Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- Empleados que trabajaron en ese lugar diseñaban y hacían estudios para edificios del Consejo.
Luego de declarar la emergencia en la Función Judicial, el director general del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Mauricio Jaramillo Velasteguí, adjudicó directamente 43 contratos para los estudios y diseños de 67 nuevos edificios de juzgados. Lo hizo entre el 26 de octubre y el 14 de diciembre del año pasado.
Sin embargo, al menos 17 de esas obras fueron diseñadas en una sola oficina, la 510 del edificio Bossano (en el norte de Quito), que fue allanada por la Fiscalía en enero, pues Inteligencia de la Policía había determinado que ahí funcionaba una supuesta red de chantaje a contratistas del CJT. Esta cifra fue determinada con base en testimonios judiciales y versiones recogidas por EL UNIVERSO.
Los 17 proyectos corresponden a los edificios judiciales en Portoviejo, Quevedo, El Ángel, Tulcán, Cayambe, Quito, Latacunga, Baños, Riobamba, Alausí, La Troncal, Catamayo, Cariamanga, Macará, Loja, Yantzaza y Zamora.
¿Por qué los diseños y estudios contratados por el CJT fueron a dar a esa oficina? Uno de los arquitectos que dirigió los trabajos en ese lugar y que pidió la reserva contó que los consultores contratados por la Judicatura tuvieron problemas en los diseños arquitectónicos, pues debían basarse en los conceptos del modelo de gestión de la Judicatura y de un estudio de la Universidad de Talca (Chile), que proponen construir oficinas donde el juez esté separado de los usuarios.
“Lo único que había era una teoría y había que aterrizarla”, indicó la fuente.
Para superar esta exigencia, agregó el entrevistado, los consultores decidieron contratar a varios asesores, quienes se pusieron de acuerdo entre sí, contrataron a jóvenes egresados de Arquitectura, formaron un solo equipo de trabajo y se instalaron en Quito. Para esto, los asesores pidieron hospedaje, alimentación y una oficina de 80 metros cuadrados.
El equipo se hospedó en el hotel Seis de Diciembre, en el centro norte de la capital.
Según una diseñadora, que dio su testimonio a la Fiscalía, los tiquetes de los desayunos en ese hotel llevaban el nombre de la empresa Diacelec, que está vinculada con la constructora Afines y Aceros Conacero S.A.
El CJT contrató a Conacero para remodelar dos edificios en Quito, uno de ellos es el complejo de juzgados ubicado en La Pulida, abajo del cual se encontró un sistema de túneles que están bajo investigación de la Fiscalía.
La oficina donde se instaló el equipo de trabajo pertenece al otro constructor Carlos Reyes Toscano, contratado por la Judicatura para levantar el edificio judicial en Quevedo. Fue así como –según la fuente consultada– los proyectos confluyeron en un solo lugar.
Este Diario contactó a cuatro consultores contratados por el CJT, cuyos proyectos aparecieron en la oficina del edificio Bossano, pero negaron haber subcontratado a otros profesionales.
Un dibujante que trabajaba en esa oficina indicó que diseñó el edificio judicial de Alausí. El contratista de este proyecto, Leonardo Bermeo Suco, señaló que él entregó su trabajo en diciembre del año pasado y que no contrató ninguna asesoría.
En esa línea fueron las respuestas de los contratistas Edwin Toro Fernández, encargado de los estudios en Zamora; Fabián León Aguirre, en Tulcán, y Roberto Betancourt Saltos, quien firmó el contrato en calidad de representante legal de Solurbana, para una consultoría en Quito.
El contratista Julio Chávez Alvear, encargado de los estudios de los edificios judiciales en Cayambe, Tumbaco y Machachi, señaló que contrató los servicios del arquitecto César Novillo Riofrío, a quien los dibujantes consultados identificaron como uno de los jefes en la oficina del edificio Bossano.
Tras el allanamiento a ese inmueble, el fiscal Bormman Peñaherrera vinculó a Novillo en el presunto delito de lavado de activos, pues los agentes policiales encontraron en ese lugar un maletín con $ 215.000 en efectivo, de propiedad de Novillo, cuya procedencia legal no fue justificada.
