Quito.- La Asambleísta Tahili Fernández integrante de la Comisión de Régimen Económico dijo entre los sujetos obligados a implementar las medidas preventivas para la prevención del lavado de activos, se incluya a otros actores, como los partidos y movimientos políticos.

Fernández mencionó que hace falta el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Citó como ejemplo que no se ha realizado una evaluación de riesgos para las personas y personas jurídicas.

La Comisión de Régimen Económico recibió a los representantes de la Fundación Nueva Democracia Jaime Mendoza y Tahili Fernández, quienes recordaron que esta organización, con el apoyo de la cooperación internacional, mantuvo encuentros para analizar los temas: conflicto de interés, lavado de activos y extinción de dominio, por lo que como resultados existen varios aportes normativos.

Informó que en los diálogos participaron varias instituciones, como la Contraloría General del Estado, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Ministerio de Gobierno, Superintendencias, Fiscalía y Asamblea Nacional.

Entre las observaciones al proyecto de ley, Tahili Fernández resaltó la creación del Comité Nacional de Coordinación Contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, denominado (CONCLAFT), pero que es necesario analizar su conformación.

La asambleísta María Mercedes Erbs expresó su preocupación que cada año, apenas uno o dos casos de procesos sobre lavado de activos concluyan en sentencia. Igualmente, Christian Vega recordó que, de 113 casos, de un sector, apenas 2 terminaron en sentencia, porque es necesario hacer una hoja de ruta respecto a: cómo nació el reporte, el tratamiento de la UAFE, a cuáles entes acudieron y la sentencia.