Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Asamblea Nacional aprobó una resolución que dispone el inicio de un proceso de fiscalización sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados reportados por autoridades seccionales de elección popular, entre ellas alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador.
La medida fue aprobada por el Pleno y estará a cargo de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, que deberá analizar la información disponible y determinar si existen elementos que justifiquen nuevas acciones de control político.
Comisión tendrá 90 días para presentar informe
La resolución legislativa faculta a la comisión para solicitar información, informes técnicos, documentación y convocar a comparecencias de autoridades, servidores públicos, representantes de organismos de control, expertos y demás personas que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos investigados.
El organismo contará con un plazo máximo de 90 días para elaborar y presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional un informe que contenga conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas del proceso de fiscalización.
Legisladores exigen transparencia y rendición de cuentas
Durante la sustentación de la propuesta, el asambleísta Fernando Jaramillo señaló que la fiscalización constituye una obligación constitucional destinada a garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos.
El legislador sostuvo que la ciudadanía exige explicaciones claras sobre los incrementos patrimoniales reportados por algunas autoridades de elección popular desde el inicio de sus funciones.
Asimismo, recordó que información difundida por la Contraloría General del Estado y diversas investigaciones periodísticas han evidenciado variaciones patrimoniales que ameritan un análisis riguroso y responsable por parte del Legislativo.
Según indicó, el ejercicio del control político permitirá fortalecer la confianza ciudadana y promover una adecuada rendición de cuentas por parte de quienes administran recursos públicos.
Organismos de control participarán en el proceso
Durante el debate legislativo, varios asambleístas coincidieron en la necesidad de garantizar que la investigación se desarrolle con objetividad, respeto al debido proceso y apego a la normativa vigente.
Además, solicitaron la colaboración de instituciones de control y supervisión financiera para verificar la legalidad y justificación de las variaciones patrimoniales observadas.
Entre las entidades que podrían participar en el proceso constan la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la Fiscalía General del Estado y el Servicio de Rentas Internas, cada una dentro de sus competencias legales y técnicas.
Asamblea ratifica lucha contra la corrupción
Con esta resolución, la Asamblea Nacional ratifica su compromiso con la transparencia, el fortalecimiento de los mecanismos de control democrático y la lucha contra posibles actos de corrupción en los distintos niveles de gobierno.
El proceso busca determinar si los incrementos patrimoniales observados en determinadas autoridades cuentan con sustento legal y financiero, garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos y garantías constitucionales de las personas investigadas.
