CAL califica juicio político contra Inés Manzano

Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite la solicitud de juicio político contra la exministra de Estado Inés Manzano, presentada por los asambleístas Blasco Luna y Lenin Barreto, integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana.

La decisión del CAL representa un avance dentro del proceso de fiscalización promovido por los legisladores para determinar posibles responsabilidades políticas relacionadas con el denominado caso Progen, que, según los proponentes, habría ocasionado un significativo perjuicio económico al Estado ecuatoriano.

Blasco Luna destacó que la calificación de la solicitud confirma el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos para este tipo de procedimientos, así como la existencia de documentación y argumentos que sustentan el pedido de enjuiciamiento político.

“El país merece conocer la verdad sobre las decisiones que habrían generado pérdidas millonarias para el Estado. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la institucionalidad democrática”, señaló el legislador.

Con la resolución adoptada por el CAL, el expediente pasará a conocimiento de la Comisión de Fiscalización y Control Político, organismo que deberá analizar y tramitar la solicitud conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la normativa vigente.

El asambleísta informó además que realizará un seguimiento permanente al proceso legislativo y exhortó a la Comisión de Fiscalización a actuar con independencia, objetividad y responsabilidad durante el análisis del caso.

Según indicó, la investigación deberá desarrollarse con estricto apego a la ley y garantizando la transparencia que demanda la ciudadanía frente a los hechos denunciados.

Finalmente, Blasco Luna reafirmó su compromiso con las tareas de control político y fiscalización de la función pública, asegurando que continuará impulsando acciones encaminadas a fortalecer la lucha contra la corrupción y promover la rendición de cuentas de los funcionarios ante el país.

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