Quito.- La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), ha resuelto suspender desde hoy, el registro del valor de multas de tránsito detectadas por 39 radares, en referencia al concurso y contratos relacionados al manejo de los radares a escala nacional, celebrados en el gobierno anterior con los consorcios SEVIECU y EXUATRANSIT.
Esta decisión se toma en virtud de la disposición presidencial efectuada a través del Secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira.
Ante esto, de manera contundente, el Secretario General de integridad Pública, José Julio Neira, dispuso tres acciones inmediatas:
1. Solicitar al contralor general del Estado; un examen especial para determinar responsabilidades de los funcionarios del gobierno anterior involucrados en este proceso.
2. Al procurador general del Estado; activar el control de legalidad del contrato para adoptar las acciones judiciales necesarias en defensa de los intereses nacionales.
3. A la Comisión de tránsito del Ecuador para que tome acciones legales y contractuales para evitar que se siga perjudicando a los ecuatorianos.
No meterán la mano al bolsillo
No le volverán a meter la mano al bolsillo de la gente: aparte el gobierno nacional toma acciones inmediatas ante irregularidades en concurso y manejo de radares.
Erradicar las mafias
El gobierno del presidente de la República, Daniel Novoa Azín, estamos comprometidos en erradicar todo tipo de mafias enquistadas en las instituciones públicas; más aún cuando estas perjudican directamente al bolsillo de la ciudadanía.
Tras una alerta generada por parte de la Asambleista Adrián Castro se han tomado acciones inmediatas ante varias irregularidades identificadas en el concurso y manejo de los radares a escala nacional beneficiando a los consorcios SEVIECU y EXUATRANSIT, que emitía multas textos exorbitantes estafando a la ciudadanía
Responsabilidad del Gobierno anterior
Este contrato de delegación de radares en las vías estatales del país fue gestionado en el gobierno anterior y se elaboró en un tiempo récord para la contratación pública (42 días), Y no observando las normas legales vigentes. Además, la normativa señala que un contrato de delegación debe contar con el visto bueno de la Secretaría de alianzas público privadas, y este organismo nunca fue informado sobre el proceso, ni se socializó el mismo con los municipios.
Este gobierno no va a permitir que continúen contrataciones irregulares para beneficiar el bolsillo de unos pocos y perjudicar el de los ecuatorianos. El nuevo Ecuador resuelve con firmeza una a una las alertas de corrupción para que en el país se radique la impunidad y vuelva a la transparencia
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