Cordero Díaz y Sonia Quezada, así como a Jorge Rodríguez, representante de la Comisión Nacional Anticorrupción y a un representante de Human Right Watch, organismo de derechos humanos, sobre lo que conocen respecto de los hechos materia de este proceso político.

La interpelación a Gustavo Jalkh, presidente y a los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura fue propuesto por los legisladores Esteban Bernal y Raúl Tello, quienes adjuntaron a la solicitud más de 40 pruebas, incluyendo el informe de la Contraloría General del Estado, de 6 de abril 2018, por el cual establece que el Consejo de la Judicatura habría determinado nombramientos a agentes fiscales con puntaje menor, sobre los que obtuvieron mejores resultados.

También, el acto urgente presentado por la Fiscalía General del Estado en contra del Presidente del Consejo de la Judicatura por presunto tráfico de influencias, así como el informe y expediente presentado por la Comisión Anticorrupción ante el Consejo de Participación Ciudadana, respecto a la mala procedencia de los nombramientos de fiscales provinciales.

En su momento, la Comisión de Fiscalización resolverá el procedimiento para establecer la responsabilidad particular de cada uno de los nueve miembros del Consejo de la Judicatura, sobre la base de las certificaciones que se solicitaron a la Secretaría General de la instancia de gobierno de la Función Judicial, a fin de conocer cuáles fueron las sesiones y las decisiones en que participaron los vocales suplentes del Consejo.