UNA IMPRESORA Y 13 CONOS

Por Rubén Darío Buitrón

Un sorpresivo comunicado de prensa emitido esta semana por la gobernación de Zamora Chinchipe ratificó lo que, hace tiempo, venimos observando acerca de las debilidades y los vacíos que tiene la comunicación oficial del régimen del presidente Guillermo Lasso.

En el tuit que reprodujo el comunicado se lee, textual: “El gobernador @AbsalonEC, junto a @Jvicente1987, intendente General de Policía y @MarianSeminario, comisaria de Policía, entregaron 13 conos y una impresora al Comando de Policía de #ZamoraChinchipe, con el fin de fortalecer las actividades operativas y administrativas”.

Bajo el texto -cuya sintaxis sería motivo de otro análisis- se mostraron dos fotografías: a la izquierda, sobre una mesa, la caja de cartón que, presuntamente, contiene la impresora. En primer plano, tres conos de color naranja fosforescente con una franja blanca en la parte superior de ellos. En la fotografía de la derecha, casi lo mismo, solo que la cámara se acerca un poco más y deja ver dos de los tres conos y, de nuevo, la caja de la impresora.

Este pequeño incidente, que pudo quedar en la anécdota, refleja lo que ocurre a nivel del manejo de la información oficial desde Carondelet.

En política comunicacional ocurre, siempre, el efecto cascada. Lo que se hace o no se hace desde arriba cae hacia abajo y se reparte a todos los ámbitos de quienes manejan el Estado, incluso en los niveles más sencillos como es el manejo informativo institucional de una gobernación, una comisaría cantonal o una junta parroquial.

Lo más preocupante, sin embargo, es el hecho de que no se cumple una regla elemental de la comunicación oficial: si no tienes nada importante o relevante que debas comunicar, no hagas el ridículo contando hechos que no tienen ninguna trascendencia para la sociedad.

¿En realidad es trascendente que lleguen a la Policía de Zamora Chinchipe 13 conos y una impresora en un contexto nacional en el que el país está desbordado con los altísimos niveles de violencia del narcotráfico, el crimen organizado y el delincuencial?

Seguro que no. Tanto así que dicha comunicación despertó la amargura, la ira y la burla de muchos tuiteros que, en definitiva, reaccionaron con dos argumentos irónicos: “Con los trece conos y la impresora ya me siento más seguro” y “Vivimos un mal chiste de país”.

La lección que deja este episodio va mucho más allá de lo que parece. El país tiene un gobierno cuyos encargados de la comunicación oficial no conocen de su oficio, pues lo que compete a las máximas autoridades de la información estatal es armar una estrategia global que permee sus tácticas y sus líneas políticas hasta los más recónditos lugares que tengan relación con el régimen.

Se trata de construir un solo gran discurso base, un discurso institucional que se transforme en información coyuntural cada vez que sea necesario, pero cada vez que sea necesario decir lo esencial, decir lo que es trascendente para la sociedad, decir lo que importa a la gente, decir lo que es pertinente en relación con las necesidades informativas de los ciudadanos y no con lo que el poder político quiere decir para aplaudirse a sí mismo. Y caer en el ridículo.

Es evidente que ese gran discurso base no existe desde hace un año, cuando asumió el poder el presidente Lasso.

Es evidente, además, que si el Gobierno tiene estrategas, estos no funcionan. Que si cuenta con un grupo de asesores, tampoco dan resultado. Que está equivocado si cree que cualquier alto funcionario puede manejar la información, pues esta es una delicada tarea para comunicadores especializados. Que si unos y otros dicen entender a cabalidad la importancia estratégica de la información estatal, no lo demuestran en la cotidianidad de su trabajo.

Y es evidente también que si el régimen pretende ocultar, callar u omitir sus deficiencias en la administración, sus errores en el manejo del Estado y su falta de gestión en distintos sectores, no da resultado dejar al libre albedrío de un funcionario o de un empleado cualquiera la ejecución de piezas de comunicación gubernamental, desde los niveles más altos hasta los más bajos.

Lo grave, sin embargo, es que si el Gobierno cree que es pertinente la absurda información que se emite en el contexto de un país como el Ecuador, azotado por una incontrolable y creciente ola de violencia en todos los aspectos de la vida cotidiana y del conjunto del Estado, ese tipo de información no cabe en un entorno donde cada elemento noticioso debe contribuir a un amplio debate nacional sobre los terribles problemas que estamos atravesando.

En ese marco, ¿cómo es posible que se considere trascendente y pública un surrealista comunicado sobre 13 conos y una nueva impresora? ¿Con esta información quieren decirnos que con esa utilería cambiará la percepción generalizada de que el país está en manos del narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común? ¿Intentan posicionar la idea de que la provincia de Zamora Chinchipe podrá sentirse más segura a partir de eso?

La comunicóloga argentina María Cristina Menéndez dice que lo político, mal expresado, “profundiza de forma progresiva la distancia entre representantes y representados. Y, por esto, pueden diluirse las características de participación y control crítico, propias de una opinión pública bien formada como instrumento de rendición de cuentas de lo que hacen los gobiernos”.

El mayor peligro de una mala comunicación gubernamental, sea desde los niveles que fueren es, según Menéndez, “la tendencia a la simplificación, la pérdida de capacidad argumentativa y comunicativa, la transformación de la función crítica, la creencia de que existe un poder dominador de la opinión pública, la concepción de los ciudadanos como simples receptores pasivos de la información, el eventual poder de censura en la construcción de temas públicos y la conversión de la acción política en un espectáculo de mayores o menores dimensiones que distraen a la gente de lo importante y lo esencial”.

Lo que parece que no se dan cuenta los funcionarios y asesores gubernamentales es que mientras más deficientes son la información pública y la información oficial, más se profundiza la crisis de credibilidad y la crisis de legitimidad de un gobierno y, en lo más amplio, de la clase política.

Menéndez dice que así es cómo se pierde el atractivo y la fiabilidad del poder frente a los ciudadanos.

Y así es cómo se perenniza una burocracia estatal que cree estarlo haciendo bien pero que, en definitiva, permanece encerrada en la burbuja de sus conceptos más erróneos sin darse cuenta de que está privada de la confianza pública.