Las investigaciones judiciales determinaron que ese dinero provino de un anticipo de $ 1,3 millones entregado por el CJT al contratista Tony Cisneros Merino, encargado de construir la unidad judicial de Cariamanga (Loja). Pese a que el contrato obligaba a usar el dinero exclusivamente en la construcción, la investigación determinó que Cisneros prestó ese monto a César Novillo Riofrío, quien dirigía los trabajos en la oficina del edificio Bossano.
El operativo se realizó el 26 de enero pasado y el 31 de agosto los involucrados fueron exculpados por la jueza temporal primera de lo Penal, Yolanda Cueva Bautista, quien dictó la última resolución del caso. Según ella, se demostró que la plata no tenía un origen ilegal.
Una letra de cambio por $ 215.000, firmada por Cisneros y Novillo, certifica que se trató de un préstamo. Con esa evidencia, la jueza exculpó al sospechoso.
Apuntes
Denuncia oficial
Luego del allanamiento a la oficina del edificio Bossano, el entonces secretario de Transparencia, Edwin Jarrín, dio dos ruedas de prensa para anunciar la desarticulación de “una red que chantajeaba a contratistas para exigirles coimas para que les salgan los contratos”.
Sin resultados aún
La Contraloría inició, en enero pasado, una auditoría.
Contratistas
Esmeraldas, Édgar Silva Valverde.
Quinindé, Álvaro Bravo Rodríguez.
Chone, Jipijapa, El Carmen y Bahía de Caráquez (Manabí), Ramiro Vásquez Toledo (2 contratos).
Portoviejo, Silvia Viñán Ludeña.
Santa Elena, Freddy Astudillo Rodríguez.
Babahoyo, Rodrigo Aguirre Aguirre.
Quevedo, Vinces, Urdaneta y Ventanas (Los Ríos), Paola Ortiz Benavides (2 contratos).
Guayaquil (Centro), Rolando Constantine Peñafiel (2 contratos).
Guayaquil (Norte), Daniel Moscoso Ayala.
Guayaquil (Centro), William Albán Campbell.
Guayaquil (Centro), Leonor Villacreses Santana.
Guayaquil (Sur), Pedro Orrala Yagual.
Samborondón (Guayas), José Pacheco Olmedo.
Machala, Micalsa y Asociados S.A.
Zaruma (El Oro), Johny Morales Paredes.
Huaquillas, Santa Rosa y Atahualpa (El Oro), Johny Morales Paredes.
Tulcán, Henry León Aguirre.
Ibarra, Celso Torres Riera.
Pimampiro y Otavalo (Imbabura), Luis Aguirre Córdova (2 contratos).
Quito (La Mariscal), Solurbana Soluciones Urbanas S.A.
Quito (Santa Prisca), Global Engineering & Design Cía Ltda.
Cayambe, Tabacundo y Machachi (Pichincha), Julio Chávez Alvear.
Salcedo, Pujilí y Saquisilí (Cotopaxi), Juan Carlos López Zhingre.
Latacunga, Carlos Gallardo Ramírez.
Pelileo y Baños (Tungurahua), Jorge León Granda.
Riobamba, Oswaldo Salavarría Palma.
Alausí y Chunchi (Chimborazo), Édgar Bermeo Zuco.
Guaranda, Hólger Matamoros Espinoza.
Chillanes y San Miguel (Bolívar), Jimmy Armijos Prieto.
Azogues, Carlos Ortiz Muñoz.
Cañar y La Troncal, Diego Quezada López.
Cuenca, Mario Bueno Pacheco.
Gualaceo, Paute, Oña y Nabón (Azuay), Óscar Moscoso Orellana.
Loja, Miguel Ángel Rojas Jaramillo.
Catamayo, Paltas, Alamor, Cariamanga, Macará y Saraguro (Loja). José Romero Ulloa.
Nueva Loja, Jorge Rodríguez León.
Macas, Luis Mora Castro.
Zamora, Erwin Toro Fernández
Yantzaza (Zamora Chinchipe), Carlos Espejo Jaramillo.
